Cuando parecía que todos los astros se habían alineado para que la torre catarí del puerto de Málaga avanzara en su tramitación final, el proyecto puede toparse con un nuevo contratiempo. Y es que la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía está estudiando la posible "pérdida de vigencia" del informe ambiental al que fue sometido la iniciativa.

Así lo han confirmado desde el departamento regional, si bien han indicado que por el momento no hay una certeza absoluta respecto a la necesidad o no de que el proyecto, promovido por el Puerto de Málaga, tenga que ser sometido a un nuevo dictamen. "Queremos tener una total seguridad sobre la vigencia de la actual autorización ambiental", han afirmado las fuentes.

Al respecto, las fuentes admiten la existencia de pronunciamientos técnicos que consideran que la vigencia del informe se ha superado, mientras otros no opinan lo mismo. A la espera de que haya una decisión oficial, es importante reseñar que en el supuesto de que se admite la pérdida de vigencia del citado informe, los promotores de la torre tendrán que activar la emisión de uno nuevo.

El informe ambiental original fue tramitado por la Junta mediante el procedimiento simplificado, siendo emitido en apenas cuatro meses. Esta circunstancia fue objeto de una importante polémica y de contestación por parte de los colectivos contrarios al proyecto.

Ahora, en el supuesto de que haya de elaborarse una nueva evaluación, las fuentes han indicado que en teoría podría requerir de unos seis meses. Un calendario que, precisan, se podría acortar si se dan por válidos todos los informes que fueron aportados en su momento. Los mismos, subrayan, seguirían siendo válidos "si no ha habido una modificación sustancial ni significativa de la zona".

La voz de alarma en este sentido fue puesta sobre la mesa ayer miércoles por Defendamos Nuestro Horizonte. La plataforma advirtió de que el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que un informe ambiental estratégico "perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación". 

Un supuesto que puede darse en el caso de la torre. Ello, añade el texto normativo, obligaría al promotor a "iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa".

El plazo que toma como referencia el colectivo es el 19 de diciembre de 2017, que es cuando se publicó en el BOJA el Informe Ambiental Estratégico de este proyecto. "El propio Informe Ambiental Estratégico recoge de forma expresa el correspondiente plazo de 4 años desde su publicación establecido por la Ley para la pérdida de vigencia del mismo y el cese de sus efectos; ese plazo ya se ha cumplido sobradamente, incluyendo en el cálculo el periodo de suspensión de plazos administrativos decretado durante los primeros meses del Estado de Alarma", añaden desde la plataforma.