En menos de 48 horas, el Gobierno pasó de asegurar que ya “estaba la legislatura encauzada” y que, tras el acuerdo alcanzado con los independentistas para la llamada Ley de Amnistía, “el camino estaba despejado para llevar a la Cámara Baja los Presupuestos Generales de 2024” a confirmar públicamente que “el adelanto electoral en Cataluña no entraba en nuestros planes” y por eso “el Gobierno de España renuncia a la confección de unos nuevos presupuestos generales para el año en curso”.

Pongámonos en situación. El escenario político que propició los resultados electorales del pasado 23-J planteó un panorama de incertidumbre. La investidura de Pedro Sánchez, celebrada el 16 de noviembre tras el rechazo previo del Congreso a la candidatura de Núñez Feijóo, imposibilitaba lo dispuesto en el artículo 134.3 de la Constitución:

“El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.”

De esta manera, el Gobierno no pudo proceder conforme a lo dictado en la Carta Magna y los presupuestos previstos para 2023 quedaron prorrogados automáticamente, como señala el punto 4 del mismo precepto:

“Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.”

El escenario político que propició los resultados electorales del pasado 23-J planteó un panorama de incertidumbre

Así las cosas, España llevaba tres meses de este 2024 con las cuentas prorrogadas del año pasado, pero sin inmutarnos porque, pese a su excepcionalidad, y a consecuencia de la fragmentación parlamentaria, la prórroga presupuestaria ha ganado habitualidad en los últimos años.

¿Y ahora qué? Pues que, en el contexto actual, España experimenta la novena prórroga presupuestaria de su historia democrática y la principal consecuencia no solo es la vigencia de las anteriores cuentas elaboradas en 2022 para un contexto económico y social diferente como fue el de 2023, sino que la prórroga establece diversas limitaciones en las políticas de gasto e ingresos del Estado. O lo que es lo mismo, no todas las partidas contempladas en unos Presupuestos Generales son prorrogables.

La prórroga, que ahora sabemos que tendrá vigencia para el resto del presente año, no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. Es decir, aquellas partidas destinadas a proyectos concretos que se ejecutaron en 2023 (véase, por ejemplo, la construcción de una carretera), no son prorrogables. Lo mismo ocurre con las inversiones, en tanto gastos de capital, de modo que no se pueden acometer nuevos proyectos y el margen de maniobra sobre proyectos ya en marcha se reduce o es directamente nulo.

En consecuencia, la prórroga ofrece cierta continuidad al gasto corriente ya comprometido. Sin embargo, el Estado no podrá aprobar nuevos proyectos que supongan un incremento directo del gasto inicialmente previsto, salvo casos de emergencia. La fórmula con la que el Gobierno podrá modificar o ampliar partidas ya existentes, así como acomodar medidas de ingreso o gasto anunciadas o previstas, deberá hacerse mediante la figura del Real Decreto-ley, que como sabemos está contemplado para casos de urgencia y necesidad y debe ser convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados.

Por tanto, el instrumento del Real Decreto-ley será la baza que permita maniobrar al Gobierno en términos presupuestarios, amparándose en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Esta figura, muy frecuente en nuestro ordenamiento parlamentario en las últimas legislaturas, ofrecerá margen al Ejecutivo para legislar sobre temas tan diversos como salarios públicos y pensiones, o como las llamadas medidas anticrisis (los reales decretos-ley que se aprobaron a principio de año son una muestra fehaciente de ello).

España experimenta la novena prórroga presupuestaria de su historia democrática

Pero ¿qué pasará con los impuestos, las entregas a cuenta y los fondos europeos? En el ámbito tributario, el Gobierno podrá modificar impuestos vigentes en una Ley; sin embargo, para la creación de nuevos tributos necesitaría aprobarlos con un Proyecto de Ley específico. Para las entregas a cuenta, el Gobierno mantiene la potestad para transferir a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los recursos que establece el sistema de financiación para que estas administraciones puedan elaborar sus propios presupuestos con independencia de la situación de prórroga presupuestaria del Estado. En cuanto a los fondos europeos, los proyectos financiados no quedan afectados y su ejecución se mantiene.

En definitiva, y a modo de conclusión, la prórroga de los antiguos Presupuestos tiene implicaciones en distintos órdenes, a saber:

1. Posible falta de fondos para ciertos programas y servicios: muchos de los proyectos que el Gobierno se habría planteado desarrollar para el año en curso quedarían paralizados. Esto tendría repercusión en la conformación del futuro Plan Anual Normativo, aún desconocido.

2. Aumento de la incertidumbre económica: la falta de nuevos Presupuestos tiende a acarrear consecuencias para los mercados financieros. La falta de capacidad del Ejecutivo para aprobar unos Presupuestos puede generar cautela en emprendedores e inversores, que observarían con recelo la política fiscal del Gobierno.

3. Inestabilidad política: los Presupuestos son la iniciativa gubernamental que marca los propósitos y compromisos de un Gobierno para un año. La imposibilidad de aprobar unos nuevos, en vista de la diversidad de posiciones en el Poder Legislativo, pueden marcar y determinar el rumbo de una legislatura de por sí compleja.

**María Muñoz es directora de Asuntos Públicos en Kreab.