El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Móstoles ha propuesto juzgar a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a ocho exediles, a un funcionario público y a un empresario por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados por los trámites de procedimiento abreviado por un delito prevaricación del artículo 404.

Este trámite procesal previo a la apertura de juicio oral, que da lugar a la fase intermedia del procedimiento, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara a la instructora procesar a la exalcaldesa socialista y a siete ediles de la Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa.

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En la resolución, la magistrada subraya en primer lugar que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2020".

Perdonar tributos

Según la querella presentada por Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos—, la Junta Municipal presidida por Noelia Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.

Ortega y García responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".

A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

Cese del interventor

Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.

Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal". Ahora, el TdC abre juicio contable por esta causa.

El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado este presunto caso de corrupción. No obstante, la Justicia anuló su destitución.

En su declaración ante la juez instructora, la alcaldesa Noelia Posse, candidata a revalidar el cargo en las próximas municipales, tachó dicha querella presentada por Más Madrid de "política" y ciñó su actuación a un intento de que el consistorio, al menos, pudiera cobrar parte de la cantidad adeudada y "salvara los puestos de trabajo".