La Junta de Fiscales de Sala ha avalado este martes, tras un intenso debate, la orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la Ley de Amnistía a todos los delitos que se juzgan en el procés, incluido el de malversación.

El máximo órgano de asesoramiento del fiscal general en cuestiones doctrinales y técnicas estaba convocado con el fin de discutir y de pronunciarse sobre la discrepancia entre García Ortiz y los cuatro fiscales del procés, para quienes la Ley de Amnistía no abarca el delito de malversación dado que los encausados habrían incurrido en un "enriquecimiento personal" que queda fuera del ámbito de aplicación de la ley.

García Ortiz confiaba en obtener de la cúpula de la carrera fiscal un respaldo a su criterio de que la malversación sí es amnistiable, al entender que no habría concurrido ánimo de lucro en el desvío de fondos públicos por parte de los responsables del procés.

El resultado de la votación, a favor de la tesis del fiscal general, ha sido muy ajustado.

El criterio de García Ortiz se ha impuesto por 19 votos frente a 17 y una abstención. De esos 19, uno de ellos ha sido el del propio fiscal general. Una victoria pírrica, por tanto, para un García Ortiz cuya autonomía está cuestionada.

Otro de los 19 votos favorables ha sido el de Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala por su sucesor ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Es cierto que la sentencia del Supremo está pendiente de ejecución. Pero desde el punto de vista ético, Delgado debería haberse abstenido en la votación.

En cualquier caso, la composición de la Junta, con un 40% de los fiscales de Sala nombrado a propuesta del actual fiscal general o de su antecesora, hacía esperable este aval a las tesis del fiscal. Si bien es cierto que no se ha votado exactamente según lo esperable dada la adscripción ideológica de cada fiscal.

Por ejemplo, María José Segarra, nombrada fiscal general por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, y Elvira Tejada, promovida a la categoría de fiscal de Sala por Cándido Conde-Pumpido, ambas del sector progresista, han votado en contra del criterio de García Ortiz. 

A la inversa, fiscales del ámbito conservador como José Ramón Noreña y Jesús Alonso han respaldado la orden del fiscal general.

Este equilibrado resultado prueba, por un lado, que el criterio discordante de los fiscales del procés no está ayuno de apoyos. Y, por otro, que la división en el seno de la Junta de Fiscales de Sala ha sido de naturaleza eminentemente jurídica y no política.

Aún así, la controversia entre los fiscales es otra prueba del carácter divisivo de una Ley de Amnistía que se defendió invocando un horizonte de reconciliación. La fractura que afecta al ámbito de la política y de la sociedad se ha extendido así también a parte de la judicatura.

Tras esta división en el seno de la Fiscalía, la norma queda un poco más debilitada antes de que el informe sobre ella llegue al Tribunal Supremo.

Ahora lo relevante es la decisión que tome el Alto Tribunal. Porque si resolviese que la malversación no es amnistiable, el fiscal general del Estado quedaría en una posición muy comprometida. Después de acumular en pocos meses más desautorizaciones por parte del Supremo que ninguno de sus antecesores, García Ortiz no puede sumar un revés más a su historial.