La afluencia de turistas y peregrinos en Santiago de Compostela ha hecho que cada vez más haya una demanda para alojamientos baratos y de corta duración. Las viviendas de uso turístico (VUT) nacieron con este propósito exactamente, pero últimamente esta figura se ha convertido en el nuevo centro de la polémica en la capital gallega.

De acuerdo con el INE, en el segundo semestre de 2022 existían en Santiago de Compostela un total de 599 viviendas turísticas. En el Instituto Galego de Estadística son aún más precisos, indicando un total de 724 viviendas en uso turístico. La disparidad de los datos hace que sea todavía más complicado analizar el impacto que tiene esta figura en la ciudad.

En las últimas semanas los tribunales han publicado varias sentencias desfavorables hacia propietarios de estos inmuebles. En una de estas últimas, una de las viviendas del casco histórico fue declarada ilegal por su uso turístico. El tribunal dio la razón al Ayuntamiento y señaló que tenía competencias en el tema urbanístico de vivienda y que la propietaria no tenía permiso ni licencia del consistorio para realizar dicha actividad.

El problema está en esta doble autorización, de la Xunta y del Ayuntamiento, que está poniendo a los propietarios contra las cuerdas, y les hace responder agresivamente contra la administración local.

Más flexibilidad que un alquiler normal

De acuerdo con los propietarios de las VUT, hay más de 500 familias en Compostela que tienen pisos con este régimen. Estrella Ferreiro, una de las portavoces del movimiento, explica que, al contrario de lo que piensan muchos, no se tratan de "tíos Gilito" que "se abanican con billetes de 500", sino que son familias de clase media y trabajadora que buscan tener unos ingresos aparte para hacer frente a los crecientes costes de vida.

Cada propietario tiene su historia, pero en el caso de Ferreiro, el alquiler vacacional era la mejor de las opciones para sacar provecho de su inmueble, debido a su flexibilidad. "Nosotros compramos un piso en Santiago para cuando seamos mayores estar más cerca de nuestros hijos. Pero conlleva una serie de gastos y para pagarlo decidimos ponerlo en alquiler turístico".

Ferreiro se decidió por esta modalidad hace más de dos años en lugar de uno de mayor duración para otros inquilinos porque necesitaba flexibilidad. "Mi hijo no vive en Santiago pero tiene que venir a veces por trabajo y nos venía mejor conservar ese piso para cuando él lo necesita", explica esta propietaria.

Argumenta que, al contrario que con unos inquilinos tradicionales, el alquiler turístico requiere una mayor atención, para mantener a los huéspedes contentos y que no decaigan las opiniones en los portales web que utilizan, como Booking.com.

"Nos desprestigian como si fuéramos fondos buitres, que compran viviendas en masa para sacar provecho, pero muchas familias solo tienen una VUT o media la tienen en conjunto".

Multas de 10.000 euros

Otro propietario, que no ha querido dar su nombre por temor a la opinión pública, relata cómo, después de ahorrar con un sueldo de la construcción para comprar una segunda vivienda, decidió poner su vivienda en el mercado de alquiler turístico. Ahora se arrepiente después de las acciones que ha emprendido el Ayuntamiento contra ellos. "A mí me llegó una multa de 10.000 euros, pero sé que hay otros a los que les han multado más. Eso fue apenas a las dos semanas de que saliera la sentencia de Pontevedra, cuando yo ya había cancelado todas las reservas de la gente", explica.

El dueño de este inmueble del Ensanche compostelano señala que cuando comenzó a plantearse a poner el piso para turistas, fue hasta el consistorio a preguntar qué tipo de permisos hacían falta, pero le contestaron que mientras no se aprobase el Plan General, la autorización de la Xunta y los trámites que ello implica, como registrar a los huéspedes en la Policía, bastaba.

