El ansiado y anhelado tren litoral de la Costa del Sol empieza, de nuevo, a tener forma. Y, al menos en el plano teórico, vida. Tras seis años sin un solo documento formal sobre la mesa, la presentación la semana pasada de un último estudio elaborado por la consultora ARCS y financiado por Unicaja Banco ha permitido devolver al primer plano la que para muchos es la gran infraestructura pendiente en la provincia de Málaga.

El documento técnico tiene un valor esencialmente simbólico, aunque supone un verdadero punto de partida para avanzar en los indispensables proyectos. Una labor que, todo sea dicho, requiere de la complicidad del Gobierno central, administración que desde hace más de una década tiene en sus manos la responsabilidad directa sobre esta intervención.

El trabajo de análisis y planificación que realiza el equipo de ARCS, completado por los datos aportados por Analistas Económicos, genera un movimiento significativo en un escenario marcado por la inacción de la Administración central. Hay que remontarse a enero de 2018 para ver a un ministro, en ese caso el popular Íñigo de la Serna, presentando en sociedad una propuesta formal para llevar el tren a Marbella, única ciudad de más de 100.000 habitantes sin conexión. Tras ese gesto, silencio. 

El impacto de este mutismo prolongado se deja sentir sobre una población de 1.045.000 habitantes, que son los formalmente censados en las localidades situadas en la traza del reclamado ferrocarril de la Costa del Sol occidental: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella. Para tomar la dimensión de este parámetro sirva decir que es el 79% del total de la población de los municipios del litoral de la provincia. 

A esto se suma, según destacan los autores del informe, que este corredor litoral concentra más del 70% de los viajeros que reciben los establecimientos hoteleros y más del 20% del total regional. No obstante, se incide en que la población real que se beneficiaría de esta infraestructura es muy superior, dada la existencia de un elevado volumen de residentes no inscritos y la población turística variable según las épocas del año. 

Atendiendo a esta realidad, el estudio demuestra la rentabilidad de una operación que obligaría a un desembolso de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, con un coste de explotación de 325 millones. Frente a ello, su ejecución y puesta en marcha permitiría un ahorro de 24.526 millones (15.866 millones por ahorro de externalidades, 5.641 por ahorro de costes operacionales y 3.018 por ahorro de tiempo).

El apoyo directo ya expresado por los ayuntamientos de los municipios directamente afectados por el proyecto, así como de la Diputación provincial, pone de relieve el apoyo social existente a la demanda y supone, de facto, un nuevo toque de atención al Ministerio de Transporte, que durante los recientes gobiernos de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso al planteamiento, eludiendo cualquier complicidad con el tren litoral.

Así lo esperan desde la Plataforma por el Tren Litoral. Su portavoz, Violeta Aragón, valora el ejercicio realizado en este último trabajo, que pone de manifiesto "la necesidad de infraestructuras que unan mediante tren la Costa del Sol". "Sin entrar en los aspectos técnicos, plantear esta necesidad ayuda, porque si no parece que estamos predicando en el desierto; el objetivo es que algún Gobierno se lo tome en serio y decida poner interés", apostilla Aragón, crítica desde hace años con la posición de la Administración central. 

Encuentro sin representantes del Gobierno

La puesta en escena del estudio tuvo una marcada presencia de instituciones gobernadas por el Partido Popular, con varios ayuntamientos, incluyendo Málaga capital, y la Diputación provincial. Sin embargo, al encuentro no fue invitado el Gobierno central, según confirman desde la Subdelegación provincial.

Este hecho hace que desde la Administración estatal se ignore oficialmente el estudio. Así lo expresan desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia después de que EL ESPAÑOL de Málaga haya solicitado una valoración sobre el documento. "Desde la Subdelegación no nos vamos a pronunciar sobre una propuesta de la que no tenemos conocimiento oficial ni información detallada sobre la misma, únicamente conocemos lo recogido en prensa tras su presentación a medios", explican.

Un posicionamiento compartido por el PSOE, principal partido al frente del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Uno de sus representantes en el Congreso de los Diputados es Ignacio López, quien desempeña desde el inicio del mandato la Portavocía de Movilidad Sostenible en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible. El diputado malagueño explica a EL ESPAÑOL de Málaga que desconoce el contenido del informe ya que no se lo han hecho llegar, por lo que descarta hacer una valoración de las tesis planteadas. 

Sin embargo, sí que pone sobre la mesa algunos puntos a destacar. El primero es que pese a la complejidad del proyecto (y que no se vislumbre en el futuro a medio plazo su ejecución), sí que se trata de una "aspiración de partido". Del mismo modo, destaca la controversia que genera el hecho de que una administración "le haga un estudio" a otra, que a su vez es la encargada de ejecutarlo. 

López valora el papel del ingeniero José Alba, al frente de ARCS, y su trayectoria: "Es un profesional de mucho reconocimiento", subraya, al tiempo que incide en el trabajo de fondo de plan ferroviario, del que "solo conoce" lo que se ha publicado por la prensa: "Estos informes siempre son bienvenidos", destaca. 

Más crítico es el secretario general del PSOE en la provincia de Málaga, Daniel Pérez. Si bien asume la postura de "no pronunciarse" sobre algo que no le han hecho llegar (censura que a los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga no se lo hayan facilitado), va más allá y señala directamente al Consistorio: "No es el organismo competente para ello". 

Pérez, quien recientemente ha expresado sus dudas en relación con el tren litoral, también se ha referido al alcalde de la capital, Francisco de la Torre: "Espero y confío en que no haya intencionalidad para buscar confrontación, aunque nos tiene acostumbrados a hacerlo con administraciones que no son de su signo político. Esto nos hace pensar que es una estrategia de choque. Si quería consenso, tenía que haber presentado el documento al Ministerio de Transportes", expone.