La inesperada compra del 9,9% de las acciones de Telefónica por Saudí Telecom (STC) Group ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno, que tal y como informa hoy EL ESPAÑOL no estaba al tanto de la operación. El movimiento también ha cogido por sorpresa a los accionistas de la operadora y a sus principales stakeholders.

STC, participada por el fondo soberano de Arabia Saudí y principal operadora del país, pasaría a convertirse así en el máximo accionista del gigante español de las telecomunicaciones.

La compra sólo puede ser leída como un síntoma de la debilidad de España como Estado y de la precariedad de su entramado empresarial. Salvo Iberdrola e Inditex, todas las empresas nacionales poseen una cotización muy débil en Bolsa. El Ibex 35 capitaliza poco más de 617.000 millones de euros frente a los más de 4 billones del EuroStoxx 50, que reúne a las mayores empresas de la Eurozona. 

Por si fuera poco, las compañías más pujantes de raíz española tienen el grueso del negocio fuera de nuestras fronteras, por lo que son nacionales en el nombre y extranjeras en las inversiones.

Ya en 2007 España perdió el control de una de sus empresas insignia, Endesa, a manos de Enel, cuyo principal accionista es el Estado italiano. Al menos, se trataba de un país miembro de la UE. La inversión en Telefónica, en cambio, la realiza ahora una compañía pública propiedad de la familia real saudí, gobernantes de un régimen donde se cometen atroces violaciones de los derechos humanos.

La operación, con un coste de tan solo 2.100 millones de euros, tiene que ser analizada por el Gobierno, que tiene poco margen de maniobra. El Ejecutivo sólo tiene potestad para prohibir que los inversores extracomunitarios adquieran más de un 10% del capital de una empresa cotizada española. Pero los saudíes se han quedado en el 9,9% para burlar la intervención del regulador.

Incluso ateniéndose a la circunstancia de que Telefónica es una empresa vinculada a la Defensa nacional, el Ejecutivo tendrá problemas para oponerse, tal y como se desprende de la norma que desarrolla el escudo antiopas. 

El Gobierno debe estudiar urgentemente qué vías tiene para impedir o limitar la adquisición al 4,9%. 

En todo caso, la entrada de los saudíes en la multinacional española debería servir al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lección sobre la necesidad de dejar atrás una política económica que asfixia a nuestras grandes empresas.

La espantada de Ferrovial a Países Bajos en busca de un marco jurídico más estable ya debió persuadir al Gobierno de la urgencia de revertir el viraje de los dos últimos años hacia el enfrentamiento con el empresariado, la demonización de "los ricos" y la presión contra los bancos y las energéticas. También el intento de compra de Naturgy por el fondo australiano IFM, frenado gracias al compromiso personal de Isidro Fainé.

Telefónica, además, ya acumulaba un dilatado memorial de agravios ante el Gobierno y las autoridades de la competencia. Telefónica llevaba años denunciando la excesiva fiscalidad sobre el sector por parte de los tres niveles de la Administración y las obligaciones excesivas impuestas por la CNMC como operador incumbente para facilitar la entrada de sus competidores.

Además, en Europa, Telefónica (al igual que el resto de telecos) viene pidiendo que se modifique la regulación para que las operadoras compitan en igualdad de condiciones con unos nuevos actores digitales que no están sometidos a los mismos controles y que son quienes realmente hacen negocio a través de las redes.

Es cierto que el gigante árabe de las telecos ha aclarado que "no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica". Tampoco se plantea forzar cambios en el equipo directivo. La entrada está siendo presentada como amistosa, dado que existe entre ambas empresas un amplio historial de colaboración. Pero en un escenario en el que bien podría aplicarse el refrán de que "a la fuerza ahorcan".

La responsabilidad remite en último término al Gobierno. Porque su intervencionista política laboral, su confiscatoria política fiscal y su multiplicación de los obstáculos regulatorios están suponiendo un pesado lastre para las grandes compañías españolas.

Esto ha provocado que empresas con un alto valor estratégico como Telefónica tengan una baja capitalización bursátil que hace asequibles operaciones como estas. El Ejecutivo se ha desentendido de las empresas españolas y ha sido insensible a sus necesidades. El resultado es este.