El pasado viernes 5 de agosto fue detenido en Fuengirola un exmilitar peruano implicado en delitos de lesa humanidad en los años 80 en Perú. La noticia la adelantó El Confidencial, y vuelve a mostrar que la Costa del Sol es uno de los lugares preferidos para que los criminales internacionales pasen desapercibidos.

Esta vez no es un sujeto relacionado con el crimen organizado, sino alguien que ha cometido delitos de otra dimensión. El exmilitar se llama Augusto Gabilondo García del Barco, fue Teniente 1ro del ejército peruano y ejerció de jefe de la Base Contrasubversiva de la ciudad de Huanta (Ayacucho, Perú) a comienzos de la década de los 80. 

Para poner en contexto a esta detención: Perú sufrió un conflicto armado interno desde el año 1980 hasta el 2000 principalmente entre la organización terrorista Sendero Luminoso y el propio Estado, que generó unas cifras de víctimas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de entre 61.007 y 77.552 personas.

En su estudio, esa comisión peruana cifró los porcentajes de responsabilidad de las muertes de esas víctimas y los repartió así: 46% provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30% provocadas por Agentes del Estado; y el 24% provocadas por otros agentes que incluyen paramilitares o grupos de autodefensa. 

En el año 80, el grupo terrorista Sendero Luminoso inició una campaña de atentados que provocó una respuesta militar del Estado peruano en 1982. Ese año crearon un comando político militar para luchar contra esta organización terrorista, y se decidió convocar a las fuerzas armadas para combatir en el conflicto. Desde enero de 1983 la Infantería de Marina de Perú se encargó de la seguridad de la ciudad de Huanta, localizada en el departamento de Ayacucho, lugar de destino a Augusto Gabilondo García del Barco. Ese año 83 se inició con una matanza de ocho periodistas en la comunidad campesina de Uchuraccay (en la provincia de Huanta), hechos ocurridos el 26 de enero de 1983 y aún no esclarecidos. Para investigarlos se formó una comisión que estaba conformada por el escritor Mario Vargas Llosa, entre otras personas. 

Transcurrieron unos meses, y la violencia comenzó a recrudecerse. En abril de 1983, el ejército peruano comenzó a tomar posiciones en las zonas rurales controladas por Sendero Luminoso en el departamento de Ayacucho, y en ese mes se cometieron graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de la organización terrorista y por el lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad peruanos.

El 3 abril, miembros de Sendero Luminoso asesinaron en la comunidad de Lucanamarca, en Ayacucho, a 69 comuneros. El 13 de abril, miembros de la unidad paracaidista policial peruana, conocida como Los Sinchis, lanzaron granadas de mano contra un colegio en San Jacinto, Ayacucho, asesinando a 16 niños que recibían clase allí. El 20 de abril, en Juquiza, miembros de Sendero Luminoso asesinaron a 18 campesinos que estaban registrados en una lista de muerte por no colaborar con la organización terrorista. A estos terribles sucesos le siguieron otros igual de graves entre 1983, 1984, y 1985.

En ese periodo de guerra de guerrillas y atentados, apareció Augusto Gabilondo García del Barco liderando la Base Contrasubversiva de la ciudad de Huanta, un lugar militar estratégico desde el cual se dirigía el conflicto contra Sendero Luminoso. En esa base militar se cometieron atrocidades por parte de las fuerzas armadas peruanas; especialmente, entre 1983 y 1984. García del Barco está condenado a 15 años de cárcel en Perú por estar involucrado en la desaparición forzada de Benito Baldeón Ninahuanca.

La condena llegó en 2021 y probó judicialmente que Baldeón, que trabajaba como trabajador civil de la Oficina de Reclutamiento del Ejército, fue detenido en la base militar de Huanta el 2 de agosto de 1984, y luego fue ejecutado extrajudicialmente. Augusto Gabilondo García del Barco era quien controlaba a la tropa que cometió ese crimen. Tiene más causas pendientes en Perú, porque está procesado por la desaparición y ejecución de 62 personas en Huanta entre julio y agosto de 1984. Entre ellos está el corresponsal del diario La República y periodista de Radio Huanta 2000 Jaime Ayala Sulca. Por estos casos, la Interpol recibió la notificación judicial de detenerlo y entregarlo a las autoridades peruanas. Decidió esconderse en Fuengirola buscando el verano de la Costa del Sol para pasar desapercibido, pero le duró poco su estancia aquí.

El Caso Huanta. Así es llamada la investigación judicial que juzga estos asesinatos por parte de fuerzas militares peruanas, comenzó a enjuiciarse en marzo pasado. Lo hace la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Perú, y el Tribunal lo preside la magistrada Miluska Cano. A Augusto Gabilondo se le está juzgando en ausencia porque lleva fugitivo desde diciembre de 2021, el fiscal Jesús Prado León le ha solicitado 25 años de cárcel por un delito de lesa humanidad por su responsabilidad en estos hechos. Se le hace responsable de los asesinatos de 17 evangélicos de Calqui (Huanta) y 45 desapariciones forzadas de personas encontradas en las fosas comunes de Pucayacu.

Al ser detenido por una orden extradición internacional, Augusto Gabilondo García del Barco pasó a disposición de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz tras tomarle declaración decidió retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país sin autorización judicial, estar siempre localizado y comparecer quincenalmente en el juzgado más próximo a su domicilio. Augusto Gabilondo se negó a ser extraditado, y ha ganado tiempo mientras la justicia peruana envía más información a la española. Por otro lado, las familias de los asesinados siguen clamando justicia después de 38 años.