Una de las cosas básicas que el recién llegado aprende al mudarse a España es que debe asegurarse por partida doble.
Por una parte, tiene que empezar a cotizar en la Seguridad Social, para las emergencias y asuntos de salud mayores.
Y, por la otra, debe apresurarse a contratar un seguro privado para los chequeos de rutina.
Lo segundo que se aprende es que el trato que se recibe por parte de los médicos en este país suele ser pésimo. Y en esto no hay distinciones entre lo público y lo privado.
Manifestación convocada en Madrid contra la gestión de la Sanidad pública. EFE
No basta con haber obtenido una cita. Hay que merecerla. El aspirante a paciente debe desarrollar diversas dotes actorales para que el médico general le preste atención, acceda a prescribirle los exámenes que necesita o derivarlo a un especialista. Otro truco fundamental de sobrevivencia, que me han recomendado varios amigos, es perder la vergüenza e ir a Emergencias hasta por un resfriado.
Si esto es así en ciudades relativamente pequeñas como Málaga, que es donde vivo, no me quiero imaginar cómo será en Madrid. Por eso, no es extraño que haya habido una gran manifestación en protesta por el estado de la Sanidad pública, como la que allí tuvo lugar este domingo. Lo verdaderamente extraño es que no haya una protesta así, cada semana, en todas las regiones del país.
En este sentido, me han sorprendido las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó, palabras más, palabras menos, que la manifestación no fue en defensa de la Sanidad pública, sino un caballo de Troya de la ultraizquierda para posicionar un nuevo liderazgo en la capital.
Es evidente que las manifestaciones de este tipo nunca son del todo espontáneas y que siempre van a ser aprovechadas mediática y políticamente por quien esté en la oposición en ese momento.
Sin embargo, en este caso, el problema de fondo es real. Esperas de meses para obtener una cita médica, el maltrato habitual por parte de muchos médicos, diagnósticos dudosos o abiertamente errados y un largo etcétera. Esto desde el punto de vista de la ciudadanía.
Desde el del gremio médico, el panorama es aún más desolador. Miles de médicos españoles, formados en España, han emigrado en los últimos años a otros países atraídos por unas condiciones laborales mejores y más dignas. El déficit de practicantes hoy es de más de 5.000. Y según unas recientes declaraciones de Javier Millán, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, para el año 2027 el déficit de médicos pudiera alcanzar la cifra de 9.000.
Estos son los indicios inocultables de una falla estructural que afecta los servicios de salud en toda España y de la cual no puede responsabilizarse a un solo Gobierno. La molestia por la crisis en la Sanidad pública es genuina y resulta absurdo achacarlo a una especie de protocolo de Sion, como lo ha hecho Ayuso.
Mientras esto sucede en la Comunidad de Madrid, los del Gobierno central marchan en una dirección opuesta, pero igualmente preocupante. Si Ayuso anda viendo conspiraciones ultraizquierdistas por doquier, Pedro Sánchez, en su infinita genuflexión hacia el independentismo catalán, quiere ahora modificar el Código Penal para eliminar el delito de sedición.
Así, viendo sediciones donde no las hay, o negando por vía legislativa las que sí ha habido, el PP y el PSOE continúan jugando su partida de tenis, con miras a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo de 2023. Después de estas, vendrán las elecciones generales. Y allí, vuelta a empezar el circo de la politiquería.
En esta partida, la población no es el público, me temo. Es la cada vez más aporreada pelota, que a veces cae por la izquierda y otras por la derecha.
