Es difícil no sentir un rechazo visceral por el irritante espectáculo que los partidos políticos españoles ofrecieron ayer en el Congreso de los Diputados en relación con los casos de abusos a menores que copan las portadas de los medios de prensa nacionales. 

Desde que los primeros indicios de abusos sexuales a menores tuteladas en Mallorca salieron a la luz a finales de 2020, no ha pasado una sola semana en la que PP y PSOE, por no hablar de los partidos populistas y nacionalistas, no hayan utilizado este asunto como herramienta arrojadiza contra el contrario. 

Si los abusos se daban en Mallorca, el PP atacaba al PSOE balear y sus socios locales. Algo a lo que ciertamente contribuía la sospechosa negativa del Gobierno autonómico a investigar el caso.

Si los abusos que salían a la luz eran los del exmarido de la vicepresidenta autonómica valenciana Mónica Oltra o los de los servicios sociales valencianos, el objetivo a derribar era la propia Oltra e, indirectamente, Ximo Puig.

Si la noticia surgía en Madrid, el PSOE pedía investigar a fondo en la Comunidad, pero se negaba a hacer lo propio en Valencia y Baleares. 

Abusos selectivos

Ayer, el Congreso dio el primer paso para investigar los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Lo hizo con la negativa de PP y Vox.

¿Por qué? Porque ambos partidos habían pedido ampliar dicha investigación a "cualquier agresión" contra menores cometida en nuestro país, algo que habría incluido los abusos a niños tutelados en Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares.

Pero el PSOE y Unidas Podemos impusieron su mayoría y se negaron a dicha ampliación. El Congreso sólo investigará ahora una pequeña parte de los abusos a menores cometidos en España. Aquellos que puedan ser imputados a la Iglesia.

Una Iglesia que ha albergado y ocultado abusos en el pasado, es cierto, pero que también ha cobijado, protegido y formado a esos menores desamparados y que no puede ser juzgada de forma demagoga, como si fuera una enmienda a la totalidad, por dichos abusos. ¿Qué institución política, religiosa o civil sobreviviría juzgada con ese mismo baremo?

Hay asesinados y asesinados

La utilización de los abusos a menores como consumibles de la batalla política se suma a otras decisiones lamentables de nuestros líderes políticos. Como la del Ministerio de Igualdad, que sólo contabiliza como menores asesinados a aquellos que han sido víctimas de su padre, pero no a los que han sido asesinados por su madre. 

Es difícil esquivar el uso de determinados calificativos a la vista del comportamiento de una clase política que sólo baja la vista hacia las víctimas si estas pueden ser utilizadas propagandísticamente o si el abusador o el asesino encajan en el perfil de los hombres de paja con los que buscan enfrentar a los ciudadanos: el heteropatriarcado, la izquierda "pederasta", la Iglesia, el sexo masculino, la derecha "corrupta"…

Si los políticos desean organizar una comisión de investigación para investigar estos hechos en paralelo a las pesquisas de la Justicia y de la policía, que así sea. Incluso sabiendo que esas comisiones son muchas veces poco más que una oportunidad para que los menos escrupulosos de esos políticos ejecuten su enésima exhibición grandilocuente destinada a los telediarios de la noche. 

Pero si lo hacen, esas investigaciones deben incluir todos los casos de abusos a menores. Sea quien sea el abusador, sea cual sea el signo político de la comunidad en la que se hayan producido esos delitos, sea quien sea el perjudicado por las revelaciones que puedan brotar en esas comisiones.

Los menores abusados no se merecen esta doble violencia. La primera, a manos de su abusador. La segunda, a manos de unos políticos incapaces de evitar la tentación de arrojar a la cara de sus rivales hasta el más miserable de los crímenes.