Adiós a las armas de fuego en Canadá: Trudeau prohíbe su compraventa tras la tragedia de Texas

El tiroteo masivo perpetrado la semana pasada por un joven de 19 años en una escuela de Texas, en Estados Unidos, ha conmocionado al mundo entero. Sin embargo, los disparos que acabaron con la vida de 19 niños y dos profesoras han resonado especialmente en el país vecino, Canadá, que ahora planea prohibir la compraventa de armas en todo el territorio. 

Ha sido el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien este lunes ha presentado un proyecto de ley que propone "congelar" a nivel nacional la compra, la venta, la importación y la transferencia de armas de fuego entre particulares, que podrán seguir utilizando aquellas ya registradas. Unas restricciones legislativas similares a las que la Administración de Estados Unidos baraja tras cada matanza, pero que no puede ejecutar, entre otras cosas, por la enorme influencia que el lobby de las armas ejerce sobre el Gobierno estadounidense. 

"Estamos limitando el mercado", decía Trudeau durante la presentación de la medida, que todavía necesita el visto bueno del Parlamento pero que, de aprobarse, reforzaría el ya de por sí estricto control de armas del país. Y es que a diferencia de Estados Unidos, tras cada episodio de violencia armada registrado en el país, Canadá ha endurecido las reglas. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habla en una rueda de prensa sobre la legislación de control de armas de fuego en la Cámara de los Comunes en Ottawa Reuters

En 1989 la ciudad de Montreal sufrió una de las peores masacres de su historia cuando un hombre armado entró en un aula de ingeniería mecánica de la École Polytechnique y después de separar a los hombres y a las mujeres, disparó a estas últimas a grito de "Todas sois feministas". Murieron 14 mujeres y 13 resultaron heridas, según recoge el registro de la Enciclopedia Nacional de Canadá.

Después de la tragedia, el gobierno de entonces exigió un registro nacional de todos los rifles y escopetas del país (de las pistolas ya era obligatorio) y la concesión de licencias para los propietarios. Unas normativas que se materializaron en la Ley de Armas de Fuego de 1995, aunque el registro se abolió en 2015 por la presión de la Asociación Nacional de Armas de Fuego (NFA), que opera de manera similar a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el lobby de armas estadounidense.

Más tarde, en 2020, después de que un hombre disfrazado de policía y armado con dos armas semiautomáticas matase a tiros a 23 personas en Nueva Escocia, Trudeau anunció la prohibición de unas 1.500 modelos de armas de asalto. Es decir, aquellas que están catalogadas como de uso militar, como el fusil AR-15, modelo empleado por el autor de la matanza de Texas. 

Ahora, la nueva propuesta del primer ministro canadiense prevé ya no prohibir las armas, sino limitar su presencia en un país con una alta tasa de propiedad de armas per cápita. De hecho, es de 34,7 armas por cada cien habitantes, según datos de la última encuesta de Small Survay. Una cifra que se debe a la gran tradición de los deportes de tiro, lo que explica que la mayoría de armas sean rifles y escopetas. 

En Canadá hay cerca de 34,7 armas por cada cien habitantes.

"Aparte del uso de armas para el tiro deportivo y la caza, no hay ninguna razón para que los canadienses necesiten armas de fuego en sus vidas cotidianas" recordaba Trudeau en la presentación de una propuesta que, en realidad, rescata algunas de las medidas postergadas antes de las elecciones generales de 2021. 

La nueva legislación impedirá que cualquier persona sobre la que pese una orden de alejamiento o que esté acusada de acoso o de ejercer violencia. Según estas normas, que reciben el nombre de "leyes de bandera roja" (red flag flaws) y "leyes de bandera amarilla", las autoridades podrán retirarle las armas a cualquier persona que suponga un peligro para sí misma o para otros. Unas restricciones que contemplan también 15 Estados y el distrito de Columbia de EEUU.

Asimismo, la nueva regla incluye un programa de recompra, por el que los propietarios de fusiles prohibidos podrán venderlos voluntariamente a las autoridades a finales de año. Se trata de un programa que el Gobierno calcula que podría costar entre 260 y 391 millones de euros, según recoge Europa Press.  

En el país, uno de cada tres asesinatos está relacionado con armas de fuego y, en su mayoría, estas proceden del contrabando. Por este motivo, la ley contempla aumentar las penas máximas de 10 a 14 años de prisión por delitos relacionados con armas de fuego, incluido el contrabando y el tráfico de armas de fuego. Tampoco se podrá alterar los cargadores de cartuchos para exceder su capacidad legal ni utilizar pistolas de aire comprimido de gran potencia.