Pero lo que una vicepresidenta económica no puede hacer es mantener la falta de transparencia y de rigor en la información que presenta en la Comisión Mixta de la UE cada trimestre.

Si los datos de ejecución real, lo que de verdad está llegando al tejido empresarial, contribuyera a alimentar un relato sobre el éxito del Gobierno en la gestión de los fondos europeos, no tengan ninguna duda que los conoceríamos al detalle y no permaneceríamos sin información desde que la Intervención General de la Administración del Estado dejó de publicar en agosto de 2021 la cifra de fondos que había llegado a la economía real, a pesar de que ha seguido cuantificándola mes tras mes.

La propaganda del Gobierno tiene que agarrarse a las fases iniciales de la contabilidad pública, los créditos autorizados y el gasto comprometido a fin de abrumar, primero a sus altavoces mediáticos y, después, al conjunto de la sociedad con porcentajes mareantes de gastos autorizados o recurriendo a un concepto indefinido, discutible y falto de rigor como el de fondos movilizados.

Todo lo que no sea desglosar los pagos realizados y de éstos, los que tras su paso intermedio por comunidades autónomas u organismos públicos han llegado a la economía, es distorsionar la valoración que se pueda realizar sobre la eficacia y eficiencia del Gobierno en la ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia.

El impacto de estos fondos en el crecimiento de nuestro país fue nulo en 2021 y entre el 0,6% y el 0,8% del PIB en 2022.

Sabemos que, en 2021, apenas llegaron a la economía real. Y que cuando se haga público el cierre de 2022 en unos días, los pagos realizados con cargo a los presupuestos del año pasado se quedarán con suerte en un mísero 50%. El impacto de estos fondos en el crecimiento de nuestro país fue nulo en 2021 y entre el 0,6% y el 0,8% del PIB en 2022.

Además, la deformación de la realidad y del contexto económico que vivimos por parte del Gobierno, le lleva a distanciarse de las previsiones que tanto Banco de España como AIReF hacen del impacto medio anual que tendrán los fondos sobre el PIB español.

Mientras el Banco de España espera que se encuentre entre 1,15 y 1,75 puntos y el promedio que calcula la AIReF está en el 1,1%, el Gobierno mantiene en su imaginario que los fondos alcancen un impacto medio del 2,6% del PIB para el periodo 2021-2031, cifra que eleva a un promedio del 3% con la ampliación de las ayudas y los créditos de la Adenda al Plan.

El papel y los españoles lo soportan todo, y con tal de que esto salga bien, la Comisión Europea transige de manera irresponsable. Cuando llegue la evaluación ex post, se verifiquen muchos de los gastos que se están financiando con estos fondos y se compruebe el legado que nos dejan reformas como la del mercado laboral y la del sistema de pensiones sobre la competitividad, el empleo y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, entonces nos preguntaremos ¿cómo hemos llegado a esto?

El Gobierno mantiene en su imaginario que los fondos alcancen un impacto medio del 2,6% del PIB para el periodo 2021-2031.

Si acudimos a los datos de Calviño, encontramos que el Gobierno presume de que los fondos europeos ya han llegado a 200.000 empresas. Lo que olvidamos cuando nos ofrecen esta cantidad es que, según el informe del Ministerio de Industria sobre las cifras de la pyme en España, en febrero de 2023 teníamos 2.917.688 pequeñas y medianas empresas. No supone ni el 7% de las pymes españolas. Ahora ya empezamos a ponernos en perspectiva.

Pero casi tan importante como eso, es olvidar que sólo el kit digital, esa suerte de plan E versión 2.0 que concentra las solicitudes principalmente para crear o rehacer páginas web y gestionar redes sociales, ya cuenta con 183.000 beneficiarios. No sólo es la cantidad de empresas que han recibido la aprobación de fondos europeos, sino también la calidad, en qué se concentran los proyectos que se están financiando.

Si analizamos de manera mínimamente objetiva la selección, diseño y ejecución de los PERTE nos invadirá una sensación de absoluta decepción, porque ésa y no otra es la apreciación que tienen unos sectores industriales abandonados por un ministerio incapaz de plantear una política industrial seria (o de cualquier tipo) para este país e incapaz para defender los intereses de la industria española ante los apriorismos ideológicos de este gobierno en materia laboral, tributaria y sobre todo energética.

Después de dos años y tres meses ejecutando fondos europeos, de los doce PERTE aprobados y sus más de 35.000 millones de euros de inversión pública, apenas se han movilizado un 15% de los fondos, unos 5.400 millones de euros. Si nos ceñimos exclusivamente a convocatorias completamente resueltas y ya cerradas, la cifra se reduce aún más.

Si analizamos de manera mínimamente objetiva la selección, diseño y ejecución de los PERTE nos invadirá una sensación de absoluta decepción.

En los Presupuestos Generales de 2023, se incluyen préstamos de esa Adenda que el Gobierno iba a enviar en enero, después en febrero y veremos si se envía antes de que acabe este mes.

Una vez aprobada, elevarán el porcentaje de ejecución al incluir algunos fondos que ya nos hemos gastado y que prácticamente refinanciamos como los 4.000 millones en ayudas a la solvencia de empresas estratégicas a través de la SEPI; o los 1.000 millones del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid gestionado por Cofides.

Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contemplados en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 ascienden a más de 81.000 millones de euros. Si algo ha quedado patente es que el Gobierno no ha proporcionado un sistema de información pública accesible y transparente, ni tenemos completamente desplegadas las herramientas de auditoría y control, ni nadie que se haya aproximado hasta ahora al análisis de la ejecución de los fondos ha podido encontrar respuesta a la pregunta sobre cuántos fondos han llegado a la economía real más allá de estudios y proyecciones propias.

Ni la transparencia se resuelve con un power point, ni la cogobernanza haciéndose fotos con los presidentes autonómicos, ni se elevará nuestro potencial de crecimiento con inversiones poco transformadoras, ni se modernizará con éxito nuestro tejido industrial con proyectos mal diseñados, ni se generará confianza en el país si se hurtan los aspectos cuantitativos y cualitativos que permitan una verdadera evaluación de las políticas públicas y del impacto de los fondos europeos en nuestra economía.

*** Santiago Sánchez López es economista.