Tener que cancelar a todas las familias que le habían reservado para días como el Apóstol, donde las previsiones hoteleras apuntaban a un lleno casi completo, le provocó una sensación de "impotencia enorme" según él describe. El propietario acusa al Ayuntamiento no solo de hostigar a los dueños de esta viviendas, sino también de crear una mala opinión pública contra ellos, hasta el punto de tener miedo a las repercusiones de vecinos y amigos al saber a qué se dedican.

"No nos oponemos a la regulación. Pensamos que tiene que haberla, para que después otros no lo hagan de manera ilegal, pero nosotros estamos inscritos en el registro de la Xunta y pagamos a Hacienda. Hacemos todo lo que debemos, mientras no exista una ley que regule, solo pedimos al Concello que nos deje hacer nuestro trabajo".

Enfrentamientos con hoteles, inmobiliarias y vecinos

La disrupción de este tipo de alojamientos ha desatado un batalla encarnizada no solo entre diferentes administraciones de distinto color político, sino entre los propietarios de estos pisos y varios colectivos de la ciudad.

Hoteles, inmobiliarias y asociaciones de vecinos son solo algunos de los sectores que se encuentran en el lado opuesto del debate sobre las viviendas de uso turístico. Todos esos sectores argumentan que de alguna manera, la no regulación de este tipo de figura turística, dañaría a la ciudad.

"Los hoteles nos culpan porque dicen que no cubren el 100% de las plazas. Pero es que nuestros huéspedes poco o nada tiene que ver con su demanda. Los nuestros no se pueden permitir pagar más de 60 euros por noche, y a lo mejor quieren algo más flexible que un hotel", señala Ferreiro.

De hecho, de acuerdo con ambos propietarios entrevistados, las fechas de las sentencias y la posterior cancelación de las reservas que sus clientes tenían para el verano en Santiago, coincidió con un momento en el que los hoteles estaban llenos o con precios que las familias no se podían permitir.

Las inmobiliarias, por otro lado, se han mostrado especialmente duras con estos propietarios, argumentando que dejan sin oferta el parque inmobiliario de la ciudad y, como consecuencia, promueven las subidas de precios del alquiler que echan a los universitarios del núcleo urbano. 

"La USC tiene unos 25.000 estudiantes, y apenas oferta 1.061 plazas públicas en residencias. No es ni el 6%, ellos también tendrían que ser responsables de proporcionar a los estudiantes donde vivir", defiende Ferreiro. La propietaria también lamenta las declaraciones del regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, sobre este tema. "El alcalde siempre dice que hay solo 30 pisos de estudiantes en la ciudad. Da igual cuando lo diga, en mayo, antes de que empiecen a buscarlo, o en julio cuando ya están todos cogidos".

Por su parte, diferentes asociaciones de vecinos de Compostela, reclaman la regulación de estos pisos turísticos por el malestar que causan los turistas a los vecinos. En un momento en el que muchos compostelanos reclaman un "cambio de modelo" que no convierta a la ciudad en un "parque temático", las VUT se han convertido en otro de los puntos de enfrentamiento con el gobierno local.

Cambiar la opinión pública mediante la recogida de firmas

Los propietarios ahora comienzan una recogida de firmas en los sectores nombrados para poder cambiar la opinión de estos colectivos y demostrar que ellos no son un riesgo para su modo de vida.

"Por ahora no estamos teniendo una mala recepción. Los hosteleros con los que estamos hablando nos apoyan, y vecinos individuales cuando les explicamos la situación también", explican.

No es la única medida que están tomando. El mes pasado presentaron ante la oficina del Valedor do Pobo más firmas pidiendo una solicitud e amparo. Los dueños de estos inmuebles también están reclamando a los grupos del Pleno municipal que se pronuncien al respecto de la nueva modificación que se llevará a votación. Esta permitirá a las viviendas de uso turístico obtener una licencia municipal para su actividad siempre que estén ubicadas en bajos y primeras plantas. Los propietarios rechazan esta modificación porque devolverían a la ciudad a la "Edad Media".