Pedro Sánchez ya ha obtenido de su partido la carta blanca que buscaba para sus acuerdos de investidura. Los resultados de la consulta que ha finalizado este sábado están dentro de lo previsto: con el 92% escrutado, una amplísima mayoría del 87,13% de los miliantes ha avalado el pacto de coalición con Sumar y la búsqueda del apoyo de "otras formaciones políticas". Según el PSOE, ha participado el 63,4% del censo.

Evidentemente, la votación, aunque vinculante, no iba más allá de una mera formalidad a la que obligan los estatutos del PSOE. Pero, además, le permitía a Sánchez esgrimir un respaldo de sus bases a una descomedida política de pactos enormemente controvertida.

Este simulacro de plebiscito tenía escaso valor desde el principio, en la medida en que se omitió la cuestión de la amnistía en la pregunta, aunque Sánchez la había defendido abiertamente en el Comité Federal previo a la consulta. El secretario general llegó a pedir por carta el lunes a sus militantes su voto afirmativo para a continuación solicitar apoyo a la amnistía, explicitando sólo a posteriori que el texto preguntaba por ambas cosas al mismo tiempo.

Además, tampoco se sometió al refrendo de los militantes el contenido de pactos que ya se habían alcanzado antes de finalizar el plazo de votación, como el sellado con ERC el pasado jueves. Los resultados finales de la consulta suponen asimismo que las bases dan luz verde a ciegas a lo que está también por acordar, puesto que Carles Puigdemont sigue bloqueando, de momento, la investidura.

El prófugo se echó atrás en el último momento el pasado jueves, y condicionó su sí a que la futura Ley de Amnistía borrase los delitos de todos los encausados por el procés, sin excepción. En realidad, lo que pretende Junts es que quede impune cualquier independentista que haya cometido un delito durante la última década, lo que supondría incluir a Laura Borràs, Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay o, incluso, la familia Pujol.

A Junts no le basta con que, en su acuerdo con ERC, el PSOE haya asumido el relato del "choque de legitimidades" como justificación para amnistiar a los golpistas. También quiere la capitulación definitiva del Estado que supondría reconocer que los implicados en el procés han sido víctima de una persecución judicial ilegal.

La congelación de las negociaciones, en cualquier caso, se explica ante todo por la necesidad de Junts de poder enarbolar una victoria frente al PSOE mayor y distinta de las onerosas cesiones que le arrancó ERC. De ahí que Puigdemont haya querido explotar hasta el límite la debilidad de un Sánchez que ya no tiene marcha atrás.

Por lo pronto, ha quedado frustrada la pretensión de Moncloa de tener registrada la proposición de ley de amnistía el jueves pasado para haber podido convocar la sesión de investidura para comienzos de la próxima semana.

Lo que está claro es que la militancia socialista ya no podrá pronunciarse sobre la eventual extensión del perímetro de la amnistía que pudiera arrancarle Puigdemont a Sánchez en los próximos días. Aunque puede decirse que, al otorgarle un cheque en blanco para los acuerdos con Junts y ERC, el PSOE le ha dado vía libre a su secretario general para que logre el acuerdo de investidura al precio que sea.

El resultado de la consulta ha llegado poco después de la de ERC, cuyas bases, con una cifra similar a la del PSOE (89%), validaron el acuerdo alcanzado con Sánchez. Y el mismo día que el plebiscito de Podemos, que con números parejos (86,59%) ha aprobado explorar una hoja de ruta de autonomía para desligarse de Sumar.

No debería cundir el triunfalismo entre las filas del PSOE, por mucho que La Moncloa esté más cerca. Al fin y al cabo, recabar el apoyo de los militantes es sencillo cuando muchos de ellos están atados por lealtades creadas y se juegan mucho personalmente en el triunfo del sí.

El chantaje de Junts, sus cuitas con ERC y la insumisión de Podemos, muy al contrario, permiten constatar anticipadamente la legislatura prácticamente ingobernable que le espera a Sánchez cuando consiga sacar adelante la investidura.