Los eurodiputados del PSOE han votado, prácticamente en solitario, contra la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo que denuncia la supuesta implicación de Marruecos en la trama de sobornos del Qatargate, con el objetivo de comprar influencia en la UE. La resolución, que reclama impedir el acceso a la Eurocámara de diplomáticos marroquíes mientras se investiga el caso, ha salido adelante por una aplastante mayoría de 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones.
De los 32 votos en contra, un total de 17 corresponden a eurodiputados del PSOE. La única socialista española que ha votado a favor de censurar a Marruecos ha sido Iratxe García, por su condición de presidenta del grupo socialista europeo. A diferencia de los españoles, el resto de socialistas europeos sí han apoyado masivamente la resolución crítica con Rabat.
El resto de votos en contra vienen de los eurodiputados de Agrupación Nacional de Marine Le Pen (12) y de los no inscritos (3).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a esta votación y ha hecho referencia a la "buena salud" de las relaciones de España con el reino alauí. En una rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, tras la XXVII Cumbre Hispano-Francesa, Sánchez ha explicado que el PSOE no compartía "algunos elementos" de esa resolución europea y por eso los socialistas españoles no han compartido postura con sus colegas europeos.
"Como suele pasar en muchas votaciones", ha ahondado restando importancia al desacuerdo, que el propio PSOE ha justificado aludiendo a la "responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento".
En este mismo sentido, Sánchez ha subrayado que las relaciones con Marruecos "gozan de buena salud" y ha recordado que los próximos días 1 y 2 de febrero se celebrará en Rabat la Cumbre de Alto Nivel entre los dos países.
"Responsabilidad"
Los eurodiputados del PSOE han justificado su voto en contra por "responsabilidad" y para posibilitar unas relaciones bilaterales "francas" con Marruecos "basadas en el diálogo y en el entendimiento".
"España mantiene con Marruecos un diálogo franco en todas las cuestiones de interés común, como son la seguridad, la lucha contra el terrorismo, las relaciones económicas y comerciales, la lucha contra la migración irregular y también los derecho humanos", argumentan los eurodiputados socialistas españoles.
"La delegación socialista española está comprometida con el pleno respeto de los derechos humanos y defiende el diálogo como la mejor herramienta para el entendimiento entre las partes", sostiene el PSOE, que critica a los populares españoles porque "se han ausentado del debate y de la votación".
El PP ha replicado que se han limitado a seguir la línea política del Partido Popular Europeo. Desde el estallido del Qatargate, el PPE ha decidido no participar ni en la preparación, ni en las negociaciones, ni en la votación de las resoluciones de urgencia hasta que no se regulen de forma adecuada para prevenir la interferencia de actores extranjeros.
Sobre Marruecos, los populares han señalado su "absoluta defensa de la libertad de expresión e información, rechazando cualquier tipo de persecución a periodistas".
Por su parte, grupo de la izquierda radical en la Eurocámara (al que están adscritos la mayoría de eurodiputados de Unidas Podemos) ha denunciado la presencia en el pleno de Estrasburgo de una delegación marroquí que se ha dedicado a presionar para suavizar el contenido de la resolución, al final sin éxito.
Marruecos corrompe
"La izquierda expresa su preocupación porque una delegación parlamentaria de Marruecos -cuatro miembros del Comité Parlamentario Conjunto Marruecos-UE- llegó a Estrasburgo esta semana para reunirse con los eurodiputados, antes de la votación de la resolución", ha dicho el grupo en un comunicado.
En su resolución, la Eurocámara "manifiesta su profunda preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a diputados al Parlamento Europeo" y "pide que se apliquen las mismas medidas que en el caso de los representantes de Qatar". Es decir, que se prohíba a los diplomáticos marroquíes entrar en las instalaciones del Parlamento mientras dure la investigación.
Los eurodiputados expresan su "compromiso de investigar plenamente y afrontar los casos de corrupción en que están involucrados terceros países que tratan de comprar capacidad de influencia en el Parlamento Europeo".
Según han desvelado las investigaciones periodísticas, Marruecos y Qatar son los dos países que se han servido de la trama de sobornos en el Parlamento Europeo -que ha llevado a la cárcel a su exvicepresidenta, Eva Kaili- para lavar su imagen y comprar influencia en las decisiones de la Eurocámara. De hecho, en los últimos años apenas se han aprobado resoluciones críticas sobre la situación de los derechos humanos en el país vecino.
Ataques a la prensa
Para marcar una ruptura con esta etapa, el Parlamento urge ahora a las autoridades marroquíes a respetar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y a garantizar a los periodistas encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales.
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Los eurodiputados piden la liberación provisional inmediata de Omar Radi, Sulaiman Raisuni y Taufik Buachrine, así como que se ponga fin al acoso a todos los periodistas, sus abogados y sus familias.
El texto menciona el caso del español Ignacio Cembrero y otros como él, que han sido puestos bajo vigilancia digital, han sufrido intimidación y acoso judicial y en algunos casos han sido condenados a largas penas de prisión.
La Eurocámara denuncia el uso indebido de las acusaciones de agresión sexual con el fin de disuadir a los periodistas de desempeñar sus funciones. Rabat debe interrumpir la vigilancia de los periodistas, también a través del programa espía Pegasus, señalan los eurodiputados, que piden a los Estados miembros que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos.
Finalmente, los parlamentarios reclaman a los dirigentes de la UE y de los Estados miembros que planteen ante las autoridades marroquíes los casos de periodistas y presos de conciencia detenidos; y que utilicen su influencia para lograr mejoras concretas en la situación de los derechos humanos en Marruecos. La resolución no es vinculante, pero sí envía una fuerte señal política en defensa de un cambio de tono de la UE hacia Rabat.