El documento de la Guardia Civil para la licitación de nuevas lanchas que publica hoy EL ESPAÑOL denuncia la endeblez y la obsolescencia de las que están actualmente en servicio, algo que las convierte en blanco fácil para las violentas embestidas de las narcolanchas utilizadas por los traficantes en Barbate y en el resto del Estrecho. 

Ha hecho falta que murieran dos agentes de la Guardia Civil, arrollados de forma despiadada el pasado viernes por una potente narcolancha, para que la falta de medios y de agentes, así como la inadecuación de los protocolos utilizados para el enfrentamiento con los delincuentes de los clanes mafiosos del Estrecho, salieran a la luz.

Más allá de las declaraciones de condolencia con las familias de los asesinados y de compromiso en la lucha contra el narcotráfico de rigor, la respuesta del Gobierno ha decepcionado por su naturaleza rutinaria y casi desganadamente protocolaria.

El presidente del Gobierno apenas ha dedicado un tuit al asesinato de los dos agentes reconociendo "la gran labor" de la Guardia Civil. Tampoco ha viajado a Barbate ni ha estado en los funerales de los agentes, aunque 24 horas después de la tragedia sí participó como invitado en la gala de los Goya, donde no hizo mayor mención al crimen.

Mientras tanto, el ministro del Interior, muy criticado por la Guardia Civil y cuya dimisión han pedido desde el presidente de la Junta de Andalucía hasta Unidas Podemos, no ha justificado el porqué del desmantelamiento de la unidad especializada Ocón Sur (en agosto de 2022) apenas unos meses después del cambio de postura radical del Gobierno sobre el Sáhara (en marzo de ese mismo año) y unas semanas después de su reunión con el ministro del Interior marroquí (en junio de 2002).

Además, algunos de los medios de comunicación más cercanos al Gobierno han afirmado de forma explícita que el desmantelamiento de la unidad Ocón Sur fue provocada por las actuaciones ilegales de la Guardia Civil, entre ellas la colocación de balizas "sin permiso del juez" y la detención de "inocentes". Una afirmación cuyo objetivo parece ser el de extender la sospecha sobre la Guardia Civil y blanquear a los narcotraficantes.  

La gravedad de lo ocurrido en Barbate, y la evidencia de que el narcotráfico en el Estrecho ha dado un salto cualitativo en su violencia, obligaban al Gobierno a dar una explicación a los españoles del porqué de su dejadez durante los últimos cinco años.

También, de cuáles son sus planes para el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan actualmente en la zona en estrecha cooperación con las mafias marroquíes. Porque afirmar que no habrá "impunidad" para los culpables es una obviedad y porque los españoles merecen algo más de sus representantes que una afirmación que cae por su propio peso.

¿O es que acaso en la España de 2024 es necesario señalar como algo excepcional que no habrá impunidad para los asesinos de dos agentes de la Guardia Civil? 

Fuentes de la Guardia Civil han reiterado durante los últimos años que el tráfico del hachís en el Estrecho nunca parece haber sido una prioridad para el Gobierno dado que este no se consideraba especialmente violento ni socialmente dañino.

Pero el espacio de relativa impunidad generado por el abandono de la zona ha permitido que las mafias trafiquen hoy con mejores medios, mayor violencia y con drogas de mucha mayor peligrosidad y rentabilidad. Una evolución similar a la de aquella Galicia que pasó del tráfico de tabaco al de cocaína colombiana. 

El Gobierno ha reaccionado a la tragedia como ha hecho en anteriores ocasiones. A la defensiva, extendiendo la sospecha sobre las víctimas, en este caso la Guardia Civil, y centrando toda su artillería comunicativa en temas secundarios y comparativamente irrelevantes, como por ejemplo el off the record de Feijóo. 

Esta semana, la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de los clanes de la zona deberían haber sido la mayor preocupación del Gobierno. No ha sido así y este diario cree que los españoles tienen derecho a preguntarse el porqué.