El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado un informe que condena crímenes de lesa humanidad, cometidos por el presidente y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua Daniel Ortega; su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales.
El escrito aporta pruebas fundadas sobre la vulneración de derechos humanos en el país, lo que permite la adopción de una postura de investigación firme a nivel internacional contra el mandatario. A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad, de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua, cubren un espectro muy amplio de abusos. Entre ellos se contabilizan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
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"Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población" ha declarado el presidente del grupo, Jan Simon.
La mayor parte de las personas procesadas han sido por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional". Muchos de ellos fueron sometidos a incomunicación en régimen de aislamiento durante más de 15 días, un hecho que es considerado tortura. El Alto Comisionado ha denunciado, además, que los retenidos no recibían suficiente comida ni tenían dietas adecuadas, algo visible en su pérdida de peso. Como mecanismo de tortura, mantenían las luces del centro penitenciario encendidas durante toda la noche para no permitir conciliar el sueño. En suma, a algunos detenidos con enfermedades crónicas se les negó la atención especializada que necesitaban.
Continúan cautivas otras 130 personas, 38 considerados presos políticos, por ser consideradas críticas hacia gobierno. Sus detenciones fueron arbitrarias, según confirman organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.
Negación de la nacionalidad
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, 222 fueron expulsadas del país. "Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir", explicó a EFE la experta del grupo Ángela Buitrago.
Marcha celebrada en la capital, Managua, a favor del presidente Ortega en febrero de 2023.
De hecho, la pareja presidencial ha ordenado la "muerte civil" de esas personas, ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.
Cómplices del delito
Las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia han sido seguidas, durante estos últimos cinco años, por "una variedad de actores e instituciones", órdenes que han recaído contra todo aquel con una postura diferente a la del gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.
Entre los hechos que el grupo ha podido determinar están que la Policía y grupos armados progobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.
Jan Simon ha reconoce que, a pesar de que se necesitan investigaciones adicionales que confirmen la participación del Ejército de Nicaragua, no cabe duda de que la institución armada actúa con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder.
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El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3.144 personalidades jurídicas de ONG nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
El objetivo, según el informe, "es reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social", con el fin de aumentar la dependencia de la ciudadanía y debilitar su capacidad de organización.
Postura europea
La Unión Europea (UE) contempla la posibilidad de ofrecer protección específica a los activistas en favor de los derechos humanos que se encuentren entre los nicaragüenses deportados por el régimen de Daniel Ortega.
“Estamos activamente mirando las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados. Estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar a los defensores de derechos humanos en el interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban fuera del país”, indicó el subdirector para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Duccio Bandini.
La UE dio la bienvenida a la liberación de estos prisioneros “que nunca debieron haber sido encarcelados”, puntualizó, y recordó que también agradeció a España su ofrecimiento de concederles la nacionalidad.
Mientras mantiene su apertura a un posible diálogo, dejó claro que la UE reitera a las autoridades nicaragüenses que “anulen la legislación que viola los derechos humanos y la persecución” y que vuelvan al “pleno respeto” de las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de creencias religiosas o de cualquier otro tipo de pensamiento.
“Seguimos pensando que la recuperación de un diálogo inclusivo entre gobierno y oposición, la restauración de una democracia genuina, en línea con los compromisos adquiridos por las autoridades en marzo de 2019, sigue siendo la única manera constitucional de solucionar la crisis política, económica y social en Nicaragua”, concluyó Bandini.