El boom de parques fotovoltaicos en la provincia de Málaga lejos de detenerse sigue creciendo. La voz de alarma lanzada hace algunas semanas por la Diputación provincial, alertando de los riesgos que este tipo de infraestructuras para el paisaje, puso de manifiesto la preocupación creciente existente entre muchos alcaldes.
Pese a que la gran mayoría de estas iniciativas (un centenar, según algunas fuentes) se encuentran aún en fase de tramitación, el efecto llamada que generan los más de 6.000 millones de fondos públicos destinados a las renovables es evidente.
"En los últimos meses hemos recibido como 40 peticiones de informe de disponibilidad", confirma la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, uno de los municipios que por su proximidad a varios centros de transformación resulta más apetecible para los fondos de inversión protagonistas de este fenómeno.
Los vecinos de esta localidad de la comarca de Nororma ya conviven desde hace años con varios parques solares. Y ahora son testigos del impulso de tres más que, en caso de materializarse, supondrán una ocupación cercana a los 2,6 millones de metros cuadrados, con una inversión programada de 66 millones de euros. El de mayor tamaño promovido por Ignis tiene una superficie afectada superior al millón de metros cuadrados.
Tal es el deseo de las firmas por desarrollar proyectos en este término que, según indican desde el Ayuntamiento, propietarios a los que han convencido para arrendar sus terrenos estarían recibiendo del orden de 3.000 euros la hectárea.
"Tenemos una vega preciosa, es mucho campo y terreno de cultivo que se está convirtiendo en una masa de cristal"
"Pero se ha escuchado incluso de gente que ha pedido 6.000 euros", dicen. Estos valores superan los que, según informan desde la Unión Español Fotovoltaica (UNEF) se pagan de media, con entre 1.500 y 2.500 euros la hectárea y año de arrendamiento.
En este nuevo escenario, Archidona participa del movimiento crítico con lo que algunos empiezan a denominar nueva burbuja de las renovables. "Estamos a favor pero llevamos un tiempo en el que casi todos los días entran informes de empresas pidiendo informes de compatibilidad urbanística y estamos obligados a darlos", explica.
La ausencia de herramientas legales lastra a los municipios a la hora de acotar estas operaciones. "No tenemos instrumentos para rechazar la localización de esos parques", dice la alcaldesa.
No obstante, como empiezan a hacer otros consistorios, el de Archidona se ha puesto manos a la obra y ha encargado a la Secretaría General y a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de suspender la concesión de licencias para este tipo de instalaciones.
"Tenemos una vega preciosa que está alrededor de la Peña de los Enamorados, es mucho campo y terreno de cultivo que se está convirtiendo en una masa de cristal por las placas", se queja Montero, quien pone el acento en el "potente impacto visual que genera".
"El megaparque nos destruye el entorno, casi un millón de metros cuadrados de olivar en plena producción, está a un kilómetro del Caminito del Rey"
El temor a que estos parques incidan negativamente sobre el creciente turismo de interior es compartido por Álora, cuyo alcalde, Francisco Martín (PSOE), informa de que actualmente hay dos grandes operaciones en fase de tramitación: una de ellas con una ocupación superior a los tres millones de metros cuadrados y otra de 1,2 millones.
"A nosotros el megaparque nos destruye el entorno, está a un kilómetro del Caminito del Rey, destruye casi un millón de metros cuadrados de olivar en plena producción; está en paralelo al corredor verde presentado por la Diputación en Fitur, un proyecto turístico espectacular que a los municipios del interior nos da un revulsivo importante", cuenta. Y advierte del impacto que provocará en los visitantes que vayan caminando o en bici por una zona en la que atravesarán "un mar de placas".
Para Martín, estas grandes extensiones "son una bestialidad" y comparte la necesidad de que sean controladas por las administraciones superiores. "Seguro que hay sitios donde el impacto sea mínimo, pero en pleno Valle del Guadalhorce y en las proximidades de Parque de las Nieves…", opina.
Álora, como Archidona, ha dado un primer paso en el intento de obstaculizar estos proyectos. Semanas atrás, el Pleno del municipio aprobó por unanimidad, "sin distinción de color político", una modificación de las normas subsidiarias para poder retrasar un año la concesión de las licencias de obras siempre que el suelo no urbanizable sufra una alteración "fuera de lo normal".
El también ha iniciado consultas jurídicas y urbanísticas, en contacto con varias delegaciones autonómicas e incluso con el Gobierno central, es el Ayuntamiento de Cañete la Real. La alcaldesa, la socialista Josefa Jurado, que regresó al puesto hace apenas un mes, tiene sobre su mesa seis proyectos actualmente en tramitación. Cinco de ellos promovidos por Grupo Cobra; el otro por EDP Renovable.
"Cañete es un balcón y los terrenos que serían ocupados son la falda de ese balcón; me llegaría al alma tener todo eso lleno de cristales"
De llevarse a efecto, ocuparán del orden de 180 hectáreas. "Afectan a toda la zona de la Vega; Cañete es un balcón y los terrenos que serían ocupados son la falda de ese balcón", expresa Jurado, quien añade: "Me llegaría al alma tener todo eso lleno de cristales".
La alcaldesa admite los beneficios que pueden tener para las arcas municipales, pero subraya la necesidad de recolocarlos. "No decimos que no, pero sí a hacerlos en esa zona", insiste, advirtiendo de que los vecinos se "levantarán" si siguen adelante. La plataforma Cuidemos la Vega Cañetera reunió meses atrás a unos 200 vecinos en contra de estas actuaciones.