Solo el 0,16% de las infracciones penales en 2019 en Galicia fueron ocupaciones ilegales

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• El 55% de las ocupaciones ilegales en Galicia se registran en la provincia de A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, explicó esta mañana que la ocupación ilegal de viviendas en Galicia solo supuso el 0,16% del total de infracciones penales conocidas en 2019 en la comunidad. Esto significa que 129 de las 80.288 infracciones detectadas se correspondían con los okupas, de las cuales poco más de un centenar se correspondían a una ocupación ilegal para vivir.

A Coruña fue la provincia que registró mayor número de ocupaciones ilegales (54), seguida de Pontevedra (40) y a mucha distancia Ourense y Lugo, con siete ocupaciones ilegales cada una. Este tipo de infracciones se produjeron en las ciudades. “Los datos no muestran una situación alarmante, incluso a años luz de la que se da en otros puntos de España”, aseguró Losada, que mostró su solidaridad con los afectados por esta situación. El delegado del Gobierno hizo también referencia a una instrucción dictada por el Ministerio de Interior con protocolos estandarizados que permiten agilizar la intervención policial y garantizar los derechos de la ciudadanía. “Se trata de casos que generan una gran alarma social y que requieren una respuesta policial a la altura”, indicó Losada.

El representante del Ejecutivo nacional apuntó a una combinación de medidas de carácter social y de seguridad ciudadana para evitar este fenómeno en la comunidad, y lo hizo durante una reunión operativa que mantuvo con mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de Galicia, encabezados por el Jefe Superior de Policía, José Luis Balseiro, y el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, Luis Francisco Rodríguez.

Ligero incremento por la situación actual

Las Fuerzas de Seguridad detectaron un ligero incremento de las ocupaciones, posiblemente debido a la situación de crisis social y económica generada por el coronavirus. Losada lanzó un mensaje de tranquilidad a la población, ya que los números están alejados de lo que percibe la ciudadanía sobre el fenómeno, e indicó que las subdelegaciones del Gobierno se están reuniendo con los afectados y los organismos implicados para recoger sus opiniones.

El delegado del Gobierno en Galicia explicó que la respuesta a este tipo de situaciones debe ser de tipo social y policial, insistió en que es fundamental que las administraciones autonómica y local colaboren y añadió: “El Ejecutivo ha puesto en marcha en este año una importante batería de medidas para minimizar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el derecho a la vivienda”.

“Solo en inversiones directas el Gobierno ha destinado a Galicia 44 millones de euros en el capítulo de vivienda durante la pandemia, a lo que hay que sumar las medidas específicas del escudo social aprobado por el Ejecutivo: ayudas directas al alquiler, moratorias del pago de hipotecas y de los desahucios y ayudas para viviendas a colectivos vulnerables, entre otras”, explicó Losada.

Instrucción a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

La reunión también sirvió para analizar en Galicia la aplicación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles, que se incluye en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este protocolo, según recoge una nota de la Delegación del Gobierno en Galicia, homogeneiza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

"La instrucción establece diferentes actuaciones en función de si el inmueble ocupado constituye la morada de su titular, sea primera o segunda vivienda. En estos casos, las fuerzas de seguridad podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, al desalojo inmediato e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede. En el caso de que el inmueble no sea morada se aplicaría lo aplicable al delito de usurpación", explica la nota.

El protocolo también recoge varias medidas para proteger a las víctimas y favorecer la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados. Además, se establecen acciones para evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas para alquilarlas o venderlas a terceros, aunque según Losada en Galicia no existe ningún tipo de mafia de estas características.

El delegado del Gobierno en la comunidad gallega recordó que desde este mes, la aplicación para móviles Alertcops incluye una funcionalidad específica para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil.