Ejemplos de loot boxes.
España regula las recompensas aleatorias de videojuegos: prohibidas a menores de 18 años
Se requerirá autentificación biométrica para los mayores de 18 mediante DNI y se impondrán sanciones de hasta 3 millones de euros en casos graves.
1 julio, 2022 13:43Hace pocas semanas se anunció en España una ley específica para regular las cajas de botín o loot boxes de los videojuegos actuales. Así se convertía a España en el primer país europeo con una ley de este calibre, estableciendo que este tipo de sistemas de monetización estarían bajo el escrutinio del gobierno. Hoy, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha presentado el primer borrador del anteproyecto.
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Hay que aclarar que estas medidas pertenecen a un borrador que está comenzando su proceso de audiencia pública, por lo que hasta el 23 de julio se podrán seguir realizando aportes al anteproyecto. Una vez pasado ese plazo, el texto de enviará al Consejo de Ministros para que lo aprueben y en consecuencia se tramitará en los organismos parlamentarios.
Una de las medidas estrella de este borrador será que los menores de 18 años tendrán prohibido el acceso a estas loot boxes. De esta forma, se requerirá a los usuarios que verifiquen su edad ya sea a través de su documento nacional de identidad o mediante sistemas de autenticación biométrica.
Regulando las loot boxes
Primero, hemos de especificar qué es lo que considera el Ministerio por loot boxes, ya que la expresión tiene varias variantes en cuanto a sistemas de monetización que pueden diferir mucho de lo que se conoce como una "caja de botín". En sí, el texto de Garzón define a estas loot boxes como "Mecanismos Aleatorios de Recompensa" o MAR.
Esto incluye la "activación de los mecanismos de recompensa que cuesten dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero directa o indirectamente". También entran dentro de la norma los canjeos por dinero, o por criptomonedas o por NFTs, por lo que los juegos play to earn introducidos en este mundillo también se verán afectados. En definitiva, todos los videojuegos que incluyan formas de monetizaciónen base a recompensas con premios que requieran de un ingreso monetario.
Alberto Garzón, Ministro de Consumo, en un fotomontaje con cajas de botín. Omicrono
El Ministerio de Garzón entiende que los menores no deben acceder a estos sistemas, ya que según expone, estas loot boxes se pueden llegar a dar incluso en títulos "que pueden tener incluso una acreditación legal PEGI por debajo de los 18 años". De esta forma, todo mayor de 18 años tendrá que autentificarse con el DNI o con un sistema biométrico. Esto obligará a los desarrolladores a que sus videojuegos soliciten estos sistemas para verificar la edad del dueño de la cuenta.
Pero ¿eso significa que los mayores de 18 años tienen carta blanca? No necesariamente. Se añadirán sistemas para que estos usuarios limiten el gasto en estas loot boxes ya sea de forma parcial o total o bien limitando el tiempo de juego o estableciendo un gasto monetario máximo.
Caja de botín en el videojuego 'Overwatch'.
Otro aspecto muy preocupante de las loot boxes es la probabilidad de conseguir premios valiosos, la cual no siempre se incluye. Esto cambiará, ya que las desarrolladoras deberán especificar los niveles de probabilidades de obtener las recompensas.
Pero hay más. Además de todo ello, las compañías desarrolladoras de la industria del videojuego no podrán realizar publicidad de estos mecanismos, ni físicamente ni en Internet. Es decir, no se podrán promocionar estas loot boxes ni en Internet ni en redes sociales que no estén relacionadas con la industria y no se podrán promocionar mediante prensa y similares. Podrán hacerlo en medios como la radio o la televisión pero únicamente de 01:00 a 05:00 de la madrugada, hora peninsular española.
Se podrán imponer sanciones de entre 25.000 euros en los casos más suaves hasta 3 millones de euros en las infracciones más importantes. De hecho, la ley contempla que se puedan cerrar estos servicios si no hacen caso de estas obligaciones. Habrá que esperar que el anteproyecto pase a proyecto de ley para que se pueda iniciar su tramitación parlamentaria.
