La Justicia de Argentina ha cifrado en 84.835 millones de pesos, casi 480 millones de euros, la cantidad que Cristina Fernández de Kirchner y el resto de condenados sustrajeron del erario público. Una cantidad, que según la sentencia, tendrán que devolver.
La vicepresidenta de Argentina fue condenada este martes a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargo público por corrupción e irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007). La pena de seis años de prisión por la administración fraudulenta de fondos públicos es menor a los 12 que había solicitado la Fiscalía.
El tribunal también ha ordenado decomisar todos los efectos del delito, que ascienden a una suma de 84.835 millones de pesos, unos 480 millones de euros, a todos los condenados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, en la llamada causa Vialidad.
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Además de ella, el Tribunal Oral Federal 2 también ha condenado a seis años de cárcel al empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ha recibido la misma pena que la vicepresidenta. El resto de los once acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años. Todos ellos deberán devolver los casi 480 millones de euros sustraídos al erario público.
Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupción
51 concesiones públicas
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado todas las peticiones de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
Tras conocerse el veredicto, la vicepresidenta rechazó públicamente se culpable de defraudar a la Administración y ha anunciado que apelará el fallo. Culpó de su condena a la "mafia judicial" y a "un sistema paraestatal" dominado por el "poder económico y mediático" que es capaz de condenarla por su "compromiso con los derechos del pueblo".
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"Presa o muerta"
Fernández de Kirchner, de 69 años y que afronta otras investigaciones judiciales, ha señalado que la condena "real" no es la pena a prisión sino la inhabilitación para ejercer cargos públicos para alguien que, como ella, accedió dos veces a la Presidencia y una a la Vicepresidencia por el voto popular.
En este sentido, ha anunciado que no presentará candidatura alguna en los comicios generales de 2023 porque no va a "someter" al peronismo a que lo "maltraten" por una "candidata condenada".
"Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que quieren: presa o muerta", aseguró Fernández.
Hay que recordar que en el tramo final de este juicio, el procedimiento se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su casa en Buenos Aires.