Nueve vecinos de San Fernando de Henares toman asiento alrededor de una mesa de la cafetería La Abuela. El ruido de las máquinas que inyectan hormigón al subsuelo se sufre en todo el barrio y obliga a levantar la voz para hacerse oír. A pocos metros de esta reunión está lo que solía ser su casa: tres edificios de las calles Presa y Rafael Alberti que fueron reducidos a escombros el pasado septiembre.

En mayo de 2022, 46 familias sanfernandinas fueron desalojadas de sus casas con lo puesto por la construcción de la línea 7B del Metro de Madrid. Desde 2007 —cuando se construyeron las estaciones de San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares— el suelo de una amplia zona del municipio se ha vuelto inestable y ha cubierto de grietas bloques enteros de viviendas.

Ahora, esta triste historia vive su peor momento, con cuatro edificios demolidos, seis en trámite de demolición y dos en análisis estructural. En total, hay 84 familias y numerosos negocios afectados, y la situación todavía se puede agravar. 

Marcial, Bautista, Juan, Luis, Rosario, Tomasa, Marciala, otro Juan y José Luis se encuentran entre los primeros afectados. De la noche a la mañana tuvieron que dejar atrás sus casas con todo lo que había en ellas. Las fotos de la comunión de sus hijos, la postal de aquel viaje de aniversario al Parador de Lerma, la vajilla Duralex amarilla donde comieron varias generaciones, el sofá desde donde intentaban adivinar las endiabladas preguntas de Saber y ganar que salían de esa tele plana que les costó un ojo de la cara. Todo.

“Yo me quedé un año sin vacaciones para poder pagar la instalación del aire acondicionado de mi casa. Ahora nadie me devuelve eso: ni el aire acondicionado, ni la casa, ni ese verano que no fui a la playa con mi familia”, lamenta Juan Fuentes, vecino desalojado y presidente de la Asociación de Afectados por la Línea 7B. 

Estas personas desahuciadas forzosamente atienden la llamada de Madrid Total el mismo día que el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, anuncia el nuevo paquete de medidas destinado a compensarles. Así pues, durante varias horas de reunión, estos vecinos desgranan lo vivido estos últimos 16 meses y lo que les espera. A todas luces, esto está muy lejos de terminar.

“El peor día de nuestras vidas”

Corría mayo del 2007. Esperanza Aguirre estaba a escasos días de revalidar su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid. El Metro de Madrid llegaba a Coslada y San Fernando de Henares, tal y como prometió la expresidenta en su primer mandato. A mitad de obra y sin cambiar el plazo de apertura, la Comunidad de Madrid anunció la construcción de dos paradas más: Henares y Hospital del Henares.

El PP de Aguirre arrasó en San Fernando de Henares en las elecciones autonómicas de aquel año, con un 42,83% de apoyo entre los votantes sanfernandinos. Pero pronto los responsables del Metro olieron que algo iba mal. El tren, al atravesar la bautizada como “curva de la muerte”, iba más despacio.

La Comunidad encargó en 2008 un estudio hidrogeológico a dos científicos de las universidades Politécnica y Complutense de Madrid cuyas conclusiones elevaron el nivel de alerta. Bajo el túnel del metro se encontraba una capa de sal de entre tres y cuatro metros de espesor. Como consecuencia de las filtraciones de agua, la sal se estaba descomponiendo. Este vídeo publicado por EL ESPAÑOL en 2017 resume bien el problema:

“Esperanza Aguirre quiso dotar de una estación al Hospital del Henares, que me parece bien. Pero claro, para eso no se volvió a hacer ningún estudio y se cambió el trazado. Ahí es donde pasa por nuestras viviendas”, explica Juan Fuentes. “En el año 2019 empezamos a tener pequeñas fisuras y lo que hacíamos era notificar al Ayuntamiento, para que hicieran un censo y la Comunidad de Madrid viniera a visitar nuestras viviendas”.

“Todos en San Fernando sabíamos que eso se debía a las obras del Metro. Ocurrió anteriormente en la calle Vergara el deterioro de un edificio. Justo después de Filomena [enero de 2021] volvieron a intervenir porque ya había tres viviendas familiares en la calle Presa que estaban muy afectadas. Pusieron una zona perimetral, las apuntalaron, pero en ese momento no estimaron que eran ruinosas. A los pocos días notificaron a esos vecinos de la calle Presa que su vivienda no tenía solución e iban a proceder a derribarla. Las calificaron como ruina técnica y desalojaron a esos vecinos”.

