El 'plan' de Educación para la Escuela Europa en el Ramiro: obras en accesos y planta baja para "sacar" 8 aulas

La implantación de una Escuela Europea Acreditada para hijos de diplomáticos de instituciones de la Unión Europea dentro del colegio público Ramiro de Maeztu es un proyecto que se está desvelando casi por cuentagotas cuando la Comunidad de Madrid viene realizando gestiones desde el inicio del curso.

Hace unas semanas, cuando se informó a los padres a través del Consejo Escolar, se supo que este centro iba a ocupar seis aulas que saldrían de las obras que se están realizando en la famosa Nevera, cuyo techo cedió durante Filomena.

Sin embargo, ahora el plan de la Consejería de Educación es "una "rehabilitación integral de los accesos" al salón de actos y de la entrada al edificio, además de adecuar el interior de la planta primera para generar ocho nuevas aulas y una nueva clase de música. 

Eso sí, el consejero asegura que estos espacios serán "para todos los alumnos" cuando el plan de la Escuela Europea Acreditada ya establece que necesita un espacio mínimo inicial de seis clases para arrancar.

Estas explicaciones, que dio el consejero de Educación en la Asamblea de Madrid, no especifican cómo pueden salir ocho aulas nuevas de la remodelación del espacio que ya está ocupado por otros servicios ni cuándo se van a realizar las obras ni si van a estar a tiempo para que el inicio del curso de todo el colegio se produzca sin molestias.

Matrícula abierta y prioridades

Otra de las cuestiones que sigue sin desvelarse es el baremo concreto que se aplicará a la nueva Escuela Europea Acredicata y que indicará qué alumnos pueden entrar y cuáles no. El consejero de Educación no ha despejado esa duda, pero sí ha insistido en que el proceso de admisión de alumnos está ya en marcha, aunque no está publicitado en ningún punto del centro, y que por ahora "no va a excluir a ningún alumno" que quiera matricularse.

Eso sí, se ha establecido un "sistema de prioridades" que no se ciñe únicamente a los hijos de los trabajadores de la Unión Europea sino que se abre también a instituciones y organizaciones comunitarias, hijos de funcionarios nacionales destinados en representaciones diplomáticas en la OTAN y los consulados de los estados miembros, o hijos de miembros del servicio diplomático que regresen a España, así como alumnos cuyos padres sean extranjeros y se dediquen a la diplomacia.

Con este "orden de prioridad" se cumple uno de los miedos de los padres del Ramiro que han venido protestando desde que se conoció el proyecto y es que esta escuela se convierta en una segregación elitista donde sólo puedan entrar algunos alumnos dentro de un espacio educativo público.

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Protestas

Otro de los aspectos evidentes que ha protagonizado las protestas es el problema del espacio puesto que los padres no quieren que sus hijos acaben como "sardinas en latas" en un centro que ya de por sí presenta muchas carencias físicas e incluso una saturación al límite de lo que determina la ley.

El propio edificio del Ramiro de Maeztu amaneció al día siguiente de conocerse el proyecto lleno de pintadas con mensajes como "el Ramiro no se vende", "privatización no" y "ramireño es hora de luchar", que mostraban el descontento de los progenitores cuando conocieron la noticia a través del Consejo Escolar, sin más datos ni reuniones informativas.

Viciana prometió en la Asamblea de Madrid reunirse con los padres del Ramiro lo antes posible, un 6 de junio, y ese encuentro para dar explicaciones debería ser antes de que acabara el curso, el próximo 21 de junio, por lo que la esperada cita de los padres, que están ansiosos de información, debería estar al caer.

La Escuela Europea Acreditada se va a implantar tanto en el CEIP (Primaria) como en el IES (Secundaria). Habrá dos líneas: una en inglés y otra en español. A partir del curso 2025/2026, esta escuela llegará también a Educación Infantil.

Los partidos políticos de la oposición (Más Madrid y PSOE) han rechazado la puesta en marcha de este colegio público y el PSOE de Madrid ha anunciado que presentará un recurso ante el contencioso-administrativo solicitando "medidas cautelarísimas" al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).