En España ya se ha normalizado la narrativa de que se puede llevar a cabo un asalto fiscal injusto y confiscatorio a alguien si la propaganda considera que son pocos o que no importa.

Al Gobierno no le gusta que las comunidades autónomas bonifiquen un impuesto cedido… Y crea otro gravamen sobre la misma base imponible porque le da la gana. Tan contentos. Y no pasa nada. Y además tienen la desvergüenza de llamarlo “impuesto a las grandes fortunas” cuando hay centenares de agricultores y ganaderos que van a ser arruinados porque su explotación está valorada por el catastro en tres millones de euros, aunque sus ingresos no lleguen a 30.000 euros.

El Gobierno decidió gravar los supuestos beneficios “extraordinarios” de las energéticas y bancos y, cuando se dio cuenta de que no había beneficios caídos del cielo, introdujo un impuesto sobre los ingresos, no sobre los beneficios. Y no pasa nada. Como si el resto de los sectores no se ahuyentase ante la evidencia de aleatoriedad e injusticia.

Un impuesto como estos mencionados es injusto e inmoral, aunque alguien pueda pagarlos.

Un impuesto como estos mencionados es injusto e inmoral

En este mismo acuerdo, los partidos del Gobierno en funciones sellan una nueva subida brutal de impuestos que incluye otra aberración jurídica. 

Poner un tipo mínimo sobre resultado contable en vez de la base imponible es una salvajada que va contra todos los principios fiscales, es confiscatorio, supone doble imposición a las empresas con actividad en el extranjero y un enorme incentivo a que se vayan de España. El aviso de Repsol sobre la posibilidad de deslocalización ha sido recibido con un “no se atreverán” por parte del Gobierno. Puede ser, pero muchas otras ya lo hacen.

En septiembre, en España hay 50.000 empresas cotizando menos que en 2019 y la inversión extranjera ha caído un 26% y sigue más de un 40% por debajo del nivel de 2018.

Todo el acuerdo es intervenir, prohibir, subir impuestos y encarecer la contratación.

Por supuesto, vuelven a hablar de subir el salario mínimo interprofesional, que es un truco para subir las bases mínimas de cotización y aumentar los impuestos al trabajo a todos los contratados.

Todo el acuerdo es intervenir, prohibir, subir impuestos y encarecer la contratación

El Gobierno se vanagloria de récord de empleo cuando las horas trabajadas por ocupado, según la EPA, están por debajo de los niveles de 2019 y 2008. Y encima considerando ocupados a todos los demandantes de empleo que tienen un contrato estacional. 

El número de parados sube este trimestre en 92.700 personas (3,36%) y se sitúa en 2.855.200, pero eso no incluye a todos los que están registrados en el SEPE, que superan los 3,3 millones. La tasa de paro oficial se sitúa en el 11,84%, lo que supone 24 centésimas más que en el trimestre anterior y vuelve a demostrar que Grecia nos ha adelantado en reducción de paro y quedamos como el peor país en ese registro de toda Europa. Pero es que la tasa de actividad se sitúa en el 59,41% cuando era el 60,2% en el tercer trimestre de 2008, según el INE. No hay récord de empleo.

Eso sí, lo que ha copado los titulares es el compromiso de reducir la jornada laboral que no es otra cosa que aumentar los costes laborales a los millones de microempresas y autónomos y pasar más carga a los empleadores. La productividad en España ya es un desastre y lo único que hace el socialismo es perpetuar la rigidez laboral y desincentivar el crecimiento empresarial.

Es normal que España se queda atrás con respecto a sus comparables en renta per cápita, paro y poder adquisitivo, y los datos no mejoran a pesar de la propaganda. Las últimas previsiones de la AIReF muestran una contracción del PIB, y el FMI y la OCDE certifican que España seguirá con la mayor tasa de paro de todo Occidente en 2024, además de un endeudamiento muy elevado que supera los dos billones de euros cuando tomamos los pasivos totales de las administraciones públicas.

El propio Gobierno estima una brutal expansión del gasto y un nuevo aumento de impuestos y, en sus propias estimaciones, seguirá aumentando la deuda en 45.000 millones de euros. El Gobierno ha triplicado la deuda de la Seguridad Social y continúa disfrazando enormes desequilibrios con ideología, en lo que cada vez se parece más a un capítulo de la Rebelión de Atlas. Intervenir y frenar disfrazando todo con propaganda.

Todo el acuerdo de gobierno se resume en odio a la empresa, expolio al que produce y aumento sin control del gasto clientelar. Desde la amnistía, que convenientemente han obviado en su acuerdo, a las subidas de impuestos aleatorias, extractivas y confiscatorias o el control político de la actividad empresarial y el aumento del exceso de burocracia, todo es un grave problema de aumento de la inseguridad jurídica.