Hubo un tiempo en que dos negocios convivían pacíficamente en el número 75 de la avenida de Pablo Neruda de Madrid. En la planta baja estaba el legal: la Pizzería VK. Dos pisos por encima, el delictivo: un narcopiso okupado. Durante dos años ambos establecimientos vendieron su género sin interferir en los asuntos del otro. Pero todo se torció en 2017. Javier lleva desde entonces luchando en minoría una guerra que ya debería haber ganado. Y no ha sido así.

El protagonista de esta historia es Francisco Javier Ruiz, madrileño de 60 años “y muy bien llevados”. En 1990 abrió la Pizzería VK en la avenida de la Albufera. Tras pasar por dos locales, en el año 2015 abrió otra sucursal en la avenida de Pablo Neruda. Este último lo abrió su mujer, Esperanza García, que capitalizó su prestación de desempleo para poner el negocio en marcha.

El edificio donde se sitúa la pizzería pertenece a la Agencia social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, antes conocida como IVIMA. El inmueble está habitado, en su mayoría, por una serie de familias de etnia gitana que mantiene un narcopiso okupado en el 2A. Ese punto de venta de drogas está actualmente operativo, según informan fuentes policiales a este periódico.

Una redada policial en este narcopiso en 2017 fue lo que inició esta eterna lucha, según relata Javier. “Les detuvo la policía y nos acusaron a nosotros de haberles denunciado. No era verdad. Consideraron que la culpa era nuestra”, explica el pizzero de Vallecas en conversación con Madrid Total. Varios miembros del clan familiar fueron detenidos, pero muchos otros no, y el narcopiso volvió rápidamente a funcionar con normalidad.

Los narcos, en su afán de buscar culpables, la tomaron con los pizzeros. Primero llegaron las amenazas, que desembocaron en una orden de alejamiento. Varios miembros del clan tienen prohibido acercarse a más de 300 metros de Javier y Esperanza.

Después, llegaron los sabotajes. “Se dedicaban a rompernos los fusibles. En un momento que pensaron que no estaba en el local, se fue la luz de una fase. Como ya sabía lo que estaban haciendo, me acerqué al portal y les grabé manipulando los contadores. Ahí estaba Josele”.

Josele es el sobrenombre de José Silva Vargas, uno de los cabecillas del clan que actualmente está imputado, junto a otras tres personas, por agredir a los pizzeros. “Fuimos a juicio por el sabotaje. En el vídeo se ve perfectamente cómo Josele, al verme a mí, se sube para casa. En el juicio, Josele dijo que estaba en su casa y lo dieron por bueno, aunque salía en el vídeo. Le absolvieron”.

El perito

Al poco tiempo de la detención de los narcos, una inspección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid llamó a la puerta de la Pizzería VK. “Nosotros abrimos en el 2015 y hasta el 2017 no causamos ni un puto problema. De repente, aparece en escena un perito de Medio Ambiente”.

“Nos hace pruebas de humos y nos quema vinagre dentro del local, para ver el escape de olores. ¿Dos años después de abrir? ¿Por qué? No tiene sentido ninguno. Pasamos la inspección sin problemas”.

—¿Cuánto tiempo pasó entre la detención de los narcos y la primera inspección?

—Nada, pocos días.

—¿Antes de la detención habíais tenido alguna inspección?

—¡Qué va! Ni una. Ya te he enseñado cómo funcionan aquí. No controlan ningún local. Si aquí se pusieran a investigar las salidas de humo de los demás locales, me quedo solo.

La paliza

El episodio más grave de esta lucha llegó el 18 de abril de 2018, cuando Javier y Esperanza fueron agredidos por los narcos. “El día anterior a la agresión, estuvimos en comisaría. Saliendo de comisaría, varios agentes nos aconsejaron que fuéramos al juzgado, que ahí no íbamos a conseguir nada”.

