Se dispara la inquietud en la Unión Europea por la deriva autoritaria de dos de sus Estados miembros, Polonia y Hungría. España y otros 12 Estados miembros han pedido a la Comisión de Ursula von der Leyen que actúe contra la nueva ley húngara que prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas por considerarla discriminatoria y contraria a los valores europeos. El Gobierno de Viktor Orbán contraataca alegando que los padres deben tener el "derecho exclusivo" a proteger a sus hijos de la "propaganda" de cualquier "lobby sexual".
Los "problemas sistémicos" que amenazan la supervivencia del Estado de derecho en Polonia y Hungría se han discutido este martes en la reunión de ministros de Asuntos Europeos de los 27 celebrada en Luxemburgo. Ambos países están sujetos al procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado, que en último término podría despojarles del derecho de voto en la UE. La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, ha asegurado que la situación en ambos países sigue "empeorando" pese a los avisos de Bruselas y del resto de socios.
La nueva ley húngara ha acaparado la mayor parte del debate. La norma, que fue aprobada la semana pasada en el Parlamento de Budapest, prohíbe "la representación y la promoción de una identidad de género distinta del sexo al nacer, del cambio de sexo y de la homosexualidad" para los menores de 18 años.
La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, durante la rueda de prensa de este martes
"Instamos a la Comisión Europea, en su calidad de guardiana de los Tratados, a utilizar todas las herramientas a su alcance pra garantizar el pleno respeto de la legislación europea, incluyendo la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Estamos decididos a proteger los derechos de todos los ciudadanos de la UE", reza la declaración conjunta firmada por España y otros 12 países en respuesta a la iniciativa de Orbán.
El texto ha sido promovido por la ministra belga de Exteriores, Sophie Wilmès, y lleva también la rúbrica de Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Letonia. Portugal no se ha sumado porque ostenta la presidencia de turno de la UE y debe respetar la "obligación de neutralidad". "Si fuera por mi, la habría firmado", ha dicho la secretaria de Estado para la UE, Ana Paula Zacarias.
A última hora se ha sumado también a la declaración el Gobierno italiano, que ha argumentado que las explicaciones dadas a lo largo del día por el Gobierno de Orbán no son convincentes.
Los 14 países denuncian que la ley húngara "representa una forma flagrante de discriminación basada en la orientación, la identidad y la expresión sexual y merece por eso ser condenada". "La inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de nuestra UE y no podemos transigir con estos principios", prosigue el texto.
La ley húngara "vulnera igualmente la libertad de expresión, al limitar la libertad de opinar y de recibir y difundir información sin interferencias de las autoridades públicas". "La estigmatización de las personas LGBTQI constituye una clara violación de su derecho fundamental a la dignidad", resalta la declaración.
Tras recibir la petición de estos países, la vicepresidenta Jourova ha explicado que el Ejecutivo comunitario ya está examinando la ley húngara y su impacto en la educación, en la libertad de expresión o en la normativa antidiscriminación. Una vez concluido este análisis decidirá si lanza un nuevo expediente disciplinario contra Budapest. "Es algo que lleva tiempo", se ha defendido Jourova.
La propia Von der Leyen escribió un tuit la semana pasada en el que se declara "muy preocupada" sobre la ley húngara. "Creo en una Europa que acepta la diversidad y no la esconde a nuestros niños. Naide debe ser discriminado por su orientación sexual", sostiene la presidenta.
El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, que ha representado a su país en Luxemburgo, tacha las críticas a su ley de "fake news". "Esta ley no va contra ninguna comunidad en Hungría, va sólo contra los pedófilos. Esta ley deja muy claro que los niños deben ser protegidos y que los delitos pedófilos deben ser castigados de forma muy dura", sostiene el jefe de la diplomacia de Orbán.
"Por otro lado, la ley protege a los niños convirtiendo en derecho exclusivo de los padres educar a sus hijos por lo que se refiere a la orientación sexual hasta los 18 años. (...) No puede ocurrir que cuando mi hijo regrese del colegio haya sido orientado mediante propaganda de una forma que yo no quiero", ha declarado Szijjártó.
"No es un valor europeo difundir propaganda sexual entre nuestros hijos. Nuestro valor es respetar la libertad de opinión de las familias y garantizar la educación de nuestros hijos libre de la interferencia de cualquier lobby sexual", ha dicho la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, en un intercambio de tuits con el ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, que también ha criticado con dureza su ley.
"La estigmatización de las personas LGBTIQ constituye una clara vulneración de su derecho fundamental a la dignidad", ha dicho el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, que ha firmado la declaración contra Hungría en nombre de España.
El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, conversa con su homólog alemán Michael Roth
Para el secretario de Estado francés, Clément Beaune, la ley húngara "crea manifiestamente una discriminacion hacia una orientación sexual, hacia la homosexualidad, que se asimila a una forma de amenaza o propaganda". "No podemos aceptar ese discurso, esta vulneración de nuestros valores", ha denunciado.
"Esta iniciativa de Orbán es muy mala. Esta ley no es europea, es indigna de Europa, no se corresponde en nada con los valores de la UE. La gente tiene derecho a vivir como quiera, no estamos en la Edad Media", sostiene el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn.
Al margen de las declaraciones indignadas, el problema para la UE es que hasta el momento no ha encontrado las herramientas adecuadas para frenar la deriva autoritaria de Hungría y Polonia. Ni la activación del artículo 7 del Tratado ni la catarata de denuncias que Bruselas ha presentado contra los dos países ante el TJUE han servido para hacerles cambiar de política.
Las grandes potencias de la UE han puesto ahora todas sus esperanzas en el nuevo mecaniso que permitirá congelar a Varsovia y Budapest las multimillonarias ayudas del fondo Next Generation si vulneran el Estado de derecho en áreas que afecten a la gestión del dinero europeo. Hungría y Polonia han llevado este mecanismo ante el TJUE por considerar que vulnera el derecho comunitario y Bruselas se ha comprometido a no usarlo hasta que haya sentencia.