Poco a poco el aumento de los precios generales está controlándose, pero la inflación subyacente se muestra sistemáticamente superior a las previsiones. Inicialmente, los factores que mayormente han incidido en el aumento de los precios fueron esencialmente exógenos: el encarecimiento de la energía y de determinadas materias primas por los cuellos de botella tras la parálisis de las cadenas de suministro producidas por la pandemia. El estallido de la invasión de Ucrania por Putin agravó el brote inflacionario, sobre todo en relación a –la electricidad, el gas y el petróleo, -trasladándose al resto de precios.

Todos estos factores han ido controlándose y los precios de las materias primas y de la energía ya no son los causantes de la inflación. Sin embargo, las presiones sobre los precios han continuado, principalmente en los artículos de la cesta de la compra y en determinados servicios, provocando una inflación subyacente en mayo de 2023 aún del 6,1% en España y del 6,9% en la zona euro.

¿A qué se debe esa resiliencia de la inflación subyacente? Desde luego no a los salarios, con un crecimiento inferior al 3% en 2022, muy por debajo del IPC. Por tanto, los trabajadores han perdido poder adquisitivo, cuentan con menor renta disponible, al subir más la cesta de la compra y las hipotecas que las remuneraciones.

El problema radica en la elevación de los márgenes empresariales. Así lo ratifican organismos como el Banco Central Europea, la Comisión Europea, el Banco de España, el Consejo Económico y Social y más recientemente la OCDE. Todos confluyen en que los beneficios empresariales, y no los costes laborales, se han convertido en el principal impulsor del deflactor del PIB.

Según la OCDE, España es uno de los países donde más han crecido los beneficios empresariales (gráficos). Por otra parte, la contribución de los costes laborales unitarios ha aumentado recientemente en la zona del euro (principalmente en Francia, Alemania e Italia), mientras que en España su contribución ha sido negativa o en todo caso inferior al 2%.

Gráficos: Contribución a la inflación de los beneficios unitarios y de los costes laborales unitarios, en España y en la zona Euro (2019-2022)

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

De mantenerse la tendencia creciente de la contribución de los márgenes empresariales en la inflación, la política monetaria tendrá que endurecerse aún más y quizás mantenerse restrictiva durante más tiempo, con implicaciones negativas para el crecimiento y el empleo y mayores riesgos para la estabilidad financiera.

Todo apunta a que la inflación de los márgenes no se produce en las pequeñas y medianas empresas, sino en las grandes, que ejercen su poder de mercado, pudiéndose hablar de “inflación de la codicia”. Pueden ejercer su capacidad de fijación de precios para aumentar los beneficios.

El aumento de los márgenes tampoco es similar en todos los sectores de actividad. Los sectores que funcionan como oligopolios, ante la falta de competencia efectiva, son los que han aumentado más sus beneficios empresariales. Destacan los de la energía, como son la electricidad, el gas o el refino del petróleo. En menor medida, el sector de la alimentación ha contribuido al aumento de la inflación, tanto por la cantidad de elementos que hay en la cadena alimentaria como por el poder que ejercen las grandes empresas de distribución, cuya cuota de mercado supera el 40%, en determinar precios finales.

Los ciudadanos acaban pagando estos problemas de competencia en determinados sectores con poder de oligopolio, y los posibles acuerdos implícitos entre grandes empresas. La menor competencia está contribuyendo a la inflación. Por ello se hace necesario mejorar y reforzar la regulación de la política de competencia, con controles y sanciones por prácticas colusorias más efectivos.

Asimismo, la “inflación oligopolística” se frena con más transparencia. Los consumidores deben disponer de un observatorio de precios que facilite la comparación, y a la vez, será muy útil el futuro observatorio de los márgenes empresariales, por sectores, para hacer un seguimiento de su evolución, unificando los datos del Banco de España, de la Agencia Tributaria y de los Registros Mercantiles.

Pero, sobre todo, el afán por incrementar los márgenes de algunas grandes empresas se frena democratizando su funcionamiento. Un modelo de gobierno empresarial stakeholder, con un reparto de las ganancias equitativo entre los agentes con interés en la empresa en función de lo que se aporta y de los riesgos que se asumen, evitaría inclinar la balanza hacia el lado de los más fuertes. Entre tanto, la política fiscal puede facilitar una mejor redistribución, como también lo hace el reciente acuerdo salarial que permite un reparto más justo y equilibrado de las ganancias y, a la vez, un intento de controlar la espiral de la inflación. En definitiva, un proceso inflacionario liderado por los márgenes de los sectores oligopolísticos sería perjudicial desde el punto de vista social como para la economía.