El temblor del pasado lunes en la zona sur de Turquía, de 7,7 grados de magnitud, ya ha sumado más de 30.000 muertos. Aparte de las pérdidas de vida, los heridos y los desplazados sin hogar, el seísmo ha provocado la búsqueda de culpables.
Según la agencia estatal Anadolu, más de 100 personas han sido detenidas en las 10 provincias afectadas relacionadas con la estructura de los edificios. Se les acusa de negligencia. El Ministerio de Justicia ha ordenado crear una unidad de investigación y el nombramiento de fiscales para perseguir a constructores y otros responsables de los edificios que no cumplían la normativa.
Fuat Oktay, vicepresidente turco, ha detallado que se ha identificado a 131 sospechosos como responsables de la caída de algunos de los miles de edificios arrasados. "Se han emitido órdenes de detención para 113 de ellos", ha declarado en una sesión informativa en el centro de coordinación de gestión de desastres en Ankara, tal y como recoge Reuters.
Desde Justicia se ha señalado que era crucial reunir pruebas e imponer medidas cautelares a los sospechosos para evitar que puedan huir del país. El pasado viernes, de hecho, la policía detuvo en un aeropuerto de Estambul -cuando intentaba huir a Montenegro- a un constructor turco del Renaissance Residence, un edificio exclusivo residencial en la provincia de Hatay.
Ese complejo era uno de los edificios más selectos de Antioquia, capital de esta provincia, y se construyó en 2013. En los anuncios de su promoción, se definía a sus apartamentos como "una imagen del paraíso". También se aseguraba que se habían levantado siguiendo los criterios más estrictos de calidad y seguridad.
Por otra parte, en otra investigación los fiscales han ordenado detener a 33 personas en Diyarbakir por negligencia al eliminar pilares para ganar espacio en viviendas, lo que afectó a su resistencia estructural. Estas detenciones son los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que algunos achacan a la corrupción y a los escasos controles.
Aunque Turquía cuenta con una normativa sobre resistencia sísmica en la construcción, rara vez se aplica, incluso en las viviendas más recientes y que deberían haber soportado mejor los temblores. Además, bajo el gobierno de Erdogan se aplicaron varias amnistías a los edificios que habían incumplido la normativa -incluida la resistencia sísmica- y se legalizó su situación a cambio de una sanción económica.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Murat Kurum, ha explicado que 24.921 edificios en toda la región se derrumbaron o resultaron gravemente dañados por el terremoto. Estos datos se revelan de un informe que ha analizado más de 170.000 edificios de las zonas afectadas.
Mientras, los equipos de salvamento siguen buscando supervivientes entre los escombros del terremoto seis días después del desastre, que azotó Siria y Turquía. El número de muertos ha superado los 28.000 y se espera que aumente aún más. De hecho, la ONU estima que la cifra total de muertos supere las 50.000 personas.