Con estas palabras, hace poco más de un año, Nadia Calviño, vicepresidenta primera, felicitaba a Rafael del Pino, presidente de la empresa, por ser reconocido como Líder Empresarial del Año 2021 en la Gala Anual de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York. Días de vino y rosas en la relación entre el Gobierno de España y Ferrovial, uno de las mayores empresas de nuestro país. 

Pero este martes todo se torció. 

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El anuncio de Ferrovial de marcharse a Países Bajos ha desatado una nueva crisis en España, sobre todo porque la decisión de la empresa liderada por Rafael del Pino ha sido totalmente inesperada. El Gobierno ignoraba los planes de la multinacional, y tanto el presidente Pedro Sánchez como los ministros han cargado contra ella. 

Entre otras cosas, por los argumentos utilizados por Ferrovial el martes. Entre ellos, la compañía dejó caer que se marchaba de España para contar con un "marco jurídico estable", algo que daba a entender que el de nuestro país no lo es. Esta declaración causó indignación en Moncloa y en los ministerios. 

Es más, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia varios miembros del Ejecutivo se han reunido estos días con el propio Rafael Del Pino para abordar la situación. En estos encuentros se le reclamó que no pusiera en duda el marco jurídico español. Le avisaron de que este tipo de valoraciones suponen un importante perjuicio para la imagen de España, tanto como Estado como ecosistema para hacer negocios. 

Lo cierto es que ha sido después de estas reuniones cuando Ferrovial envió un documento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que describía los objetivos para mudarse a Países Bajos y cómo hacerlo.

Sede de Ferrovial en Madrid. Europa Press.

Entre ellos, la búsqueda de una mayor seguridad jurídica es un criterio prácticamente inexistente. Ferrovial carga el peso de la decisión en la búsqueda de mejorar sus condiciones de financiación y poder cotizar, de forma directa, tanto en Madrid como en Nueva York. Es decir, sin tener que recurrir a los American Depositary Receipts (ADR).

En el Ejecutivo sentó muy mal que la compañía, una de las principales empresas españolas por capitalización, anunciara su marcha sin dar ningún toque de atención al Gobierno. Solo después de enviar el comunicado a la CNMV, el propio Rafael del Pino se dirigió, telefónicamente, a explicar el movimiento a Pedro Sánchez y Nadia Calviño, presidente y vicepresidenta del Gobierno. 

Casi en paralelo, varios miembros del Gobierno hicieron lo mismo en sentido contrario. Es decir, llamaron a Ferrovial para pedir explicaciones y hacerle saber su desacuerdo y malestar con la iniciativa de Ferrovial. Entre ellas, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministras de Hacienda y de Transportes, respectivamente. 

De hecho, estos reproches se han producido en privado y en público. Tanto Pedro Sánchez como varios miembros de su gabinete han cargado contra Del Pino por una decisión que consideran que va contra el propio país. "Es la tercera o cuarta fortuna de España y se ha hecho gracias a nuestro país a la contribución de los españoles", reprochaba el presidente del Gobierno este viernes. 

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Ante estos ataques, Del Pino y Ferrovial han tratado de ejecutar una suerte de contención de daños diplomática. A iniciativa del empresario, se ha citado personalmente con varias de las ministras para explicar su decisión y tratar de rebajar la tensión generada. 

Entre ellas, están las mencionadas Raquel Sánchez y Yolanda Díaz. En los encuentros, contrastados por varias vías, Del Pino ha dado sus argumentos para la operación y ha asegurado que la aportación de Ferrovial a España, tanto en inversiones como en impuestos y en empleo no se va a tocar.

Estos movimientos también se están produciendo en niveles inferiores. Equipos técnicos de Ferrovial ya se han reunido con representantes de la Agencia Tributaria y de la CNMV para comenzar a preparar la marcha a Países Bajos. 

¿Puede el Gobierno hacer algo para evitar la marcha de Ferrovial? Difícil. ¿Puede entonces complicar su operativa en España o su participación en concursos públicos, una de las especialidades de la multinacional? Según fuentes de las administraciones, eso es prácticamente imposible.

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Hacerlo sería ir contra las reglas de competencia y, posiblemente, acabar en un juicio que el sector público acabaría perdiendo. Por ello, el Gobierno ni siquiera contempla esta estrategia. 

Lo que sí ha hecho el Ejecutivo ha sido consultar a los grandes del Ibex para conocer sus intenciones de futuro. Por lo pronto, las grandes empresas de España aseguran no tener planes parecidos. 

Sin embargo, esto puede ser un escaso consuelo. Los planes de Ferrovial eran secretos y estaban bajo llave hasta que la compañía lo desveló. Una historia que, inesperadamente, podría repetirse.