La muerte súbita del profesor Charles Tiebout a los 43 años privó en 1968 a la ciencia económica de uno de sus más prometedores genios. Había tenido tiempo sin embargo de dejar para la posteridad un ensayo titulado A pure theory of local expenditures que suscitó un debate todavía abierto.
Su gran argumento conocido como "el modelo de Tiebout" es que, cuando un gobierno local adopta una determinada política fiscal, estableciendo prioridades en sus ingresos y gastos, tiende a moldear una comunidad a su imagen y semejanza.
La decisión de Rafael del Pino.
Es decir, si gasta mucho en escuelas, atraerá a parejas jóvenes; y si invierte en hospitales, tendrá residentes de mayor edad. Si subsidia más que otros lugares a los parados, pronto acumulará muchos desempleados; y si ofrece incentivos tributarios a las empresas, se rodeará de polígonos industriales y parques tecnológicos.
Esta teoría ha sido luego aplicada al ámbito regional y nacional, partiendo del requisito de que exista movilidad entre los distintos territorios, y ha quedado vulgarizada como el derecho a votar con los pies. La antigua Europa del Este con sus fronteras cerradas y su muro de Berlín protegido por soldados con orden de tirar a matar era la antítesis del modelo. Los Estados Unidos y la actual Unión Europea son, en cambio, su mejor exponente.
Y en este segundo espacio es en el que Rafael del Pino Calvo-Sotelo, la tercera fortuna nacional, ha ejercido ese derecho, al trasladar la sede social de Ferrovial y probablemente su residencia fiscal desde España a los Países Bajos.
De todos los grandes dirigentes del Ibex, Del Pino probablemente sea el más reflexivo e inescrutable. Bajo una capa de elegante y cosmopolita cordialidad siempre aparece un blindaje que ni siquiera las sofisticadas tuneladoras que han horadado el Támesis, en uno de los proyectos más vanguardistas de Ferrovial, serían capaces de perforar.
Educado a la sombra del fortísimo carácter de su padre y curtido por duras adversidades personales, Del Pino ha sido capaz de transformar una constructora mediana en un gigante mundial de las infraestructuras. También ha demostrado sensibilidad por la cultura, el mecenazgo y la sostenibilidad, con la Fundación Del Pino como mascarón de proa de ese rostro amable.
"Para desgracia de Sánchez, los inversores creen que a Ferrovial le va a ir mucho mejor en Países Bajos que en España"
Durante estos años no le he visto demasiadas veces, pero sí las suficientes como para que si hubiera sentido una animosidad especial hacia el actual gobierno la hubiera transmitido. Que yo sepa, nunca ha salido de su boca esa expresión que literalmente sí he escuchado de labios de al menos media docena de otros grandes empresarios españoles: "Como Sánchez siga haciendo y diciendo estas cosas, me llevo la sede de la empresa a…".
Del Pino lo ha hecho a la chita callando, preparando discretamente la jugada, y eso es lo más criticable de su decisión de "votar con los pies": no haber entablado previamente un diálogo con el Gobierno para explorar la compatibilidad entre la estrategia de expansión internacional de Ferrovial y el inestable, o al menos mutable, marco legal español.
Pero también cabe reprochar al Gobierno que no haya mantenido el mismo nivel de interlocución de los dos primeros años de legislatura con las grandes empresas y no haya sido capaz de detectar por tanto el riesgo de la marcha de Ferrovial. Esa eventualidad tenía que haber estado en el radar al menos de la vicepresidenta Económica y la ministra de Hacienda.
El desenlace es doblemente frustrante cuando tantos esfuerzos se hacen desde la Moncloa, con la constante implicación personal del presidente, por atraer capital extranjero -la inversión de Microsoft en Madrid es el último ejemplo- y cuando los mercados están avalando a Del Pino ante sus accionistas con una significativa revalorización desde el anuncio de la marcha.
Para desgracia de Sánchez, no es ya Del Pino sino los inversores quienes creen que a Ferrovial le va a ir mucho mejor en Países Bajos que en España. Está por ver que eso suceda pero es un hecho que el gobierno del tantas veces denostado Mark Rutte ha colocado a su país en el cuarto puesto del ranking mundial de competitividad, mientras nosotros ocupamos el 23.
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No es de extrañar que los grandes empresarios que vienen amagando con hacer lo mismo que Del Pino -y a los que hay que persuadir con buenos argumentos de que no lo hagan- se refieran en términos muy críticos a Pedro Sánchez. Amor con amor se paga.
El presidente nunca menciona por su nombre y apellido a esos "empresarios extraordinariamente comprometidos con su país" a los que el jueves contrapuso con el "antipatriota" Del Pino. Sería bueno que lo hiciera. Máxime cuando no le duelen prendas en señalar que "si el señor Galán y la señora Botín protestan es que vamos por la buena dirección". O en permitir impávido que haya ministros que descalifiquen a Amancio Ortega, Juan Roig, Garamendi o Luis de Guindos.
En definitiva, todos son figuras públicas y saben a lo que se exponen cuando la demagogia campa por sus fueros en un sector del Consejo de Ministros. Lo peor para ellos no es lo que dice Sánchez sino lo que hace. Sobre todo, desde que en la pasada primavera inició su cruzada contra los "señores de los puros" para tratar de identificar a Feijóo con la oligarquía.
"No es propio de un 'marco legal estable' que de la noche a la mañana se establezcan unos impuestos especiales a la banca y a las energéticas"
Al parecer, lo que más le ha dolido al Gobierno es la insinuación de Ferrovial de que en España no existe ese "marco legal estable" que dice ir buscando en Países Bajos. Conviene subrayar que España es una democracia plena en la que rige el Estado de Derecho, pero Del Pino ha puesto el dedo en la llaga.
