La carta con la que el PP ha pedido volver a negociar la renovación del Poder Judicial ha sido desestimada por el Gobierno, que por boca de Félix Bolaños ha acusado a los populares de "aparentar" e incluso de hacer "teatrillo". 

La misiva del PP supone, en cualquier caso, un avance en dos puntos muy concretos.

En primer lugar, porque desvincula la renovación del órgano de gobierno de los jueces de la pretensión de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de devolver dicha potestad a los jueces. Y esa ha sido una reclamación que EL ESPAÑOL ha venido exigiendo desde hace meses: que el PP negocie la renovación de la institución sin supeditarla a esa exigencia concreta. 

En segundo lugar, porque añade a la renovación del CGPJ la del Tribunal Constitucional, que es hoy el interés prioritario del Gobierno. Aunque también al PP le interesa elegir al sustituto del exmagistrado Alfredo Montoya. 

Finalmente, parece razonable la exigencia de pactar una proposición de ley destinada a despolitizar la Justicia y que imposibilite que quienes han ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores sean nombrados vocales del CGPJ o accedan al cargo de fiscal general del Estado. 

La despolitización de la Justicia no sólo es imprescindible, sino que es una demanda de las instituciones europeas que deberíamos haber acometido ya. 

Sospecha de inconstitucionalidad

El único acuerdo que parece hoy posible entre ambos partidos, y que es el que defiende este periódico, es uno destinado a la renovación de los vocales del CGPJ que implique también un acuerdo sobre el Tribunal Constitucional. Ese acuerdo debe ser inmediato y ni PP ni PSOE, como se suele decir en el caso de negociaciones agónicas como esta, deberían levantarse de la mesa hasta haber pactado dicha renovación.

El acuerdo debería incluir la condición de que las competencias del CGPJ vuelvan a su estado original. Es decir, que estas sean devueltas de inmediato y que la ley que ha permitido su sustracción sea dejada sin efecto.

En primer lugar, porque el Gobierno no debería haber sustraído al CGPJ competencias esenciales que derivan de una atribución directa de la Constitución. Y menos hacerlo como herramienta de presión contra el PP. Algo que, además, se ha revelado ineficaz.

En segundo lugar, porque sobre la sustracción de parte de las competencias del CGPJ a manos del Gobierno pende la sospecha de una evidente inconstitucionalidad.

Esta grave tacha debería, además, haber sido solventada en un sentido u otro por el Tribunal Constitucional, que ha preferido meter el asunto en un cajón, coadyuvando a un deterioro inadmisible de la situación del Tribunal Supremo. 

El hecho de que el PP esté abierto a negociar la renovación del CGPJ con la actual ley supone un avance de calado que no debería ser despreciado por el Gobierno. Los populares no han renunciado a cambiar la ley, pero sí aceptan que esa reforma deberá esperar a su hipotética vuelta a la Moncloa. Es tarea del Gobierno tomar ahora la iniciativa para llegar a un acuerdo que ponga punto final a esta grave crisis institucional.