“Al día siguiente, se produce la agresión. El patriarca ya sabía que habíamos estado en comisaría. Vino amenazando, diciéndonos que no le íbamos a llevar de nuevo al juzgado. El tipo se fue hecho una furia. Esperanza llamó a la Policía y no vino nadie”.

“Había clientes en la pizzería. Nos entró un pedido, lo preparé, me disponía a entregarlo y cuando cogí la puerta, estaba en el suelo”. Lo siguiente que recibió Javier fue una lluvia de patadas, puñetazos y palos. Hasta en los genitales.

“Yo identifiqué a cinco agresores. Uno de los clientes que fue testigo dijo que eran 10 o 12 los que me estaban pateando. Mi mujer salió a defenderme y la pegaron con un palo. Acabamos en el hospital. Ella con la cabeza abierta y yo con una costilla rota”, recuerda Javier. “Me dieron hostias… Es que no te puedes imaginar las que me dieron”.

La Policía

“Llegó la Policía, por fin. Digo yo que si hubiesen atendido la primera llamada, la agresión no se hubiera producido. El testigo declaró y los policías pusieron en su boca la versión de los narcotraficantes. ¡Pero si cuando llegó la Policía no estaban! Se habían escondido”.

La acusación va a más: “De los cinco agresores que yo identifiqué, la Policía, por sus huevos morenos, ¡me quitó a dos! Entre ellas, la que pegó a Esperanza”. Esto provocó la apertura de otro frente en la guerra de Javier: “La Policía de Puente de Vallecas y su comisario. Ojo, no toda la Policía, es importante hacer esa distinción. Y dentro de esa comisaría no son todos así”.

En medio de esta pelea, Javier acudió en numerosas ocasiones al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer su caso. “El concejal [del distrito de Puente de Vallecas] Borja Fanjul me ha prohibido la entrada en el Pleno. Le tengo denunciado en Plaza de Castilla”, asegura.

Mientras tanto, los sabotajes a la pizzería continuaban. “En 2019 empezaron a caer al local aguas fecales. Para que cayeran las aguas tuvieron que romper el bote sifónico del baño. Eso está incrustado en el suelo, o sea, que no se rompe. No se rompe a menos que le des martillazos”.

El cierre

A la primera inspección de Medio Ambiente le han seguido otras tres. En la segunda, también destinada a comprobar la salida de humos, Javier se dio cuenta de que “los narcos habían tapado la chimenea con poliespán”. Y, pese a ello, también salió favorable.

En la tercera, el perito apareció “para hacer una prueba de ruidos” porque “había quejas de los vecinos”. Javier pudo grabar al hombre en cuestión subiendo y bajando la verja del local o arrastrando las sillas por el suelo para ver qué ruidos producían. “Nos metieron 8.000 euros de multa por los ruidos de la verja. Fuimos al contencioso administrativo y, por suerte, lo ganamos”. A la cuarta inspección, finalmente, Medio Ambiente consiguió cerrar el local. Fue el pasado 23 de octubre.

En toda esta pelea a tres bandas —contra los narcos, Medio Ambiente y la Policía Nacional de Vallecas—, Javier ha litigado en todos los escenarios que ha podido. “He estado en el búnker [la Dirección General de la Policía, en el distrito de Hortaleza], en Fiscalía, en el Ayuntamiento, en el defensor del Pueblo, en los juzgados…”, lamenta el pizzero. Y, por el momento, ha salido perdiendo siempre.

Actualmente la agresión sufrida en 2018 está en fase de instrucción en el Juzgado número 46 de Madrid y “tiene que pasar a lo penal”. El cierre del local por parte de Medio Ambiente se litiga en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Javier tiene interpuestas denuncias contra dos policías nacionales y otros dos municipales “por falsificar las declaraciones nuestras y del testigo presencial”. Por su parte, el narcopiso sigue operativo. Mientras tanto, “Esperanza está en tratamiento psiquiátrico y el negocio cerrado al público”.