Inoperantes, irresponsables y antipatriotas

Una semana después de la gota fría, seguimos sin saber la cifra de personas desaparecidas, una de las tantas omisiones institucionales de las administraciones central y autonómica.

Administraciones que, concurrentes en culpa y responsabilidad, se han dedicado a dirimirlas públicamente y a lanzarse acusaciones cruzadas en el momento que mayor coordinación y trabajo conjunto necesitaba.

Una de las calles de Paiporta (Valencia) encharcadas por las lluvias. EFE

"Nos han dejado solos" y "aquí no ha venido nadie" es lo que, de forma generalizada, escuchamos de los vecinos de Paiporta, Alfafar, Catarroja y otras localidades afectadas.

Eso, y la respuesta institucional ante el grito de socorro. Esas palabras de Pedro Sánchez cuando la cifra de fallecidos era ya de 211: "Si necesitan recursos, que los pidan".

Palabras dignas de quien ignora el dolor de sus administrados. Una prepotente dejación de funciones que debería costarle la presidencia.

Sánchez habló para toda la Nación como si Valencia no fuera España y como si en la gestión de la catástrofe nada tuviera que hacer la Administración central que él preside.

Se amparó para ello, el Gobierno y todo el equipo de opinión sincronizada que salió al rescate de este, en el Estado de las autonomías. Un modelo de organización territorial que, de nuevo, porque ya lo hizo en pandemia, se ha demostrado fallido.

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Intencionalmente nos han metido en este debate mediático para que afines del PP y del PSOE se acusen recíprocamente de la inacción institucional y se exculpen a ellos mismos. Y todo ello mientras los afectados siguen achicando agua, buscando a sus familiares y conviviendo con cadáveres.

Pero lo adecuado era hablarles a todos ellos de cuestiones competenciales, claro. 

Lo cierto es que la reacción y la gestión de la Generalidad Valenciana de Carlos Mazón fue tardía, insuficiente y negligente. Entre otras cuestiones, por una alarma que, de haber sido lanzada en el momento que tocaba, podría haber salvado vidas.

Por su parte, y ante la demostrada ineptitud de Carlos Mazón, la Administración central, el Gobierno, no sólo tenía el deber moral de actuar para salvaguardar la vida de los ciudadanos y minimizar los daños, sino que además está legitimada para ello.

No quiero pararme demasiado en este asunto porque, reitero, es un debate interesado y específicamente diseñado para que no se asuman responsabilidades políticas. Debate, además, manifiestamente injusto para unas personas afectadas que observan a ambas administraciones, parapetadas tras el modelo autonómico, acusarse mutuamente.

La tardía reacción de la administración autonómica y ante todo, la dimensión de la catástrofe, requerían de un mando y dirección nacional. Y el Estado está legitimado para ello a través de varios instrumentos jurídicos.

El primero, el dispuesto en la Ley 17/2015 de Protección Civil, que atribuye al Estado la competencia sobre las emergencias que afecten al interés nacional, siendo esto además fijado y desarrollado jurisprudencialmente, entre otras, por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010.

Cosa diferente es que el Gobierno no considere de interés nacional la tragedia que estamos viviendo. Parece ser que de mayor interés nacional era "adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE".

3 de noviembre. Dos días después de la gota fría. De la mayor catástrofe natural en España durante décadas. Y esto, una resolución para enchufar a sus partidarios en la televisión pública, es lo que sale del Parlamento. Un insulto a todas las personas afectadas por la gota fría y un ultraje al luto nacional de ese día.

Otro instrumento jurídico es el Estado de alarma. Recuerdo, para quienes arguyen que el decretado en pandemia fue declarado inconstitucional, que lo fue por su extensión y no por su legitimación. Porque el Estado está legitimado para decretar el Estado de alarma y asumir la gestión de la catástrofe de acuerdo con el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio.

Pedro Sánchez no lo hizo por puro tacticismo y para que se abrasara a solas el adversario político. Pregúntense honestamente si el Gobierno habría actuado igual si la Generalidad Valenciana hubiera estado en manos del PSOE.

