Fin a la huelga de letrados en Galicia tras dos meses: Firman un acuerdo con el Ministerio

La huelga de la justicia en Galicia ha llegado a su fin. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio dirigido por Pilar Llop firmaron hoy martes un acuerdo que pone punto y final a una protesta que comenzó el pasado 24 de enero y que ha generado 10.000 vistas suspendidas y 30.000 asuntos sin iniciar.

La reunión entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia arrancó a las 11:00 horas y, tras dos horas, se firmaba el acuerdo, que incluye una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes. Los letrados de A Coruña, Ferrol o Santiago de Compostela votaron ayer en asamblea a favor de firmar esta propuesta, que fue respaldada a nivel nacional por el 76% de los trabajadores, según el Colegio de LAJ.

La oferta de Justicia contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra a enero de 2024 y una última a julio de 2024. El representante del comité de huelga Juan José Yáñez ha asegurado al salir de la reunión que el encuentro con el departamento de Justicia ha terminado con una sensación "agridulce", según recoge Europa Press.

Comité y Ministerio se reunían este martes por quinta vez después de haber reanudado las negociaciones el pasado 17 de marzo, también con el Ministerio de Hacienda. Uno de los encuentros más complicados fue el del pasado 17 de febrero: duró 15 horas y terminó sin ningún acuerdo entre las partes.

Los letrados han realizado a lo largo de los últimos dos meses varias protestas para visibilizar su situación y demandas, centradas en mejoras laborales y salariales. Los convocantes también denunciaron que los compromisos pactados en abril de 2022 con el Ministerio de Justicia y plasmados por escrito no se han cumplido y que no se les trata de la misma forma que se hace con el resto del cuerpo de funcionarios.

Foto: CEDIDA

Acuerdo: Incremento de cuantías, grupos de trabajo y comisión de seguimiento

En el documento firmado por el Comité de Huelga y la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se detallan los ocho puntos en los que consiste el acuerdo al que se ha llegado este martes y que pone fin a la huelga indefinida de letrados de justicia tras 10 semanas de parón.

El primero de ellos consiste en "la necesidad de implantar con garantías las modificaciones derivadas de las leyes de eficiencia, que culminarán las transformaciones de modernización de la Administración de Justicia. El segundo punto dicta que "los LAJs deben asumir una centralidad transversal y muy particularmente en la implantación de los tribunales de instancia, que debe quedar reflejada en la cuantía de su complemento específico". Por esta razón, el documenta deja claro que el incremento de la cuantía mensual se verificará en el complemento específico transitorio, que se realizará por el trámite de urgencia. De esta manera esta cuantía tendrá efectos económicos en la nómina de junio o julio de 2023.

El tercer punto expone que "las cuantías resultantes de los incrementos se aplicarán de manera gradual en el período de 2023 a 2024″ con el siguiente calendario: el 40% del incremento mensual acordado tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023, el segundo 40% del incremento mensual acordado tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024 y el 20% restante del incremento mensual acordado tendrá efectos económicos de 1 de julio de 2024.

En el cuarto punto se argumenta que "se establecerán en el plazo máximo de tres meses grupos de trabajo conjuntos" para tratar cuestiones como: el mecanismo a través del cual se articulará en el marco del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; las vías de colaboración del cuerpo de letrados en las implantaciones derivadas de las leyes de eficiencia; las reformas normativas que resulten adecuadas para complementar y apoyar las previstas en las leyes de eficiencia y las relaciones de puestos de trabajo en las oficinas judiciales de los tribunales de instancia; el desarrollo del actual sistema de retribuciones variables; planificación de objetivos que permitan la implantación de la carrera profesional del colectivo; el itinerario formativo que deberá proporcionarse a los LAJs para asegurar el éxito de las implantaciones o el análisis del impacto del conflicto.

Se ha determinado que los grupos de trabajo se constituirán la semana del 10 de abril de 2023 y en el quinto punto del acuerdo se manifiesta la aprobación de un decreto que regule las sustituciones en los mismos términos que el de 2019. En el sexto punto las asociaciones firmantes se comprometen a desconvocar la huelga, en el séptimo se establece que "las modificaciones de la clasificación de los grupos de población que se realicen para la carrera judicial les resultarán de aplicación a los LAJs" y en el octavo y último, se dicta que "se acuerda la constitución de una comisión de seguimiento entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones convocantes de la huelga para todas las dudas e interpretaciones que pueda derivarse de su aplicación práctica en el periodo de vigencia".

El Sindicato de Trabajadores de Justicia exige la revisión de retribuciones

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha reclamado al Ministerio negociar un incremento salarial para todos los funcionarios de los cuerpos generales y reconocer sus funciones reales y no descarta convocar movilizaciones, junto a otros sindicatos, de no atenderse su demanda.

En un comunicado, afirman que el Ministerio "ningunea a los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia" por alcanzar un acuerdo con los letrados judiciales, "que deja fuera al resto de Cuerpos". STAJ indica que exigirá al Ministerio "el reconocimiento a todos los efectos, incluido el retributivo, de todas las funciones que desempeñan los funcionarios de todos los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia".

Entre otras cuestiones, demandan la negociación de planes de actuación retribuidos "por el atraso provocado por el boicot al trabajo de los funcionarios durante la huelga, a quienes se les ha impedido realizar con normalidad las funciones que la ley les tiene encomendadas y desarrollar con normalidad su trabajo".