Chile intenta redactar otra constitución con un comité de mayoría ultra que se aferra a la de Pinochet

Liderados por Beatriz Hevia, los republicanos consiguieron en las elecciones del mes pasado 22 de los 50 asientos del Consejo Constituyente que elaborará la nueva carta magna. A ellos se suman los 11 de los conservadores tradicionales (Chile Seguro). Juntas, las derechas no sólo pueden despojar al proyecto del cariz reformista tan propugnado por Boric —sin éxito—, sino algo más preocupante para el oficialismo: que la nueva constitución nunca llegue.

Los encargados de redactar durante los próximos meses el documento por el que se regirá el Estado chileno se oponen en realidad a que el país cambie su Constitución, que data de 1980 y fue aprobada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La situación es paradójica, tanto para los progresistas que se han quedado sin la autoría del proyecto como para los reaccionarios a cambiar la carta magna, que ahora tienen la encomienda de redactar una nueva. En palabras de Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile: "Los que estuvieron contra el proceso constituyente tienen la oportunidad de escribir la constitución que quieran".

Los carabineros se enfrentan a las protestas contra la primera sesión del Consejo Constitucional. Reuters

De salir adelante, el código nacional será "igual o más neoliberal que el de Pinochet", vaticina Heiss en una entrevista con El Comercio. La constitución será el fruto del trabajo del Consejo Constituyente sobre un anteproyecto elaborado ya por una Comisión Experta, compuesta por doce senadores y doce diputados mayoritariamente de la derecha tradicional. Sobre este documento, los 50 consejeros podrán "aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas" durante los próximos cinco meses —un proceso más breve y limitado que el de 2022—. El texto final se someterá a votación nacional obligatoria el 17 de diciembre.

El primer día del Consejo Constitucional demostró voluntad por parte de los distintos partidos de alcanzar un punto común. El presidente Boric, que se ha mostrado pragmático desde el fiasco del pasado 7 de mayo, declaró que "los que pensamos diferente podemos ponernos de acuerdo cuando es por el bien del país. Esto es lo que esperan hoy los ciudadanos, un proceso de colaboración en el que las distintas partes sean capaces de ceder cuando sea necesario", dijo con la esperanza de que este nuevo capítulo no acabe bloqueado como el del año pasado, y permita a Chile "cerrar este ciclo".

Gabriel Boric pronuncia un discurso durante la primera sesión para redactar una nueva constitución, el miércoles. Reuters

La voluntad de partir la diferencia marcó también el discurso de los consejeros, que se pronunciaron en una ceremonia de apertura de tres horas, aunque sobria y sin simbolismos. "No queremos caer en las divisiones del pasado, nuestra disposición es para superar la polarización actual", expresó en su primer discurso Beatriz Hevia, que ha acabado presidiendo el Consejo por un cambio de última hora. El acto también sirvió para que los miembros del comité juraran su cargo —varios de ellos con mención a Dios incluida—, eligieron su mesa directiva y recibieron el borrador de la Comisión Experta.

La derecha decide

La gran incógnita ahora radica en si la ultraderecha, que defiende el modelo neoliberal instalado por la dictadura y tiene poder de veto con 22 de los 50 escaños, respetará las bases recogidas en el borrador o se unirá a la derecha tradicional para cambiarlas de raíz. "Este texto no es un punto final, es punto de partida para que llegue a ser punto de encuentro", indicó Hevia.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, asiste a la primera sesión del Consejo Constitucional. Reuters

"Es muy probable que ahora el Partido Republicano quiera hacer modificaciones aprovechando su mayoría. Será interesante ver si la coalición de derecha (Chile Vamos) tendrá un efecto moderador pensando en que la ultraderecha necesita de esa coalición para la mayoría absoluta", apuntó a Efe desde la Red de Politólogas Nerea Palma. El constitucionalista de la Universidad Diego Portales Javier Couso, por su parte, aseguró a Efe que la composición del órgano deja a "los principios básicos en una situación muy frágil, lo que hace presumir que muchos de ellos van a desaparecer".

A partir de hoy, el Consejo Constitucional, que finalmente quedó con 50 integrantes tras la renuncia del ultraderechista Aldo Sanhueza, acusado de abusos sexuales, dispondrá de cuatro meses para redactar su propuesta final. El quinto mes será el turno de una instancia mixta en la que los expertos podrán realizar observaciones al texto emanado del Consejo, que deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3.