La crisis de la Covid-19 está afectando a los sistemas sanitarios y a la actividad económica de medio mundo, pero con algunos colectivos el impacto de la pandemia es doble.
Los niños y niñas bajo tutela en centros de protección representan uno de los principales grupos vulnerables que se están viendo perjudicados por la emergencia del virus, y no disponen ni de test ni de material sanitario para que ellos y los educadores que les cuidan puedan protegerse.
En España, según el Observatorio de la Infancia, la cifra de menores en protección en acogimiento residencial, es de 21.238 atendidos en 1.104 centros. Estos niños están a cargo de la Administración y de las entidades colaboradoras que gestionan más del 80% de estos hogares. Una de estas entidades de referencia es la Asociación Nuevo Futuro que alerta de que se han producido un 15% de bajas de los educadores que atienden a estos menores desde el inicio de la pandemia.
Como ha sucedido con el personal sanitario o los trabajadores en residencias de mayores, estos profesionales tampoco han tenido acceso a mascarillas, guantes o equipos de protección individual. Se han visto totalmente desprotegidos. Sin test de detección del virus y con algunos casos de contagios o síntomas entre los internos. Hasta el 28 de marzo el Ministerio de Sanidad no les envío recomendaciones a seguir para la protección de los menores, siendo de los últimos colectivos en ser informados.
“Nuestros profesionales no han podido confinarse en sus casas como el resto de la población. Y sus bajas suponen para los menores nuevas pérdidas en sus vidas, generándoles estados emocionales de ansiedad y estrés, que han dificultado el trabajo educativo y de apoyo emocional en los Hogares”, explica Miriam Poole Quintana, directora general de Asociación Nuevo Futuro a EL ESPAÑOL.
La entidad atiende en la actualidad 942 menores, siendo la que más niños y niñas tiene bajo su supervisión en España. En cada uno de estos hogares viven nueve menores con edades, problemáticas y necesidades distintas.
Su directora insiste en que es clave “mantener las medidas preventivas para evitar la aparición o propagación del Covid-19”, pero que en estos “pequeños entornos residenciales” tanto el aislamiento como la minimización del contagio “son muy difíciles” de garantizarse.
A esta situación, se le añade los numerosos problemas de financiación que están surgiendo a raíz de la pandemia. Estos hogares son financiados por las distintas administraciones autonómicas. En Comunidades como Madrid y Andalucía, la Administración cubre el 70% de los costes básicos de los menores.
“Nos encontramos ante una situación precaria para poder seguir garantizando la atención en nuestros Hogares y cubrir las necesidades básicas de los menores. A la gran incertidumbre generada por los retrasos en la contratación prevista y en los pagos por parte de estos organismos, se le une que no podemos celebrar eventos para captar socios o con los que obteníamos financiación e ingresos y que cubría el 30% del coste que las administraciones no asumían”, abunda Poole.
Problemas de conducta
Si el cierre de las escuelas y de actividades extraescolares afecta a la socialización de todos los niños, en estos coletivos vulnerables esta pérdida de los principales ámbitos de interacción social se agrava por su situación.
Se trata de menores que fueron separados de sus familias ante situaciones de riesgo y que, de golpe y porrazo, se encuentran sin una red de relaciones que acentúa su situación de vulnerabilidad.
Según los datos de Asociación Nuevo Futuro, más del 26% de los menores que atienden reciben tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos, y el actual confinamiento y falta de profesionales no contribuye a mejorar la situación de un colectivo con unas características y perfiles psicológicos más peculiares que los del resto de menores que viven en familias estructuradas.
“La suspensión de las visitas de estos menores con sus familias les generan estados de incertidumbre, ansiedad y miedo, y como consecuencia, se acentúa la desmotivación y se van incrementando los problemas conductuales que dificultan el día a día en los Hogares de protección”.
La interrupción del curso escolar o la adaptación del programa debido al estado de alarma también provoca que estos niños y niñas presenten graves dificultades para hacer frente a su curso escolar en igualdad de oportunidades. Casi el 30% de los menores que atienden presentan algún tipo de trastorno que dificulta su aprendizaje (por ejemplo, TDAH).
El 70% de los menores de Nuevo Futuro necesitan adaptaciones curriculares de las asignaturas para poder superarlas. A ello se le une la escasez de material tecnológico dentro de los Hogares para que puedan continuar con normalidad la programación escolar (acceso a plataformas educativas, coordinaciones con los centros escolares, etc.).
Poole insiste en que “el gran esfuerzo de los educadores que los atienden es evitar la desconexión” de estos menores con la escuela en plena pandemia. Un escenario que, ante la falta actual de recursos, se antoja poco esperanzador cuando la educación es el mecanismo más eficaz para conseguir la inclusión social.