El Gobierno se felicitó ayer jueves a sí mismo por una ley de amnistía que Félix Bolaños llegó a calificar de "referente mundial". Quizá por tratarse de la primera ley de la historia en la que son los delincuentes los que definen a placer el alcance de su impunidad con la aquiescencia de un Gobierno que debería ser garante de la aplicación de la legislación penal y no de su derogación a la carta.

Pero el voluntarismo y la grandilocuencia con los que el ministro de Presidencia intentó transmitir ayer la idea de que el "valiente" texto pactado con Junts es conforme a "los mejores estándares europeos" no basta para ocultar que el Gobierno ha cedido frente a Junts en todos aquellos puntos que hace dos semanas consideraba irrenunciables. 

La nueva redacción pactada por el PSOE con Junts retrasa un año, hasta 2011, el plazo inicial de aplicación de la amnistía con el objetivo de incluir en ella las primeras reuniones de Convergencia para la puesta en marcha del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Reuniones en las que participaron tres de los hijos de Jordi Pujol. 

También amplía el perímetro de la ley hasta incluir en ella los delitos de terrorismo siempre y cuando estos no violen la directiva europea de 2017 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Algo que implica puentear el Código Penal español y generar dos espacios jurisdiccionales paralelos. Uno para los ciudadanos comunes, a los que les sigue siendo aplicable el Código Penal español. Y otro para los líderes independentistas, a los que sólo les será aplicable un hipotético derecho europeo más favorable a sus intereses, de acuerdo con su interpretación del mismo. 

También se ha incluido el delito de traición en la amnistía mediante una referencia a la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General. El objetivo es excluir de la ley una hipotética condena por traición si no se ha producido "una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial".

Es decir, que una futura condena contra los investigados por el caso Voloh quedará cubierta por la amnistía mientras Rusia no invada España. 

En cuanto a la malversación, la amnistía abarcará todos aquellos delitos en los que el condenado no se haya enriquecido personalmente. Una distinción como mínimo discutible, pero que le permitirá a los condenados por malversación de fondos públicos reclamar su amnistía con el argumento de que el dinero sustraído no acabó en sus bolsillos, sino que fue empleado en la organización del procés.

Este diario ha augurado en anteriores editoriales un dificultoso recorrido legal para la amnistía, tanto en España como en la UE. Dificultoso recorrido que robustece todavía más la alianza entre Junts y Pedro Sánchez dado que la permanencia de este último en la Moncloa es condición sine qua non para que la amnistía despliegue todos sus efectos, lo que obliga a Junts, a su vez, a garantizar su estabilidad parlamentaria.

La norma, además, es rechazada por una amplia mayoría de la sociedad española y, lo que es más relevante aún, por una mayoría de los votantes del PSOE. 

Pero el análisis jurídico de la norma no puede oscurecer el principal argumento en su contra, que es político. Y es que la amnistía no es ni impecablemente constitucional, como defiende el Gobierno, ni se ajusta a "los mejores estándares europeos", ni cumple con los criterios de la Comisión de Venecia.

Es una ley injusta diseñada por los mismos delincuentes a los que les será aplicada esta y cuyo objetivo es garantizar la impunidad de sus delitos a cambio de los votos que Pedro Sánchez necesita para continuar como presidente en la Moncloa. Una ley legal, pero de espíritu profundamente predemocrático, que rompe la separación de poderes, que desautoriza a los tribunales, que desprecia a las víctimas del procés y que rompe la igualdad de todos los ciudadanos españoles garantizada por la Constitución.

La ley de amnistía no sana ninguna herida en la sociedad española: le concede la impunidad a quien la provocó y amordaza a quien la sufrió.

Pedro Sánchez ha demostrado en el pasado una peculiar preocupación por su lugar en los libros de historia. Pero cualquier duda que pueda tener al respecto quedó ayer, sin embargo, definitivamente resuelta. Sánchez pasará a la historia por esta ley.

Y no en el sentido que él imagina.