El PP ha presentado un escrito ante la Mesa del Congreso en el que pide que la comisión de investigación sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia se amplíe a los que han sufrido los menores tutelados por la Administración.

Los servicios jurídicos del Congreso han dado este martes su visto bueno a la propuesta presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu para investigar los abusos sexuales sufridos por menores en el seno de la Iglesia católica.

La iniciativa coincide con las instrucciones que ha impartido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para investigar todas las causas que estén actualmente en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores, cometidos por religiosos.

Por su parte, el PP ha replicado a la propuesta de Unidas Podemos reclamando que la investigación del Congreso de los Diputados se amplíe a la violencia sufrida por "todos los menores, con independencia de la naturaleza física o jurídica, pública o privada causante de los abusos", de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la infancia y la adolescencia.

Las terribles secuelas

El escrito registrado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, señala que "la violencia sobre menores de edad es una realidad execrable" que "puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, como las esferas familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los incidentes".

Y recuerda que este fenómeno puede causar a los afectados secuelas como "problemas de salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual".

Aunque no lo menciona expresamente en su escrito, el PP presentó el pasado mes de diciembre una denuncia en la que pedía al Defensor del Pueblo que investigue los casos de menores prostituidas y que sufrieron abusos sexuales, cuando se encontraban bajo la tutela de la Generalitat valenciana y el Consell de Mallorca.

En la Comunidad Valenciana, en tan solo un año se ha activado 175 veces el protocolo sobre posibles abusos sexuales a menores tutelados. 

Madrid, Valencia y Baleares

La Audiencia Provincial de Valencia confirmó en diciembre de 2019 la condena de cinco años de cárcel al exmarido de la consejera de Igualdad Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, por un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada en el centro en el que trabajaba como monitor. La líder de Compromís, Mónica Oltra, ha alegado que pecó de "ingenuidad" en este escándalo.

En el caso de Baleares, la violación grupal sufrida en la Nochebuena de 2019 por una joven sacó a la luz numerosos casos de prostitución y abusos de menores que permanecían bajo la tutela del Consell de Mallorca. 

Esta institución (gobernada por el PSOE, Podemos y los independentistas de Més) creó una comisión de investigación, cuyas conclusiones estaban encaminadas a eximir de toda responsabilidad al equipo de gobierno.

Más recientemente, la Policía Nacional ha destapado una red de prostitución infantil en Madrid y ha liberado a diez víctimas, tres de las cuales residían en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid. 

Entre los 37 detenidos se encuentran un cantante de rap conocido como Saymol Fyly, con más de 150.000 suscriptores en Youtube, y un sujeto de nacionalidad ecuatoriana que ya fue arrestado en agosto de 2021 por asesinar a un hombre de un puñetazo en el barrio de Puente de Vallecas. 

Los integrantes de la banda contactaban con las menores a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que también suministraban sustancias estupefacientes.

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