¿Es la principal amenaza para el futuro de Europa la deriva autoritaria de algunos miembros del club que ponen en peligro el Estado de derecho? Después de los casos de Hungría, Polonia o Rumanía, el principal foco de preocupación se ha trasladado ahora a Malta, que vive una crisis política sin precedentes tras descubrirse que el asesinato en 2017 con coche bomba de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia podría tener su origen en la oficina del primer ministro, el laborista Joseph Muscat, cuyo jefe de gabinete fue detenido en relación con el caso, con el fin de tapar la corrupción que afecta a los niveles más altos de la administración.
Ante la inacción del resto de instituciones de la UE, la Eurocámara ha decidido redoblar la presión sobre Muscat para que dimita de inmediato. Este miércoles aprobará una resolución en la que denuncia que su continuidad en el cargo pone en riesgo la integridad de la investigación sobre el asesinato de la periodista. El primer ministro maltés niega cualquier implicación en el caso, aunque ha anunciado su marcha en diferido: se irá el 12 de enero, una vez el partido laborista haya elegido a un nuevo líder que a su vez le sucederá como jefe de Gobierno.
"Desde aquí me dirijo directamente a usted, primer ministro Muscat. Cada día que permanezca en su cargo es una vergüenza para la democracia y una ofensa para la memoria de Daphne Caruana. Cada día que siga en el poder es una bofetada en la cara de miles de malteses que piden justicia y verdad. Primer ministro Muscat: si su oficina está implicada en un asesinato, ¿que hay más que no sabemos? Debe dimitir, ya no se trata de usted, sino de Malta", le ha exigido el número dos del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Esteban González Pons, durante el debate celebrado este martes en Estrasburgo.
Una petición de dimisión a la que se ha sumado también el portavoz del grupo de la izquierda radical (GUE), Stelios Kouloglou. "El señor Muscat, con su jefe de Gabinete supuestamente implicado en el crimen, debe irse ahora. Tememos que intentará obstaculizar la investigación hasta el momento en que pretende marcharse en enero. Por una vez estamos de acuerdo con el PPE en que Muscat debe irse", sostiene Kouloglou.
"Aunque no es nuestra tarea pedir la dimisión del primer ministro -esa es la obligación del parlamento maltés y no se le debe absolver de su responsabilidad- debemos destacar que su continuidad en el cargo es causa de grave preocupación por el riesgo, real o percibido, a la integridad de la investigación", coincide la portavoz de los liberales, Sophie in't Veld. In't Veld ha arremetido además contra la pasividad de las instituciones de la UE, en particular de la anterior Comisión de Jean-Claude Juncker, y de los jefes de Estado y de Gobierno, que ni siquiera abordaron el tema con Muscat durante la cumbre de la semana pasada.
"Los líderes de los Gobiernos deberían estar avergonzados por sentarse en la mesa con el primer ministro de Malta y rechazar siquiera discutir lo que está pasando. Es muy vergonzoso", ha dicho la portavoz de los liberales. A su llegada a la cumbre el pasado jueves, los periodistas preguntaron por el caso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él respondió: "No he pensado sobre ello, para ser honesto. No tengo una respuesta concreta para usted, lo siento".
La Eurocámara reprocha en concreto a la Comisión que no haya pulsado el denominado 'botón nuclear' contra Malta, el artículo 7 del Tratado, un procedimiento sancionador que podría acabar con la suspensión de su derecho de voto en la UE como castigo por poner en riesgo la democracia y el Estado de derecho. Esta medida sí que se ha adoptado contra la Hungría de Viktor Orbán o contra el Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia en Polonia, pero no se ha traducido en medidas concretas porque no hay consenso entre los Gobiernos europeos.
El Parlamento Europeo envió a principios de diciembre una misión de investigación a Malta dirigida por In't Veld que se reunió con el propio Muscat, así como con otros miembros de su Gobierno, la oposición, autoridades judiciales, representantes de ONGs y familiares de Daphne Caruana. "Lo que vimos no nos ha tranquilizado sino que aumenta nuestra preocupación", asegura la portavoz liberal.
"Los acontecimientos en Malta en los últimos años han desembocado en amenazas graves y persistentes al Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales, incluidos la libertad de prensa, la independencia de la policía y la judicatura y la libertad de reunión pacífica", dice la resolución de la Eurocámara, que ha sido pactada por todos los grupos políticos salvo la ultraderecha de Marine Le Pen y Matteo Salvini.
"Puedo garantizar que la Comisión no dudará en tomar medidas si es necesario", ha prometido al pleno la vicepresidencia responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova. "El asesinato de Daphne Caruana fue un ataque a la libertad de prensa y es motivo de grave preocupación para Europa en su conjunto. Los periodistas deben sentirse seguros trabajando en Europa. Si no, la democracia tal y como la conocemos estará amenazada", sostiene Jourova.
El Ejecutivo comunitario reclama a Malta una investigación independiente, en profundidad y libre de interferencias políticas sobre el caso de la periodista. Una investigación con el apoyo logístico y operativo de la oficina europea de policía, Europol, que ya está en la isla. "Es crucial que todos los implicados sean llevados ante la justicia lo antes posible. Los malteses y la familia piden verdad y justicia y estamos con ellos", asegura la vicepresidenta.
Por lo demás, el nuevo comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, acaba de escribir una nueva carta al Gobierno maltés en la que le exige que acelere las reformas para garantizar la independencia del poder judicial e intensificar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. Bruselas ya ha expedientado a Malta por aplicar de forma incorrecta la última directiva de la UE contra el blanqueo de dinero. "Los últimos acontecimientos muestran que no debe perderse más tiempo", subraya Jourova.
Finalmente, la nueva Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar en los próximos meses un nuevo mecanismo para supervisar el respeto del Estado de derecho en todos los Estados miembros (evitando así las acusaciones de discriminación que han venido de Polonia y Hungría) con informes anuales sobre el grado de cumplimiento. Es una de las grandes prioridades del nuevo ciclo institucional que acaba de empezar en la UE.