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La tribuna

Grifols: de la desinformación a la asunción de responsabilidades

Más allá del caso, conviene extraer lecciones en relación al gobierno de nuestras corporaciones.

16 enero, 2024 02:53

El pasado martes, tras un informe del fondo Gotham City Research -la firma que destapó el fraude de Gowex hace diez años-, la farmacéutica Grifols se desplomó en Bolsa más de un 40% de su valor bursátil. Gotham acusa a Grifols de ocultar una parte de su deuda, al haber consolidado completamente las compañías BPC Plasma y Haema en sus estados financieros desde 2018, pese a no disponer de participaciones en ningunas de ellas, porque en ese mismo año las vendió a Scranton Enterprises BV (vehículo inversor de la familia Grifols con sede en los Países Bajos, que tiene el 8,4% de la farmacéutica) por 490 millones de euros.

De esta manera, Grifols estaría reduciendo artificialmente su ratio de deuda sobre beneficios bruros hasta cerca de la mitad de su valor real. Con estas estimaciones, la deuda real se elevaría a más menos de 9.400 millones, algo inasumible para la compañía, de modo que las acciones tendrían un valor nulo, según Gotham.

De confirmarse, estaríamos una vez más ante fallo grave de los mecanismos de gobierno de una de las principales empresas del país. De momento, la CNMV insiste en que en este caso no existen asimetrías de información porque el informe de Gotham llegó simultáneamente a todos los posibles compradores y vendedores de valores, y por ello decidió no suspender su negociación en Bolsa. Sin embargo, los inversores desconocen la veracidad de la información, lo que genera desprotección y desconfianza.

La cuestión no es nueva: existen numerosas incógnitas y fallos sistémicos en la supervisión y el control de la veracidad de la información económico-financiera de las empresas. No en vano, según el World Economic Forum, la información errónea y la desinformación (“misinformation and disinformation”) constituyen el principal riesgo global a corto plazo. Desgraciadamente, hemos asistido antes a episodios de fraude contable, entre otros el caso de Viajes Masans, con consecuencias devastadoras para inversores, acreedores, clientes, y especialmente, para los trabajadores que finalmente perdieron su empleo.

En el caso de Grifols, sabemos que ha desarrollado una estrategia de rápido crecimiento a través de adquisiciones - de la estadounidense Talecris Biotherapeutics en 2010 y de la empresa de plasma alemana Biotest en 2021-, que han contribuido a aumentar la espiral de deuda. También sabemos que la compañía ha iniciado un plan de recortes de costes y de ventas de activos, como el 20% de las acciones de la empresa china de plasma Shanghai RaaS, obteniendo 1.600 millones de euros.

También sabemos que la compañía ha iniciado un plan de recortes de costes y de ventas de activos, como el 20% de las acciones de la empresa china de plasma Shanghai RaaS

Pero, desconocemos el estado real de su pasivo, las relaciones con el holding financiero Scranton y también cuáles son sus planes de refinanciación, ya que el próximo año vencen dos emisiones de bonos, un préstamo del BEI y una línea bancaria renovable por un importe total de 3.000 millones de euros.

Por ello, existe disparidad de opiniones entre los diferentes gestores de inversiones y agencias de rating. Algunos siguen confiando en la farmacéutica y no ven problemas de liquidez a corto plazo porque parte de las líneas de crédito que llegan a su final no han sido utilizadas en su totalidad y porque la empresa cuenta con los ingresos procedentes de ventas de activos. Además, siguen valorando las oportunidades que confiere la posición de Grifols como parte de un oligopolio global, con barreras de entrada para competidores. Sin embargo, otros inversores ven insostenible la estrategia de aumento de deuda para financiar compras y tienen dudas sobre si la empresa tiene capacidad para generar suficiente caja para repagar con holgura sus deudas.

Ante estas informaciones contradictorias, en primer lugar, la CNMV tiene la responsabilidad de velar y controlar la veracidad de la información económico-financiera de las compañías que cotizan en los mercados de valores. En este sentido, las cuentas de Grifols están sujetas a auditorías anuales por una de las cuatro grandes firmas de auditoría como es KPMG, que ha emitido sistemáticamente informes sin salvedades. Algo llamativo en el contexto actual.

En segundo término, podría existir un conflicto de intereses en el fondo Gotham, al ser a la vez firma de análisis y operador en corto. De hecho, tras el informe de fondo bajista acusando a Grifols y Scranton de manipular su situación financiera, la CNMV ha dado a conocer que el fondo General Industrial Partners, creado por Gotham, abrió el pasado lunes (un día antes de la publicación del informe de Gotham que provocó el crack bursátil) una posición bajista, es decir, que se revaloriza con la caída de la acción, valorada en unos 34 millones de euros.

De este modo, de haber ejecutado la transacción durante las primeras horas de la jornada de pasado martes, cuando Grifols bajaba un 40%, Gotham podría haber obtenido una ganancia de unos 20 millones de euros.

Por último, además de los evidentes problemas de información, podríamos estar ante un caso más de mal gobierno empresarial. Un negocio, a priori fabuloso por ser oligopolístico, con una mala gestión por parte de sus directivos y consejeros, que toman decisiones arriesgadas, en este caso aumentando la deuda de la empresa de manera excesiva, puede conducir a la quiebra. Con el agravante de posible fraude contable, notable falta de transparencia y conflicto de intereses de los consejeros que participan en Scranton.

Una vez más, cabe preguntarnos quién vela por la sostenibilidad de la empresa, quién defiende los intereses de los minoristas, que han visto cómo se desvanecían sus ahorros, de los cerca de 24.000 empleados y del resto de stakeholders -en este caso, también los pacientes, donantes y la sociedad en general-. Urge una reforma empresarial que abunde en mayores transparencia y responsabilidad corporativa, profesionalización de la gestión y democratización de las empresas, limitando el riesgo de conductas oportunistas de directivos y consejeros. Se trata de una reforma clave para la sostenibilidad de la economía de mercado y su alineamiento con el interés general.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.

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