El Ministerio del Interior ha dictado a través de la Secretaria de Estado de Seguridad una instrucción que ordena la comunicación a las víctimas de violencia de género más vulnerables de los antecedentes de su compañero cuando este las haya agredido y sea reincidente (en la terminología del Ministerio, "agresores persistentes"). 

Actualmente, sólo 7.771 mujeres están en esa situación. 6.833 de ellas están consideradas de riesgo medio "de especial relevancia", 920 en riesgo alto y 18 en riesgo extremo. Para clasificar a la víctima en algunas de esas categorías, los agentes atenderán a factores como la reincidencia, la gravedad de la violencia ejercida, el entorno familiar, la retirada de la denuncia o si la mujer reanuda la convivencia. 

Por la parte del agresor, los agentes considerarán factores como los planes o las amenazas de hacer daño a la víctima, los celos o las sospechas de infidelidad, las adicciones, los antecedentes o el hecho de que la mujer haya manifestado su intención de romper la relación.

La violencia ejercida contra la víctima debe ser además evaluada como de riesgo grave o muy grave (es decir, debe incluir violencia física, sexual o amenazas de muerte) y el agresor debe haber sido denunciado durante los cinco años anteriores. 

Si esas circunstancias no concurrieran, es decir, si el caso no fuera considerado como de riesgo alto o extremo, los agentes de policía no podrían informar a la víctima de que su compañero tiene antecedentes por violencia de género.

El Ministerio del Interior ha optado por esta acotación de los casos dado que una aplicación generalizada de la medida podría ser incompatible con la protección de los datos personales. De ahí que Interior se ampare en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 7/2021, que dice que el tratamiento de esos datos sólo será lícito en la medida en que sea necesario para la prevención de infracciones penales.

Como explica hoy EL ESPAÑOL, el sistema de vigilancia VioGén contiene los datos de 655.571 agresores sexuales. 61.000 de ellos, aproximadamente el 10%, son considerados peligrosos o "persistentes". 51.092 han agredido a por lo menos dos mujeres. 7.832 a tres. 2.155 a más de tres. Son ellos en los que el Ministerio del Interior centrará sus mayores esfuerzos de control y vigilancia. 

Más allá de las dudas sobre la legalidad de una medida que exige dar a conocer los antecedentes de ciudadanos que ya han cumplido su condena, es de reseñar el esfuerzo realizado por Interior para acotar la aplicación de esta medida a aquellos casos que muestren un nivel determinado de gravedad y que sean considerados, después de un análisis caso a caso, como de riesgo claro o inminente. 

EL ESPAÑOL reveló que desde 2007 han sido asesinadas en España 171 mujeres que habían presentado denuncia en el pasado y que estaban por lo tanto incluidas en el plan de protección VioGén. Son ese tipo de casos los que pretende evitar Interior con esta medida. 

El problema, una vez más, es de medios. Los sindicatos policiales llevan tiempo exigiendo reforzar las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), que soportan una enorme sobrecarga de trabajo y que se encargan de atender a casi 37.000 víctimas, además de a casi 9.000 niños.

Todas las medidas encaminadas a la protección de las víctimas y a la minoración de los riesgos son aplaudidas por EL ESPAÑOL. Pero de nada servirán si no se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para ejecutarlas.