La labor de vigilancia, control y sanción de la Policía Local de Málaga en las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad se mantiene viva. Al menos en lo que al plano estadístico se refiere. Dos años pasan ya del momento en que, presionado por una histórica condena judicial, el Ayuntamiento dio una vuelta de tuerca en su estrategia contra los actos incívicos y el ruido y elevó el tono de sus intervenciones.

Como consecuencia de ello, los agentes policiales han incoado en este periodo de tiempo unas 10.500 actas de denuncia contra particulares y establecimientos hosteleros que han incumplido las ordenanzas municipales vigentes. 

El dato se corresponde con la información recopilada por EL ESPAÑOL de Málaga desde la semana del 16 al 23 de mayo de 2022, cuando por vez primera fue emitida una nota de prensa municipal detallando las intervenciones realizadas por la Policía Local. Desde ese momento, salvo algunas excepciones, la comunicación ha sido constante, hasta la emitida este mismo martes, cuando se ha informado de 60 sanciones en el periodo comprendido entre el 6 y el 13 de mayo.

En total son 96 los registros contabilizados en este periodo de tiempo. Del conjunto de expedientes sancionadores, casi 7.700 han recaído sobre particulares, mientras que son alrededor de 2.800 los negocios penalizados  

Estas acciones se corresponden con negocios que han hecho dejación de funciones, ya sea por carecer de permiso de música, por no tener la documentación en regla, por superar la superficie de terraza autorizada o por dejar que el sonido del interior del local salga al exterior…

Aunque ha sido continua, la realidad es que el análisis de los datos confirma una reducción en las actuaciones sancionadoras en el segundo ejercicio del plan municipal. Desglosando por anualidades, puede indicarse que el primer año se cerró con más de 6.200 denuncias, mientras que son algo menos de 4.300 los procedimientos impulsados en el segundo año. Tomando el conjunto, la media de multas ha sido de casi 16 diarias.

Necesidades fisiológicas en la calle

El detalle de la información semanal facilitado por el Consistorio hace posible conocer cuáles son, por ejemplo, los principales motivos de penalización por parte de los agentes policiales. Y de entre todos los que son imputables a individuos que hacen caso omiso a las normas, el de hacer sus necesidades fisiológicas en la calle es el que más resalta.

No solo por el valor simbólico de pillar infraganti a una persona miccionando en la esquina de una calle o en una plaza, sino por el factor cuantitativo de esta irregularidad. Sirva decir que en estos dos años se contabilizan 2.167 expedientes sancionadores relacionados con este incumplimiento, lo que supone una media de más de tres al día. Y esto es lo mismo que decir, que son casi el 30% del total de multas impuestas a particulares en este mismo periodo.

Por debajo de esta primera razón encontramos las concentraciones de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas. O lo que tradicionalmente se ha conocido como botellón. Por esta práctica, la Policía Local ha impulsado más de 1.600 sanciones a particulares. De todas ellas, 16 en la última semana, once en el Camino de Gibralfaro. Y un tercer motivo es el de cantar o gritar, con más de un millar de sanciones.

Las ordenanzas municipales, en función de la gravedad de la falta, recogen multas de entre 600 euros y 300.000 euros, en el caso de la normativa sobre ruido, mientras que en lo tocante a Convivencia Ciudadana, el valor suele rondar los 300 euros.

Más allá de las acciones de la Policía Local, es de destacar la labor ejercida por el área de Comercio, que desde inicios de este año hasta el momento actual ha levantado casi 600 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización. De todas ellas, unas 216 se corresponden con negocios situados en el Centro histórico, si bien son numerosas también las actas en Carretera de Cádiz y Teatinos.

Duda sobre las sanciones

Pero ¿todas denuncias se convertirán en sanciones que cobrará el Ayuntamiento? La respuesta es no. Una vez incoadas las respectivas denuncias por parte de los agentes, los expedientes son remitidos a Vía Pública o Gestrisam, entes que se encargan de dar continuidad a los procedimientos.

En el caso de Gestrisam, no todas las penalizaciones a establecimientos pasan por sus manos, mientras que sí lo hacen las penalizaciones a individuos. No obstante, no todas se convierten en expedientes incoados. Antes de alcanzar ese estatus hay una criba en la que se toma en consideración que se haya recogido bien, por ejemplo, el DNI o el domicilio de los infractores. 

Sólo en los casos en los que se constata que la información es correcta se pone en marcha el mecanismo que puede o no derivar en sanción. Porque el proceso incluye la comunicación al presunto infractor, al que se otorga un plazo de alegaciones antes de que se formalice la multa. Incluso alcanzada esta fase, el afectado puede volver a recurrir.