Túnez, Mauritania, Egipto y ahora Líbano: la UE avanza en externalizar el control migratorio

Allí ha viajado este jueves la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para ofrecer un paquete de ayuda financiera de 1.000 millones de euros a cambio -entre otras cosas- de que Beirut impida la salida de migrantes hacia Europa.

"Para ayudarles en la gestión de la migración, nos comprometemos a mantener vías legales abiertas hacia Europa y reasentar a refugiados del Líbano en la Unión Europea. Al mismo tiempo, contamos con su buena cooperación para prevenir la migración ilegal y combatir el tráfico de migrantes", ha dicho la presidenta. 

[La Eurocámara aprueba el Pacto Migratorio: multa de 20.000€ por persona a los países incumplidores]

De los 1.000 millones en subvenciones, 736 millones se dedicarán específicamente a ayudar a Líbano en la acogida del millón y medio de refugiados sirios que viven en su territorio, facilitando los "retornos voluntarios". El resto del dinero se concentrará en asistir a las fuerzas de seguridad y el Ejército libanés, según ha desvelado Von der Leyen.

La mecánica de esta última tanda de acuerdos siempre es la misma. Se diseñan para responder al último incremento de presión migratoria que afecta a uno o varios Estados miembros. Una vez detectado el origen del problema, Von der Leyen viaja al país en cuestión con una oferta multimillonaria de asociación: fondos europeos a cambio de controles fronterizos más estrictos. 

A la presidenta siempre le acompañan los líderes europeos directamente implicados. A Beirut ha ido con Nikos Christodoulides, el presidente de Chipre, que está a apenas 260 kilómetros de la costa libanesa. A principios de abril, Nicosia paralizó temporalmente el procesamiento de solicitudes de asilo debido a una oleada de llegadas de refugiados sirios procedentes de Líbano, que desbordó los centros de recepción de la isla.

A principios de febrero, coincidiendo con la crisis migratoria en Canarias, Von der Leyen viajó a Mauritania con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una visita en la que la presidenta anunció una ayuda de 210 millones de euros para reforzar el control migratorio. Por su parte, Sánchez ofreció al presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, un paquete complementario de otros 300 millones de euros.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita al país africano en febrero de 2024 Comisión Europea

El penúltimo acuerdo lo firmó Von der Leyen con Egipto a mediados de marzo, acompañada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el belga Alexander De Croo; el austriaco Karl Nehammer; el griego Kyriakos Mitsotakis y el propio Christodoulides. En total, un paquete de ayuda financiera de 7.400 millones de euros que incluye una partida específica de 200 millones para la gestión migratoria.

El primer pacto de esta nueva hornada (y también el más polémico) fue el que la presidenta cerró en julio del año pasado con Túnez, que entonces era el país de salida de la mayoría de migrantes que llegaban a Italia. Por ello le acompañó Meloni, pero también el primer ministro holándes, Mark Rutte. En este caso se trataba de un plan de asistencia financiera de 1.000 millones, con una partida específica de 105 millones para la guardia de fronteras tunecina.

Todos estos acuerdos han sido criticados con dureza por las organizaciones humanitarias (como Amnistía Internacional), que acusan a la UE de ser "cómplice" de regímenes autoritarios que cometen abusos y vulneran los derechos humanos de migrantes y demandantes de asilo.

La Defensora Europea del Pueblo, Emily O'Reilly, ha lanzado una investigación por iniciativa propia para verificar si Bruselas ha tomado las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos en el contexto del pacto entre la UE y Túnez.

Mark Rutte, Ursula von der Leyen y Giorgia Meloni, durante su reunión con el presidente de Túnez, Kais Saied, para firmar el pacto migratorio en junio de 2023 Comisión Europea

Por su parte, el Tribunal de Cuentas acaba de cuestionar el acuerdo entre la UE y Turquía, que ha servido de modelo para todos los demás y por el que el régimen de Recep Tayipp Erdogan ha recibido ya 6.000 millones de euros. "La Comisión ha gestionado la ayuda en el contexto de la recesión económica de Turquía y del deterioro de sus relaciones con la UE, que también tiene su origen en el retroceso del Estado de derecho y de los derechos fundamentales", dice el informe.

"Aunque el Mecanismo para los refugiados en Turquía ha atendido las necesidades de los refugiados y de sus comunidades de acogida turcas, los proyectos financiados sufren retrasos y no está claro si se mantendrán cuando se termine la ayuda de la UE", alerta el Tribunal de Cuentas.