El Gobierno autonómico de Mazón no actuó diligentemente por ineptitud. El Gobierno central, por mezquindad.

Y se debe exigir por igual la dimisión de Carlos Mazón y la de Pedro Sánchez.

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Eso hacemos los ciudadanos no sectarizados y a los que nos importa el qué y no el quiénes. Que atendemos a la negligencia en sí misma y no a quien la haya cometido.  

Del debate interesado sobre la cuestión competencial podemos extraer como conclusión, por los hechos y por como ellos mismos lo han planteado, la inoperancia e ineficacia del modelo autonómico. Un modelo fallido, pero que se planteó, nos dijeron, para acercar la Administración al ciudadano.

En esta tragedia, sólo ha servido para autoexculpar a la clase política. Y ha acabado costando vidas.

A los familiares de esas víctimas vienen a hablarles de burocracia, permisos y competencias para actuar ante la tragedia y la emergencia.

¿A dónde deberíamos mandarles con su falaz remilgo jurídico?

Lo mismo ocurre con ese esquema ideológico autonómico que nos roba el dolor y la aflicción a quienes pertenecemos a una misma patria. Y todo ello para que nos distanciemos en base a "solidaridades interterritoriales".

Esto también subyace en esa metáfora del confederalismo que es la expresión "si necesitan ayuda, que la pidan". 

Cinco días después de la tragedia, los reyes, Carlos Mazón y Pedro Sánchez se presentaron en Paiporta, una de las localidades más afectadas por la gota fría. Vaya por delante la condena a la agresión física a Pedro Sánchez, que nada resuelve y que sólo ha servido para enfrentar más a los partidarios de unas y otras siglas.

Por lo demás, la reacción de los vecinos de Paiporta no se puede calificar más que de esperable y compresible. Con los ciudadanos embarrados hasta las cejas, entre escombros de hogares destrozados, todavía buscando sus allegados y sin ayuda institucional, ¿pretendían los políticos ser recibidos con abrazos y sonrisas? ç

Lo ocurrido en Paiporta fue una legítima expresión de rabia e indignación que compartimos muchos españoles.  

El rey Felipe VI, el pasado domingo, 3 de noviembre, en Paiporta. Gtres

Sin embargo, el relato ya estaba servido. No se lo pensaron mucho. Más bien fue lo de siempre: "Ultraderecha todo el que no le baile el agua al Gobierno".

Pedro Sánchez despachó el asunto aludiendo a "algunos violentos y elementos marginales", sin esbozar un "perdón por la inacción", y sin una mínima comprensión frente a la indignación, no de unos elementos marginales, sino de un pueblo en concreto que bien representaba la emoción de buena parte de la nación.

A las pocas horas, el PSOE ya estaba filtrando un documento (sin firma) que atribuía los incidentes en Paiporta a grupos de extrema derecha.

Les valió para hacerlo que entre los abucheadores figurara un niñato con una camiseta neonazi y tres tuits de los exaltados de extrema derecha que conocemos todos.

Ese informe "de investigación", obedientemente replicado por algunos medios, ha servido y seguirá sirviendo para criminalizar a cualquiera que proteste.

Porque los bulos no son sólo cosa de la extrema derecha. Y nadie niega que la extrema derecha se aprovecha de las situaciones de desamparo, que sabe canalizar la indignación que aparece en ellas, y que por el camino crece la adhesión a sus postulados.

Pero ellos están organizados y movilizados y brindaron ingente ayuda a los damnificados mientras el progresismo mediático lloraba con aquello de "hemos perdido la calle y el relato" y asumía el relato del PSOE que insulta a quienes lo han perdido todo.

Esos "progres" son máquinas de fabricar votantes de derechas, y siguen sin preguntarse por qué están perdiendo lo único que disputan, el relato. Son ellos quienes dejan por los suelos el nombre de las izquierdas.

Nos gobiernan los peores en el peor momento. A la izquierda, con un Gobierno mezquino, y a la derecha, con una Generalidad incompetente.

Sufrimos una clase política inoperante, irresponsable y antipatriota.