El pago por usar las autovías se ha colado en la recta final de la campaña electoral. El Gobierno, desde el presidente Pedro Sánchez, a sus ministras Raquel Sánchez, o María Jesús Montero, han desmentido “categóricamente” la imposición de peajes por el uso de las carreteras en 2024.

Más allá de las palabras del director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Aragonés, diciendo que así sería, pero luego dando marcha atrás, lo cierto es que entre los compromisos adquiridos con Bruselas por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está “la puesta en marcha del pago por uso en 2024”. Un plan que se traduce en 70.000 millones de euros en subvenciones para España.

De esta manera, el Gobierno que salga elegido el próximo 23-J tendrá que mover ficha a este respecto. En principio, la medida debería haber formado parte de la Ley de Movilidad que no se ha aprobado en esta legislatura por el adelanto de los comicios. Dicho texto se limitaba a asegurar que se buscarían alternativas para financiar el mantenimiento de las carreteras. Pero no hablaba de puesta en marcha de peajes.

¿A cuántos kilómetros de carretera afectaría?

Dos son las opciones que están sobre la mesa para hacer realidad ese pago por uso en autovías. Por un lado, la conocida como ‘viñeta’, que consiste en un pago único anual; y, por otro, el denominado como ‘pago por uso’ en función de la distancia recorrida. Ambas modelos ya se aplican en otros países de la UE.

Conviene recordar que en España hay 165.375 kilómetros de carreteras de todo tipo. Y la mayoría son competencia de las comunidades autónomas, las diputaciones y los cabildos. Las que son gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) abarcan 26.459 kilómetros (más o menos la mitad del tráfico total). Pero, de esa cantidad, solo 11.500 kilómetros son autopistas que no son de peaje, autovías y vías multicarril.

¿Cuánto se pagaría?

Para responder a esta pregunta, hay que echar la vista atrás y ver las alternativas que se han ido barajando durante los últimos años. Así, por ejemplo, el Mitma hizo una propuesta de un céntimo de euro por kilómetro recorrido.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) fijó esa cantidad en cuatro céntimos. Por último, la patronal de las concesiones de autopistas (Seopan) propuso elevar dicha cantidad hasta los nueve céntimos.

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Con estos tres supuestos sobre la mesa, ¿cuánto costaría viajar entre las principales ciudades españolas? Pues si el viaje se lleva a cabo entre Madrid y Barcelona (626 kilómetros), costaría 6,26 euros, 25,04 euros, y 56,34 euros, respectivamente.

De Barcelona a Zaragoza (308 kilómetros), esas cantidades serían de 3,08 euros, 12,32 euros, y 27,72 euros. Y de Madrid a Valencia (355 kilómetros), el coste sería de 3,55 euros, 14,20 euros y 31,95 euros.

¿Más casos? De La Coruña a Vigo (158 kilómetros), sería de 1,58 euros, 6,32 euros y 14,22 euros; de Bilbao a Santander (100 kilómetros), sería de 1 euro, 4 euros y 9 euros; de Málaga a Córdoba (159 kilómetros), sería de 1,59 euros, 6,36 euros y 14,31 euros; y de Murcia a Valencia (227 kilómetros), sería de 2,27 euros, 9,08 euros y 20,43 euros. Para el resto de destinos, bastaría con multiplicar el número de kilómetros por ese céntimo, cuatro y nueve céntimos.

¿Quiénes estarán exentos de pagar?

Para responder a esta cuestión hay que volver a echar mano de la hemeroteca. En el pasado, y más allá de cuál sería el sistema que se implementaría, también se comentaron otros hechos como la opción de pagar según las horas de circulación (más caro en las horas punta), que pagasen más los vehículos más contaminantes, o que las rentas más bajas estuviesen exentas de hacerlo.

Una gratuidad que podría, a la vez, extenderse a determinados tipos de desplazamientos. En concreto, se habló de los desplazamientos por motivos laborales. El argumento era que una persona no debería pagar a diario varias veces por acudir a su puesto de trabajo.

Una situación que también abarcaría a los desplazamientos para acudir a citas médicas. E, incluso, se amplió el abanico a los desplazamientos de estudiantes, lo que supondría un gasto extra en su educación.

De momento, todas las opciones son posibles. Y habrá que esperar a ver la decisión que toma al respecto el nuevo Gobierno que salga elegido en las urnas del próximo 23 de julio. De momento, Bruselas ha confirmado que España se ha comprometido a poner peajes en las autovías. Una medida todavía sin fecha pero que será analizada cuando España quiera acceder al quinto tramo de los fondos de recuperación.