La Corte Internacional de Justicia da luz verde a investigar a Rusia por genocidio en Ucrania

La Corte Internacional de Justicia ha dictaminado este viernes que el caso abierto por Ucrania contra Rusia puede seguir adelante. En él se acusa a Moscú de violar el derecho internacional por alegar que Kiev ha cometido un genocidio contra su población rusa, y por utilizar ese pretexto como justificación de la invasión que comenzó en febrero de 2022. También han rechazado una batería de objeciones presentadas por Rusia para tratar de tumbar la denuncia ucraniana.

Ahora, Ucrania acusa a Rusia de violar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. A la denuncia, presentada caso pocos días después de los primeros ataques hace ya casi dos años, se han sumado a la postre más de una treintena de países, entre ellos España. Las objeciones rusas —que alegaban la supuesta falta de competencia de La Haya— apenas ha prosperado en uno de estas alegaciones, por lo que en términos generales los magistrados han concluido que la CIJ "tiene jurisdicción" y, por tanto, el tribunal seguirá adelante con un proceso que puede aún demorarse años.

Además, los demandantes acusan al Kremlin de financiar a grupos separatistas en el este de Ucrania y de discriminar a la comunidad multiétnica de Crimea desde su anexión hace una década. El miércoles, la CIJ dictó su sentencia final sobre una denuncia iniciada en 2017. En ella, Kiev acusaba a Moscú de violar los tratados relativos a financiación de terrorismo y discriminación racial, derivadas del control de territorios ucranianos y del respaldo ofrecido a separatistas prorrusos, y otro tratado sobre la erradicación de la discriminación racial.

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El tribunal, sin embargo, decidió no pronunciarse sobre la petición de Ucrania de que Rusia pague reparaciones por los ataques en el este de Ucrania atribuidos a los rebeldes ucranianos proseparatistas. La CIJ absolvió a la parte rusa de gran parte de las acusaciones en este primer proceso, más allá de algún reproche concreto que no tendrá consecuencias prácticas. De hecho, pese a que las sentencias de la corte son de obligado cumplimiento para todos los países de la ONU, la aplicación de cualquier orden que proceda de La Haya depende de la voluntad de los propios aludidos.