"Francia y la Unión Europea han entrado en economía de guerra". La frase es de Emmanuel Macron, hace un par de semanas. La inflación azota al país galo, como a los demás socios europeos y, tras haber ganado las elecciones, pero perdiendo la mayoría absoluta, Macron se prepara para aprobar la ley de poder adquisitivo que pretende paliar algunos de los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania.
Los puntos claves de la ley se refieren a la revalorización de prestaciones sociales y las pensiones básicas. Las prestaciones familiares (asignaciones familiares, asignación para el cuidado de los hijos, complemento familiar, asignación de apoyo familiar), mínimos sociales (renta activa solidaria, asignación para adultos discapacitados, asignación solidaria para las personas mayores) deberían beneficiarse de una revalorización del 4%, con efectos retroactivos desde el 1 de julio.
Habiéndose beneficiado algunas de estas prestaciones de un incremento del 1,8% en abril de 2022, su cuantía se revalorizaría entonces un 5,8% en el año, suficiente para hacer frente a la inflación del país que se estima que se situará en un 5,5% en el conjunto de 2022. Las pensiones básicas de jubilación también deberían incrementarse en un 4%. siendo que se habían revalorizado ya un 1,1% en enero de 2022, supondría un incremento del 5,1% en el conjunto del año.
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Además de estas medidas, el descuento de 18 céntimos por litro de combustible podría extenderse hasta finales de año, así como el bono transaporte que se paga a los empleados que viven fuera de un área urbana y a aquellos cuyo horario de trabajo no les permite utilizar el transporte público.
Se ampliaría el escudo tarifario sobre la energía y el tope a los precios regulados de gas natural, que terminaban el 30 de junio de 2022, se ampliarán hasta finales de 2022. Lo mismo se aplica al precio de electricidad regulado, cuyo aumento no debe exceder el 4% hasta el final de año.
La ley, que será presentada al Consejo de Ministros en los próximos días, incluye también un apartado de "soberanía energética" que otorga al Estado pleno poder para explotar las infraestructuras de gas durante este invierno en caso de crisis de suministro y prevé la requisición de las centrales de gas y el llenado forzoso de las instalaciones de almacenamiento.