Desde luego no es propio de un "marco legal estable" que de la noche a la mañana se imponga una doble tributación a los dividendos repatriados del exterior. O que se establezcan unos impuestos especiales a la banca y a las energéticas, por el mero hecho de que las circunstancias les sean favorables. O que, para hacer abstracción del hecho de que cuanto más gana una empresa, más tributa, se graven no sus beneficios sino sus ingresos. O que se cree un eufemístico "impuesto de la solidaridad" que castiga a los residentes en Madrid y Andalucía que tengan un patrimonio fruto de haber ahorrado parte de las rentas por las que ya tributaron copiosamente en su día.
Todo esto es legal pero no da estabilidad a quienes toman decisiones a largo plazo. Por algo se han organizado en la Costa del Sol reuniones promovidas por instituciones portuguesas incitando a los residentes adinerados a "votar con los pies", trasladándose a Lisboa, al amparo de un gobierno socialista muy distinto del que tuvo que formar Sánchez.
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La reacción gubernamental acusando a Países Bajos de dumping fiscal -supongo que Sánchez no se lo dirá a Rutte cuando le pida ayuda para su semestre europeo- es la misma que se produjo cuando Madrid y Andalucía bonificaron al cien por cien impuestos transferidos como Patrimonio, Sucesiones o Donaciones.
Nadie discute que la armonización fiscal es un principio deseable, pero choca con los de autonomía y corresponsabilidad. Poca fuerza moral vamos a tener desde España al impulsar ese debate a nivel europeo, cuando no somos capaces de cuestionar la anomalía de los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
Sólo dentro de una Europa Federal cabría restringir las ventajas fiscales que, además de Países Bajos, ofrecen Luxemburgo o Irlanda. Y en todo caso, en un mundo global, en el que las empresas europeas compiten con las norteamericanas, chinas o japonesas, es inimaginable una armonización tributaria por arriba como la que reclaman Sánchez y sobre todos sus socios y aliados.
"Desde que Sánchez es presidente del Gobierno no ha habido una sola gran iniciativa destinada a reducir el gasto público clientelar, duplicado o ineficiente"
Fundamentalmente porque en ningún otro país de Europa hay ministras atrabiliarias como Irene Montero y Ione Belarra o ejercen el poder fáctico individuos como Otegi, Junqueras o el Emérito de Podemos.
El verdadero quid de la cuestión está en ese triángulo fiscal de las Bermudas que forman en España la ineficacia del gasto público, el tamaño de la economía sumergida y el desmedido esfuerzo tributario -esfuerzo, esta es la palabra clave- que, para financiar lo uno y lo otro, soportan los asalariados y las empresas.
Desde que Sánchez es presidente del Gobierno no ha habido una sola gran iniciativa destinada a reducir el gasto público clientelar, duplicado o ineficiente. Toda su política económica, acuciada es verdad por la necesidad, ha estado impregnada por la doctrina del incremento del gasto, bendecido con el adjetivo de "social".
Para un gobierno de coalición, infectado por el virus del populismo extremista, primero la pandemia y ahora la guerra de Ucrania han supuesto sendas oportunidades para eludir tanto las reglas fiscales de la UE como la prudencia en la administración.
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Sobre ese telón de fondo, agravado por la huida hacia adelante propia de todo año electoral, se ha producido la lamentable sobrerreacción a la decisión de Ferrovial.
El atrio del poder, en el que se relacionan los gobernantes con las empresas y la sociedad civil, no puede ser el patio de Monipodio de la Gürtel, la Kitchen o el caso Mediador -cuya dimensión ignoramos-, pero tampoco debe convertirse en el muro de las lapidaciones de quienes contrarían al Ejecutivo.
Alegar que una empresa de infraestructuras "le debe todo a España" por el hecho de haber licitado, conseguido y ejecutado contratos públicos es tan absurdo como lo sería replicar que es España la que "les debe todo" a esas empresas que la han modernizado.
"El Gobierno debería conservar la serenidad ante una situación de hechos consumados tan desagradable como esta"
Nadie puede pretender que esa sea una relación altruista. Nos basta con que no esté trufada por la corrupción, como desgraciadamente ha venido siendo endémico en España. Seguro que en Paises Bajos nadie le pide a Ferrovial un 3% de comisión para alimentar la secesión de uno de sus territorios como la que terminó pagando oprobiosamente en el caso Palau.
Aunque a cualquiera le gusta más tender puentes o líneas de alta velocidad cerca de su casa, los buenos empresarios acuden allí donde ven oportunidades de retribuir a sus accionistas. En lugar de llamar a Rafael del Pino "codicioso", todos deberíamos sentirnos orgullosos de la internacionalización de las empresas españolas y del empleo y la actividad económica que esa expansión les ayuda a crear aquí.
El Gobierno debería conservar la serenidad ante una situación de hechos consumados tan desagradable como esta. Es un error que el presidente del Gobierno insista en convertir el inevitable debate sobre las ventajas e inconvenientes de España como entorno empresarial en un tercer grado sobre la integridad moral de Rafael del Pino.
A nadie perjudica más esa deriva que al propio Sánchez. En definitiva, su problema no va a ser que unos pocos puedan "votar con los pies", bien en modo pedestre o simplemente patoso, sino que la gran mayoría va a hacerlo con la cabeza. Y esta semana con el Tito Berni a vueltas, los beneficiados por el "sí es sí" por encima de 700 y Del Pino vilipendiado, ha cundido la sensación de que su llama corre el riesgo de extinguirse. De que, como en aquellos versos de Espronceda, "largo tiempo se oyó su cantar/y a lo lejos el flébil quejido/ poco a poco armonioso expirar".
Menos mal que el demócrata Abascal y el joven Tamames acudirán bien pronto a rescatarle.