Mientras tanto, el centro de San Fernando se seguía cubriendo de grietas. Las casas, los comercios y hasta la propia calzada de la calle se resquebraja —como las vidas de estos vecinos— lenta, pero ininterrumpidamente. “En abril de 2021 empezaron a hacer inyecciones [de hormigón en el subsuelo] alrededor del perímetro para consolidar nuestras viviendas. Ya teníamos grietas donde cabía una mano… Y seguían sin reconocer nada”.

“De golpe y porrazo, el 28 mayo, nos dijeron que las inyecciones no tenían efecto y que nuestras casas se iban a inclinar cada vez más. Descubrieron que el colector que había debajo de nuestras casas estaba roto y se estaba vertiendo medio millón de litros de agua diarios sin control [hacía esas capas salinas solubles]. Eso creó cuevas debajo de nuestros edificios y agravó mucho más el problema. Cuando lo descubrieron, ellos mismos se echaban las manos a la cabeza”.

El 21 de septiembre de 2021, estos vecinos de San Fernando se despertaron en sus casas por última vez. “Ya tenían dispuestos unos apartahoteles a 15 kilómetros de aquí. Y ese fue el peor día de nuestras vidas”.

“El edificio más sólido de España”

La Comunidad dijo que sería temporal, que podrían volver. “Yo espero que no estén fuera más de dos meses”, aseguró en octubre de 2021 el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, en una entrevista en Telemadrid. “Queremos que, cuando ellos puedan volver a sus casas, puedan volver con la absoluta tranquilidad de que es el edificio más sólido de España”.

Pero cuando volvieron, en realidad, fue para recoger los enseres que pudieran en media hora. Su edificio se iba a demoler con todo lo que hubiera dentro. “A partir del día 17 de enero empezamos con el calendario de mudanzas por vivienda. Después de mucho pelear nos dejaron acceder media hora y, como si de un concurso de televisión se tratara, subíamos dos personas por vivienda. Con un walkie cada uno, nos decían desde abajo: ‘Le quedan 15 minutos’. Así, a todos y cada uno de los que estamos aquí”.

“La primera vez que entras colapsas. Es la última vez que entro a mi casa. ¿Qué cojo? ¿Qué es más importante? Imagínate que tú le das un cariño especial a una mantelería especial que te hizo tu madre, que ya no está contigo. O la póliza del seguro. O la escritura. O el libro de familia. Nada, colapsas, y pierdes el bien más preciado de tu vida que es tu hogar”.

Un año de apartahotel

El pasado jueves 12 de enero, la Consejería celebró una rueda de prensa en la que explicó las indemnizaciones que van a recibir los afectados y las medidas adoptadas hasta la fecha para proteger a los desalojados. Según la Consejería, cada familia desalojada ha tenido gastos pagados por valor de 60.000 euros, desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022.

Los gastos se desglosan de la siguiente manera: 29.000 euros para alojamiento, 7.000 para transportes, 22.000 para manutención, 1.000 para trastero y 1.000 para suministros. “Hemos estado un año en un apartahotel, de septiembre a septiembre”, resume Bautista, uno de los afectados.

¿Y ahora que se ha acabado el apartahotel? “Algunos hemos recibido dinero de manutención”, explica Juan. “Dicen que llegamos a un acuerdo a partir del 20 de septiembre y no es así. Fue una decisión que tomaron ellos de que nos iban a dar 4.788 euros [para los próximos seis meses] y que nosotros lo gestionáramos para buscarnos un alquiler. Cada uno que se buscara la vida. Hay gente que con ese dinero no se puede buscar un alquiler. Hay gente que a lo mejor no trabaja o es pensionista y que para alquilar un piso te piden una serie de requisitos”.

—¿A ti te lo han dado? —salta Tomasa.

—A mí sí.

—A nosotros no.

—Estos señores [en referencia a Luis y Tomasa], mis vecinos de arriba, no han recibido un solo euro, porque no reúnen los requisitos que les piden. Explicadlo vosotros.

