Unas de las últimas sanitarias agredidas en Málaga estaba embarazada de 20 semanas. El domingo 13 de agosto recibió una agresión verbal por parte de un paciente que estaba atendiendo y, un día después, el acompañante de otro enfermo golpeó fuertemente en el pecho y empujó a la facultativa segundos más tarde de que alertara a seguridad de su actitud violenta contra otro compañero de Urgencias.

Este caso se suma al del médico que fue amenazado de muerte por dos hombres mientras atendía a uno de ellos por una hemorragia, al de la pediatra insultada por el padre de uno de los niños que recibían consulta o al de la facultativa a la que una paciente le lanzó el teclado y la agarró del cabello.

Los sanitarios malagueños llevan meses alzando la voz contra el clima de violencia que se ha colado en centros de salud y hospitales y la realidad parece que ya ha activado la alarma en las administraciones competentes.

"Nunca la agresividad puede ser la solución de un problema, ni en el mundo sanitario, ni en nuestra sociedad", afirmó este pasado martes la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, tras anunciar que va a convocar las mesas contra las agresiones a sanitarios ante el número de casos registrados este año, tal y como venía demandando los sindicatos.

Según los datos que maneja la Administración autonómica, Málaga es la provincia andaluza que durante el verano ha concentrado el mayor número de agresiones. El Colegio de Médicos (CMM) tiene registradas, al menos, 23; el Sindicato Médico (SMM), una decena, la mayoría de ellas en el Hospital Clínico de la capital.

Según los datos que ha facilitado la propia Consejería de Salud a EL ESPAÑOL de Málaga a partir del registro de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tan solo en los seis primeros meses del año, antes del aumento reconocido durante este verano, se produjeron 154 agresiones a sanitarios en Málaga. De ellas, 30 fueron físicas. Según este mismo registro, en este lapso, enero fue el mes en el que se contabilizaron mayor número de agresiones (33), seguido de junio (25).

Aunque las cifras no sean completas ni concuerden debido a la dificultad para registrar las agresiones, incluso a pesar de que supongan solamente “la punta del iceberg”, sí que dejan algo claro: que la violencia en los centros sanitarios es una realidad que va en aumento y que Málaga es un punto rojo en el mapa.

El último balance de agresiones a profesionales sanitarios de la Policía Nacional, referente a todo 2022, ya dejaba constancia de ello: Málaga fue la provincia con mayor número de denuncias, 32, muy por encima de todas las demás (la siguiente fue Sevilla, con 23).

Y, "en el cómputo anual, el número de agresiones en 2023 ha subido", confirmaba la consejera de Salud.

RECURSOS PARA HACERLES FRENTE

Desde la Junta, apuntan al valor del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones, que cuenta con un programa especial de acompañamiento para los agredidos y con un profesional que ejerce como guía en la prevención. Este, sin embargo, ha estado en los últimos meses en el punto de mira de los sindicatos, para quienes “está claro que algo está fallando”.

El SMM lleva meses calificándolo, de hecho, como “un absoluto fracaso” a tenor de que no ha conseguido reducir las cifras, sino todo lo contrario. Entre 2021 y 2022, último periodo analizado, las agresiones a sanitarios aumentaron más de un 40%.

Desde la Junta de Andalucía subrayan además que ha habido un refuerzo en los centros sanitarios de la provincia, que cuentan ya con “más de 5.500 elementos de seguridad de distinto tipo”, desde cámaras de seguridad a timbres en consulta o salidas alternativas.

Sin embargo, para los representantes de los trabajadores y los colegiados la realidad es otra. En no pocas ocasiones han puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la protección a los profesionales sanitarios y a los sesgos que hay en la misma. Ponen de ejemplo que muchos centros de salud aún no tienen personal de seguridad y que existe una desigualdad en el reparto de recursos. Según los datos del SMM, los centros de la Serranía y el Guadalhorce son los más deficitarios en este sentido.

La consejera reivindicó también los avances conseguidos en la última mesa antes de verano, entre los que se encuentra el hecho de que los profesionales fueran considerados autoridades y la creación de un observatorio de la agresión, un órgano, aseguró, que se está terminando de constituir.

Pero el diagnóstico de los representantes de los facultativos es claro: las agresiones, aunque no están justificadas y solo muestran “la intolerancia y la falta de educación” de los agresores, son un reflejo de la situación que atraviesa el Sistema Sanitario Público.