El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, se ha sumado desde Berlín a la promoción de la autonomía estratégica europea en materia de Defensa, telecomunicaciones y tecnología.
En la actualidad política, fue noticia la alianza del PSOE con el PP para aplazar la Ley Trans. Es la enésima desavenencia entre dos modelos contrapuestos de feminismo que conviven en el seno del Gobierno de coalición, el del PSOE y el de Podemos.
Además, el terrible asesinato de la niña Lola ha sido instrumentalizado por la ultraderecha francesa para alimentar su discurso de odio.
Álvarez-Pallete, por la soberanía digital europea
El cataclismo que ha supuesto la guerra de Ucrania ha forzado a los distintos actores políticos y económicos a imprimir drásticos virajes en su manera de conducirse y a revisar sus presupuestos metodológicos. El caso más claro es el de la Unión Europea, que ha rescatado la idea de la "autonomía estratégica". Una reestructuración del mercado energético que permita a Europa dejar de ser económicamente dependiente de actores externos poco fiables.
Hay que aplaudir que José María Álvarez-Pallete se haya sumado a esta potenciación de la autonomía estratégica en el apartado tecnológico. Su aportación será clave. Porque, como el propio presidente ejecutivo de Telefónica ha defendido en el Foro Hispano Alemán, el sector de las telecomunicaciones será esencial para lograr esta independencia. Las autoridades europeas deben tomar nota de esta invitación a financiar proyectos para la extensión y mejora de la tecnología 5G, la fibra inteligente o la inteligencia artificial.
La autonomía estratégica de Europa será uno de los conceptos fundamentales de este siglo XXI, y así lo han entendido ya líderes como Josep Borrell o Emmanuel Macron. Que un directivo de la talla de Álvarez-Pallete se incorpore a la promoción de la soberanía europea en el ámbito digital y de la cohesión dentro de la unión política sólo puede celebrarse calurosamente.
La cuestión trans, foco de discordias
Desde que inició su andadura parlamentaria, la Ley Trans ha sido un foco de conflicto constante entre las dos almas del Gobierno de coalición. El PSOE ha pactado con el PP retrasar la tramitación de la norma, con la evidente intención de ganar tiempo dilatando por quinta vez su aprobación. El foco de la discordia es la cuestión de la autodeterminación de género que contempla la ley. O sea, la autorización para cambiar legalmente de identidad de género en el registro sin pruebas psicológicas ni médicas.
Que el PSOE haya optado por forzar la prórroga de la ley es la enésima manifestación de la pugna entre el feminismo capitaneado por Carmen Calvo y las tesis queer de Irene Montero.
No resulta descabellado que una de las familias del feminismo socialista cuestione una medida que permitiría cambiar nominalmente el género a voluntad. Sobre todo, porque el rechazo de parte del PSOE a la autodeterminación de género encuentra respaldo entre una mayoría de médicos y psicólogos. Son incontables los profesionales que han dado la voz de alarma sobre los peligros que entraña la eliminación del diagnóstico psiquiátrico de la disforia de género.
En los últimos años se ha producido una inaudita explosión en el número de casos de reasignación de sexo. Los datos invitan a pensar que el transgenerismo tiene un importante componente ideológico y cultural. Por eso, debe ser muy ponderada cualquier legislación encaminada a normalizar tratamientos hormonales o quirúrgicos irreversibles en una población vulnerable como la infantil y la adolescente.
No sería deseable que, una vez más, una ley de enorme enjundia bioética, y que previsiblemente tendrá grandes implicaciones sociales y culturales, sea tramitada por la vía de urgencia, como sucedió con el aborto o la eutanasia. En cualquier caso, los riesgos asociados a la Ley Trans sobrepasan con mucho el dudoso bien que puede hacer en un sector muy minoritario de la sociedad española.
La ultraderecha politiza el dolor para su xenofobia
La revelación de los detalles del asesinato que acabó con la vida de la joven Lola Daviet han conmocionado a Francia. La pequeña de 12 años fue hallada el pasado viernes en el interior de un baúl. La autopsia determinó que Lola había sido asfixiada.
La asesina confesa, una mujer de origen argelino llamada Dahbia R., relató al juez cómo torturó y violó a la niña. Por supuesto, la extrema derecha francesa no ha perdido la oportunidad de instrumentalizar este suceso atroz para alimentar su discurso xenófobo. Es evidente que el asesinato de Daviet es un macabro crimen propio de una mente siniestra. Pero no es menor la perversidad de quienes lo aprovechan para arremeter contra la inmigración en general.
La ultraderecha prácticamente ha responsabilizado al presidente francés de la muerte de la niña, acusándole de amparar unas políticas migratorias "laxas" que toleran a personas "que no deberían estar en el país". A la cabeza de este discurso tóxico se ha puesto Éric Zemmour. No sorprende. En su Twitter habló de "francocidios" cometidos "siempre por los mismos".
Pero lo cierto es que nada tiene que ver la condición criminal con la de inmigrante en situación ilegal. Una argumentación obscenamente falaz que politiza homicidios y violaciones para defender un racista endurecimiento de la política migratoria.
*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.