Sunak salva 'in extremis' su proyecto de ley para deportar a Ruanda a los inmigrantes ilegales

El Parlamento de Reino Unido ha dado el visto bueno al polémico plan del primer ministro Rishi Sunak para permitir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda. Los legisladores de la Cámara de los Comunes votaron por 313 votos a favor y 269 en contra del proyecto de ley, diseñado para abordar las preocupaciones planteadas por el Tribunal Supremo del Reino Unido, que el mes pasado declaró ilegal esta política.

El hemiciclo ha aprobado el proyecto de ley pese a la abstención del ala dura del Partido Conservador del propio Sunak. Mark Francois, líder de la facción más partidaria del Brexit entre los 'tories' —el European Research Group— dijo a los medios que su intención era negociar con el Gobierno un endurecimiento del proyecto de ley sobre Ruanda antes de su aprobación final.

El primer ministro aún enfrenta un duro camino para la aprobación final de la ley, que se considera decisiva para su futuro político en el Partido Conservador. A pesar de la victoria, el resultado no asegura que las abstenciones de este martes no se conviertan en votos en contra tras la segunda lectura. Mientras la derecha dura aboga por un proyecto de ley más estricto, los conservadores moderados dicen que no apoyarán el proyecto de ley si implica que Reino Unido incumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos.

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Los conservadores de Sunak, que llevan 13 años en el poder y se encuentran a 20 puntos de los laboristas, han perdido su unidad de cara a las elecciones del año que viene. "Retomaremos esto en enero. Presentaremos enmiendas y seguiremos a partir de ahí", dijo Francois a la prensa en representación de los cuarenta legisladores del ala dura del partido que declararon que se reservarían el derecho a votar en contra de la legislación en una fecha posterior.

En una muestra de la incertidumbre de Sunak sobre el resultado, el ministro británico de Cambio Climático, Graham Stuart, abandonó la cumbre COP28 de Dubai para volver a votar en el Parlamento, a pesar de que las negociaciones críticas sobre el clima seguían su curso. El primer ministro se vio obligado a indicar a los posibles rebeldes durante un desayuno de trabajo en Downing Street que podían modificar la legislación más adelante, en un intento de animarles a dar marcha atrás en una revuelta que habría acabado con el proyecto de ley.