Junto a la creación de nuevos impuestos a la banca y a los bienes de lujo, la voraz reforma fiscal que se está tramitando en el Congreso prevé también aumentar la tributación de la sanidad privada. El PSOE ha cedido ante la reivindicación de Sumar y ha acordado gravar los seguros de asistencia sanitaria, que hasta ahora estaban exentos del Impuesto de Primas de Seguros (IPS).

Los seguros de salud comenzarían de esta forma a pagar también un IPS del 8%. No está garantizado, en cualquier caso, que esta medida salga adelante.

Porque, tal y como explica hoy EL ESPAÑOL, el galimatías de exigencias de los distintos socios del PSOE podría abocar su paquete de impuestos al fracaso. ERC, EH-Bildu y Podemos amenazan con votar en contra del proyecto de ley si el PSOE no mantiene el impuesto a las energéticas, que se ha avenido a retirar para evitar el rechazo de Junts y PNV. Pero al mismo tiempo la derecha nacionalista se opone al incremento tributario de las aseguradoras sanitarias que el PSOE ha pactado con Sumar.

Lo deseable sería, en efecto, que el Gobierno viera frustrados sus propósitos.

Porque acabar con la exención fiscal de los seguros de salud dañaría, en primer lugar, al sistema sanitario privado, dado que el gravamen repercutiría en el aumento del precio del servicio de los pacientes.

Las primas se dispararían, y con ello se acentuaría la dinámica inflacionaria en la que ya estaba sumida el sector asegurador por el incremento de los costes. Un encarecimiento que, precisamente, es el que ha llevado a las aseguradoras a retirarse del convenio de Muface, al considerar insuficiente para cubrir sus pérdidas la propuesta económica del Gobierno.

De modo que, si el Gobierno no consigue hacer una oferta ajustada a las reclamaciones de las aseguradoras antes del 31 de diciembre, decaerá el actual convenio de la mutualidad. Lo que implicará que los 1,5 millones de funcionarios y sus familias que dependen de la asistencia sanitaria privada estarán abocados a acudir a la sanidad pública, con un impacto económico sobre ella cifrado en 1.000 millones de euros.

Y a este aumento de la presión asistencial sobre el sistema público de salud que acarrearía la ausencia de una nueva licitación para Muface habría que añadirle el causado por el gravamen sobre los seguros de salud.

La patronal de las aseguradoras ha recordado que 12,4 millones de españoles tienen contratado un seguro médico. Y si se dificulta su accesibilidad, muchos de ellos se trasladarán a la sanidad pública. Una que ya se encuentra de por sí saturada, afectada como está por la dilatación de las listas de espera diagnóstica y quirúrgica y la sobrecarga de la Atención Primaria.

Sumar argumenta que la exención fiscal de las primas de seguros privados sanitarios "tiene un claro sesgo regresivo, beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". Pero a la vista de que uno de cada cuatro ciudadanos contrata esta protección, el argumento sólo puede tildarse de falaz.

Lo que subyace por tanto a esta narrativa es el mantra de la "privatización" de la sanidad y el sesgo que atribuye a la sanidad privada la culpa de las deficiencias del Sistema Nacional de Salud.

Esto no sólo no es cierto, sino que es justamente el concurso de la sanidad privada (propietaria de casi el 40% de los recursos sanitarios totales) lo que permite aliviar la presión asistencial sobre la pública y ahorrarle costes. Son vasos comunicantes, y si se castiga a la primera, la consecuencia lógica será el deterioro de la segunda.

Es de hecho la degradación del sistema público de salud tras el colapso por la pandemia lo que empujó al alza el número de usuarios de los seguros médicos. Si la colaboración público-privada ya era de por sí aconsejable en nuestro modelo asistencial, ahora es directamente imprescindible.

Por eso es absurdo el empeño ideológico, en virtud de un igualitarismo mal entendido, en ahogar económicamente a la gestión empresarial de los servicios sanitarios. Los mejores sistemas sanitarios del mundo tienen altos niveles de colaboración público-privada. El único modelo que permite dar satisfacción a la demanda sanitaria y garantizar la cobertura asistencial universal que define a la sanidad pública.