—Cuando salimos del apartahotel cogimos un piso de alquiler. Llegó septiembre y no nos han vuelto a dar una peseta. El consejero ha dicho que hay algunos vecinos que han recibido el dinero y otros que lo hemos rechazado. Yo no he rechazado nada. A mí no me lo han ofrecido siquiera y lo hemos pedido un montón de veces. Llevo pagando cuatro meses el alquiler, más otro mes de fianza.

—Como ellos hay muchas más familias.

—Realmente, no han dado dinero a nadie —apunta José Luis-. Te lo dan como anticipo de la futura indemnización que te van a dar. A partir del 21 de septiembre no tenemos ninguna solución habitacional real. Esos cerca de 700 euros al mes que nos han adelantado nos lo van a deducir de la indemnización.

—Y ese dinero que te adelantan lo tienes que justificar mediante un contrato de alquiler y los recibos pertinentes —vuelve a tomar la palabra Juan-. Yo sigo pagando la hipoteca de un piso que me han robado, de una pila de escombros. Yo pago poquito, pero hay gente que está pagando 700 euros.

—¿Y la Consejería en algún momento ha puesto sobre la mesa resarcir esas hipotecas?

—Nada, ¡qué van a resarcir! Si hay gente que lleva año y pico sin poder abrir su negocio. ¿Qué come esa persona? 16 meses sin poder abrir la tienda.

Las indemnizaciones anunciadas por la Consejería van de los 136.000 a los 355.000 euros por viviendas, y de 10.000 a 30.000 euros por garajes. De estas cantitdades tendrán que pagar un porcentaje —todavía por determinar— a hacienda, ya que no se trata de un desastre natural. Asimismo, los afectados denuncian que la tasación de sus viviendas no se corresponde con la realidad, al no poder haber accedido los propios tasadores a las viviendas y valorar el mobiliario, los enseres o las reformas hechas por los propietarios.

Asimismo, el consejero aseguró que el suelo en San Fernando de Henares se paga a 2.000 euros el metro cuadrado construido y que la Comunidad ha establecido un precio de 2.682 euros por metro cuadrado para las indemnizaciones.

Juan Fuentes responde: “Es falso. No ha tenido en cuenta que nosotros vivimos en una zona privilegiada de San Fernando, que es la zona centro. Aquí está en 3.200 euros el metro cuadrado. Bueno, ahora será algo menos porque todo esto ha devaluado la zona”.

Las acusaciones siguen volando de un lado para otro. Hace pocas semanas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguró que la llegada del Metro a San Fernando fue “una decisión técnica y política fruto de la ilusión de los Ayuntamientos de la izquierda”, señalando al actual alcalde de la localidad, Javier Corpa, del PSOE.

“Los mismos que se pusieron a la cabeza de la prolongación de la línea son los que hoy se ponen a la cabeza de la plataforma de afectados”. La presidenta también apuntó contra la plataforma de afectados, donde aseguró que había “antiguos concejales” de la izquierda en San Fernando al frente que estaban promoviendo “acciones agresivas” contras los técnicos de la Comunidad. “Acelera las soluciones y dejaremos de protestar”, responde Bautista, indignado, a la presidenta.

Y el metro sigue cerrado

Actualmente, no hay trenes que lleguen a San Fernando. Desde la construcción de la línea 7B, ha habido nueve interrupciones del servicio. Es decir, que el Metro en San Fernando ha estado más tiempo cerrado que operativo. Además, el municipio no tiene servicio de Cercanías. La estación más cercana se encuentra en la vecina Coslada.

Los trabajos de consolidación del terreno, inyectando hormigón a las cuevas creadas por la disolución de las capas solubles, están operativos día tras día en seis puntos del municipio. De esta manera, la Comunidad trata de paliar los efectos de haber construido más rápido de lo que deberían, aun sabiendo a lo que se exponían.

En 2017, este periódico accedió al plan original de las obras de la línea 7B a través del Portal de Transparencia. Tanto la Comunidad, entonces en manos de Aguirre, como la empresa concesionaria Dragados, de Florentino Pérez, eran conscientes del riesgo que suponía construir las últimas dos estaciones de la línea. Ante este panorama en el que nadie entona el mea culpa, los vecinos solo ven una solución clara.

—¿Piensan llevar esto por la vía judicial?

Y todos responden al unísono con un rotundo sí.

—Desde el día que salí de mi casa estaba convencido de que esto va a acabar en los tribunales.