Las negociaciones del brexit corren el riesgo de romperse nada más empezar. Reino Unido se levantará de la mesa si la Unión Europea le presenta una abultada factura de salida, según ha avisado el negociador británico, David Davis. Pero los 27 mantienen una unidad férrea en su exigencia a Londres de que salde todas sus cuentas antes de dejar el club. Es más, han endurecido su posición y elevan de 60.000 a 100.000 millones de euros la estimación de lo que les debe el Gobierno de Theresa May por los compromisos financieros asumidos de aquí a 2020.
Casi un año después del referéndum del brexit, la UE ha fijado por fin la fecha del inicio de las conversaciones de separación. Será el próximo 19 de junio, apenas 11 días después de las elecciones anticipadas británicas, según ha anunciado el negociador jefe europeo, el conservador francés Michel Barnier. Los ministros de Exteriores de los 27 han aprobado definitivamente este lunes un duro plan de negociación frente a Londres que fija tres prioridades iniciales: los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera con Irlanda.
"Por nuestra parte las negociaciones pueden empezar ya. No nos hacemos ilusiones, sabemos que serán complejas y que el tiempo es limitado", ha dicho el viceprimer ministro maltés, Louis Grech, en nombre de los 27."Las conversaciones serán difíciles y habrá momentos de tensión", ha pronosticado también Barnier.
Para empezar, Bruselas y Londres ni siquiera están de acuerdo sobre el orden de los asuntos a tratar. Los 27 quieren zanjar primero la salida de Reino Unido de la UE y sólo después abordar las relaciones futuras. Es decir, si Londres se niega a pagar la factura del brexit, Bruselas rechazará el futuro acuerdo de libre comercio que le pide el Gobierno de May. La primera ministra británica aboga por discutir ambas cuestiones de forma paralela y amenaza con romper la baraja si los europeos no ceden.
El órdago de Londres
"No basta con que parezca que podemos marcharnos, tenemos que ser capaces de marcharnos (de la mesa de negociación). En esas circunstancias, si es necesario, estaríamos en condiciones de hacerlo", ha dicho Davis en una entrevista al Sunday Times. El negociador británico no descarta totalmente tener que pagar una factura del brexit, pero discrepa de la cantidad. "Incluso 1.000 millones de libras es ya mucho dinero", apunta.
El negociador británico para el 'brexit', David Davis
"No quiero imaginar una ruptura de las negociaciones. He escuchado a David Davis evocar la posibilidad de que no haya acuerdo, pero esa no es mi opción. Y aconsejo a todo el mundo que explique cuáles serían las consecuencias de una falta de acuerdo", le ha contestado este lunes Barnier. Entre otras, problemas de abastecimiento en Reino Unido, colas de camiones en Dover o perturbaciones del tráfico aéreo, según ha dicho el político francés.
Sin embargo, esta discrepancia radical entre Londres y los 27 sobre la factura de salida preocupa y mucho en Bruselas. "Esta cuestión será sin duda la más difícil en las conversaciones", reconocía Barnier a principios de mayo en un encuentro a puerta cerrada de la Comisión, cuyas actas acaban de hacerse públicas. "Si no hay acuerdo en este punto, el riesgo de que no se logre alcanzar un pacto para una retirada ordenada de Reino Unido sería real", sostiene el negociador de la UE.
En el plan de negociación aprobado por los 27 no figura ninguna cifra final de la factura del brexit. Sólo se habla de que hay que pactar la metodología para calcularla. Pero desde Bruselas se han encargado de filtrar al Financial Times primero los 60.000 millones y después los 100.000 millones de euros.
Estas cantidades comprenden los fondos europeos prometidos a países como Polonia o España pero que aún no se han abonado, porque la UE pacta presupuestos para periodos de siete años. Y también la cuota que debe pagar Londres de las pensiones de los eurofuncionarios.
El ministro Dastis conversa con su homólogo letón durante la reunión de este lunes
Reino Unido es el segundo contribuyente neto a las arcas comunitarias, por detrás de Alemania, y su salida deja un importante agujero en el presupuesto de la UE. Por eso, los 27, sin excepción, tienen interés en que Londres pague lo máximo posible: el resto de contribuyentes netos rechazan aumentar su aportación a Bruselas mientras que los receptores de las ayudas no quieren perderlas.
Sin acuerdo sobre los ciudadanos
También están muy alejadas las posiciones de Bruselas y Londres en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y de los británicos que residen en el continente. La UE quiere que las garantías cubran también a las personas que han estado en Reino Unido en el pasado y a las que vayan antes de la fecha del brexit, el 29 de marzo de 2019, así como a sus familias.
Además de la residencia, Bruselas pretende proteger "de por vida" los derechos relacionados con el acceso al mercado laboral, a la educación y al sistema sanitario, así como el reconocimiento de diplomas y cualificaciones. El garante de estos derechos debe ser el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El Gobierno británico rechaza una cobertura tan amplia alegando que es imposible de gestionar, y tampoco quiere que el TJUE sea el árbitro.
Las directrices negociadoras aprobadas por los 27 este lunes no hacen ninguna referencia a Gibraltar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado dejar fuera del acuerdo de divorcio al Peñón, que saldrá sin ningún estatus especial. Y España tendrá poder de veto en las relaciones futuras entre Gibraltar y la UE.
"Del futuro de Gibraltar no se va a hablar ahora. Gibraltar va a salir y si quiere volver en el futuro eso forma parte de la segunda fase de las negociaciones, a la cual no se aplican estas directrices", ha dicho el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.