Casi cuatro meses después de que el histórico restaurante Antonio Martín, en Málaga capital, quedase visto para sentencia tras una orden de demolición por parte de la Dirección General de Costas, su futuro sigue en el aire. Pese a la ‘sentencia’ dictada por el ente estatal, la construcción se mantiene en pie y se buscan modos para revertir la situación.

Costas no cierra la puerta a que sea así, si bien incide en la necesidad de que por parte de la Junta de Andalucía se argumenten razones para dar marcha atrás en el camino ya iniciado.

EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso a los documentos enviados por la Administración regional y Costas a finales del pasado mes de enero y principios de febrero. En el primero de ellos, la Junta defiende la continuidad del establecimiento hostelero en su actual emplazamiento, aduciendo para ello el "interés público" del mismo.

En realidad, lo que hace la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible es emplear la misma razón que fue utilizada por la Dirección General de Costas cuando en la resolución de la extinción de la concesión del 12 de enero de 2017. 

En aquella ocasión, el organismo estatal resolvió el mantenimiento de las obras e instalaciones incluidas en dicho título de concesión porque "se mantiene el interés público de las mismas". Son estos antecedentes a los que se agarra el Gobierno andaluz para defender la continuidad de las instalaciones.

La comunicación regional responde también a otra de las razones empleadas por Costas para justificar la necesidad de meter la piqueta. En concreto al impacto que sobre Antonio Martín tendrá el anunciado Plan del Eje Litoral impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad. Los documentos hasta ahora conocidos fijan a modo de propuesta el desplazamiento del restaurante para crear una gran plaza en su parcela actual.

Sin embargo, la Junta le recuerda a Costas que se trata de un documento "interesante" pero que "carece de valor normativo y vinculante". Cuestiona, de este modo, que se argumente la demolición en un trabajo "marcadamente provisional". Con todo ello, acaba pidiendo a Costas "una reconsideración del pronunciamiento" sobre el establecimiento. 

La comunicación de la Junta del 24 de enero pasado, Costas responde con otro escrito el 4 de febrero. En el mismo, el ente estatal no cierra la puerta a modificar su pronunciamiento inicial, pero siempre que la Junta justifique el mencionado "interés público" del mantenimiento del edificio y si el mismo es aplicable a la totalidad o sólo a parte.

En cuanto al efecto del Plan Litoral, plantea a la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Sostenibilidad Ambiental que pida un informe al Ayuntamiento preciso sobre la no interferencia del restaurante en su propuesta de intervención. Incluso, se menciona la posibilidad de que se otorgue la concesión provisional de la edificación al propio Consistorio hasta que se acometa la operación urbanística y sea necesaria la demolición.

¿Cuál es la posición del Ayuntamiento en este asunto? Verbalmente, el equipo de gobierno ya rechazó meses atrás el derribo del restaurante. Una tesis en la que se mantiene en este momento. Preguntado sobre la posible incompatibilidad del edificio con el Plan Litoral, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha sido claro, insistiendo en que el objetivo municipal es que el proyecto de transformación no afecte al negocio hostelero.